En Oaxaca como en el resto de México, son las clases más desposeídas y las más agredidas por el sistema político y económico que nos gobierna las que mantienen a flote la economía y permiten que la sociedad siga funcionando.

Son los campesinos e indígenas que han tenido que abandonar o vender sus tierras buscando mejores oportunidades laborales en Estados Unidos quienes aportan la mayor entrada de divisas a la entidad, por encima de la industria turística, a la cual el gobierno federal y estatal apoyan sin cortapisas en detrimento de las comunidades agrarias. Cuando millones de hombres y mujeres abandonan su familia, su cultura, sus pueblos y sus tierras para buscar mejores condiciones de trabajo, es porque están desesperados, es porque viven dentro de un sistema diseñado para desplazarlos de su bienestar mínimo y despojarlos de sus pocas pertenencias.

A pesar de ser los expatriados rurales quienes más invierten en México vía las remesas, muy por encima de los hombres de negocios, México es un país con millones de campesinos desplazados, muchos más que los ciudadanos que huyeron de Líbano durante la reciente guerra.

Los desplazados mexicanos migran hacia una realidad que tampoco los acepta, que los vuelve ilegales pese a que su mano de obra es un importante sostén de la economía estadunidense, y ahora los recibe con batallones militares para perseguirlos en la frontera. Esto representa una agresión sistemática sobre el campesinado mexicano, una guerra sostenida contra ese sector por los gobiernos de México y Estados Unidos, y por los tres poderes de nuestro país, ya que el poder legislativo se ha dedicado a aprobar leyes para desmantelar su actividad agraria y desprotegerlos frente al acaparamiento de la tierra. El poder ejecutivo se ha empeñado en impulsar acuerdos comerciales a todas luces desventajosos para los productores locales y ha desistido de su obligación de defenderlos ante las políticas y leyes discriminatorias que les aplican en Estados Unidos de Norteamérica. El poder judicial ha rechazado sistemáticamente la posibilidad de defender al sector campesino/indígena frente a esta embestida.

En este contexto, una región eminentemente agraria como Oaxaca, entra al conflicto actual en un clima de desesperación social y estalla montada sobre el movimiento magisterial, pero lo trasciende por mucho.

El México que se va configurando tras el fraude electoral impuesto, tiene en Oaxaca un espejo que debería ser atendido. Ulises Ruiz entró a gobernar con la sospecha de un fraude a cuestas y gracias a que Gabino Cué, su oponente, no se atrevió a encabezar la justa demanda de limpieza en los comicios. Cué temió la fuerza represiva del oponente, quien le organizó una orden de aprensión apenas tomó posesión. Cué temió también la fuerza organizativa del pueblo que podía impugnar sus posturas políticas, más bien conservadoras y represoras, pues fue parte del gobierno de Diódoro Carrasco --que implementó una guerra sucia contra las comunidades Loxichas.

Gabino Cué fue postulado por una de esas alianzas "transgénicas" de la supuesta democracia mexicana: lo postulaban juntos PRD, PAN y Convergencia. Hoy el PAN está aliado con el PRI para sostener a un gobernador que es rechazado por la mayor parte de la ciudadanía de Oaxaca. Para apaciguar al pueblo que no lo había elegido en las urnas, Ulises Ruiz se dedicó desde el primero de diciembre de 2004 a reprimir movimientos indígenas, campesinos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación críticos a su persona y proceder.

El diario Noticias, fue utilizado como emblema de la transición represora del gobierno de Murat al gobierno de Ruiz: así, la madrugada previa a la toma de posesión de Ruiz, elementos de la croc y otros sectores del pri tomaron sus bodegas, culminando su ataque precisamente el Lunes de Guelaguetza de 2005, con el secuestro de todas las instalaciones del diario y de un grupo de periodistas que permanecían atrincherados por más de dos semanas debido a un intento previo de tomar las instalaciones del periódico. Durante el asalto al diario, Ulises Ruiz tenía como invitada a Martha Sagahún en la fiesta turística, así que Ulises usó el evento festivo para intentar infructuosamente tapar la agresión.

En el primer año de gobierno de este operador madracista, los asesinatos políticos y el encarcelamiento de opositores se multiplicaron, las amenazas han sido moneda corriente, defensores de derechos humanos sufrieron robos de equipos de cómputo en sus casas, amenazas e incluso fueron ultimados. (Yo mismo, siendo director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, sufrí amenazas por defender los árboles centenarios del zócalo y denunciar las multimillonarias transas de un proyecto de remodelación de la ciudad de Oaxaca que no era sino una caja chica de la campaña de Madrazo.)

El padre Wilfrido Mayren, quien fuera miembro de la primera comisión de intermediación entre el magisterio y el gobierno, ha denunciado el robo de obras artísticas, recursos económicos y hasta secuestro de curas en diversos templos cristianos. Los últimos datos reflejan el enrarecimiento de la vida social en la entidad y el ambiente de guerra sucia que se refleja en los secuestros, asesinatos y torturas infligidos a miembros del magisterio y la APPO, por parte de fuerzas paramilitares y policiacas.

La cancelación de las vías democráticas, de la certeza del sufragio y la libertad de expresión, mediante el cierre y toma de instalaciones periodísticas, la amenaza a periodistas y luchadores sociales, y el encarcelamiento o liquidación de opositores, generó lo que hace mucho no había sucedido en Oaxaca: que la ciudadanía, las organizaciones sociales y no gubernamentales, los ecologistas y colectivos independientes de artistas, se volcaran a embonar sus demandas en un movimiento magisterial que año con año lucha por mejoras a su salario y a las condiciones paupérrimas en que laboran: escuelas sin bibliotecas y aulas dignas, sobrecupo de alumnos y por ende trabajo desmedido y mala atención de los pupilos. Ese conglomerado social que representa a la mayoría del pueblo de Oaxaca es lo que se aglutina hoy bajo las siglas de la APPO. Así, el reclamo de rezonificación de los maestros viene aparejado con la necesidad de un mejor nivel salarial de la clase trabajadora oaxaqueña y condiciones de vida viables para la clase campesina, prácticamente desmantelada desde el salinismo hasta nuestros días, vía las reformas al artículo 27 de la Constitución y la implementación del Tratado de Libre Comercio. Esos dos elementos tuvieron el apoyo y asesoría incondicional de los intelectuales aglutinados alrededor de la revista Nexos, pilares hoy de la justificación del fraude electoral a nivel nacional. Por lo demás, la APPO también exige una reforma de las instituciones gubernamentales, mismas que han demostrado su falta de capacidad para operar la crisis y solucionar las causas de la misma, pues se han cerrado los canales democráticos de participación y expresión social. No es casualidad que uno de los elementos centrales de la fuerza de este movimiento haya sido la toma de medios de comunicación privados y públicos: la sociedad necesita espacios de información y expresión.

El turismo, segunda fuente de divisas del Estado de Oaxaca, ha convertido a la capital en una de las ciudades más caras de México, pero los salarios permanecen en los niveles más bajos. Quienes laboran en restaurantes, hoteles, bares, agencias de viajes y de autos, museos, galerías, balnearios y demás servicios turísticos, perciben salarios de miseria en comparación con los costos de vida y con las ganancias estratosféricas de los empresarios del ramo. Pongamos un ejemplo: una casa en el centro de Oaxaca se cotiza a cientos de miles de dólares mientras que el salario mínimo apenas alcanza los ciento cincuenta dólares mensuales. Desde hace tres sexenios, la bonanza de políticos y empresarios se refleja en el lujo de sus mansiones y en la circulación de autos como Mercedes, bmw, Jaguar y hasta un Rolls Royce que pertenece al mismo abogado fiscalista que según una nota firmada por Pedro Matías en Proceso se rumora que esconde en su casa a Ulises Ruiz. Este lujo contrasta groseramente con la multitud de indigentes que deambula por la ciudad o los campesinos desesperados que caminan vendiendo fruta o artesanías de puerta en puerta o entre las mesas de los negocios de comida y bebida.

Por si fuera poco, la militarización de la frontera con los Estados Unidos significa el cierre de la única válvula de escape para una sociedad eminentemente rural, empobrecida y reprimida sin piedad por tres gobernadores consecutivos. Esta sociedad, la diversidad indígena de Oaxaca, es la fuerza más numerosa de la APPO y revela también la ceguera de los tres poderes del Estado mexicano y de los partidos con respecto a la forma en que han legislado e impuesto políticas contrarias a la verdadera inclusión de los pueblos originarios en el proyecto de nación.

La negociación entre lo que queda del gobierno de Oaxaca y el magisterio?appo se ha tornado imposible por distintos factores, en primer lugar porque Ulises Ruiz y sus operadores, previamente al conflicto actual, utilizaron en al menos dos ocasiones una estrategia represiva inconcebible, que consistía en citar a grupos opositores a dialogar y apresar a los líderes sociales en plena mesa de negociación. Después, ya durante el conflicto, fueron personajes ligados a las comisiones de intermediación quienes dinamitaron la posibilidad de acción por parte de los mediadores. Baste recordar las declaración del escritor Leonardo Da Jandra, justo después de anunciar junto con Francisco Toledo a una interesante comisión de intermediación que incluía nombres como Pablo González Casanova, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz, Rodolfo Stavenghagen, Carlos Monsiváis y otros, pero que gracias al albazo priísta de Da Jandra, no pudo accionar ni un solo día. La postura del escritor era que la comisión debía abocarse a trabajar por una salida digna para el gobernador Ulises Ruiz, ya fuera un puesto en el gabinete de Calderón o una embajada, además de que se debía defender el hecho de que el gobierno interino fuera también encabezado por un priísta. Para Da Jandra, el señor Ulises Ruiz, por su méritos de represión y desgobierno, debía tener margen de operación a nivel federal o representar a México ante alguna nación del mundo. Me quedo sin palabras. Unos días después, el intento de Carlos Monsivaís por desacreditar esa posición exigiendo la destitución del gobernador, no pudo ya salvar a la mencionada comisión. En tanto, hoy 9 de septiembre que escribo estas líneas, se avizora que la secretaría de Gobernación juega con dos caras en el diálogo instalado con el movimiento popular oaxaqueño, ya que por un lado exige medidas de distensión al movimiento y por otro se militarizan las Sierras Sur y Norte de Oaxaca.

El espejo roto de Oaxaca nos enseña que la ruta del gobierno federal, en alianza con los grandes capitales del país e incluso ahora, pasadas las elecciones federales, con el PRI, puede llevar al país a una situación de caos político y radicalización social.

Los pasos de Fox se asemejan a los de Ulises Ruiz, operador político de Madrazo: recuérdese la cancelación del proyecto televisivo Canal Cuarenta y la coptación de sus periodistas vía Televisa, las demandas legales contra medios periodísticos (Proceso) y periodistas críticos, la imposición de la llamada Ley Televisa en contra de los pequeños medios y en sustitución de una reforma electoral (pues los supuestos resultados de las elecciones son manipulados y operados desde las televisoras y las grandes cadenas de radio); la represión bestial en Atenco y Oaxaca, la manipulación de las imágenes de la movilización más grande en la historia moderna del país --minimizada y tratada como un reclamo más de Andrés Manuel López Obrador. De igual manera se ha tratado de ocultar que la última marcha del magisterio en Oaxaca reunió más participantes que el número de habitantes que tiene la ciudad capital. Están también las embestidas contra sectores como el minero en aras de desmoronar el corporativismo priísta y hacer uno a la medida del PAN.

Hoy, el país sufre la mayor concentración de riqueza en manos de unos cuantos empresarios en toda su historia moderna y el mayor deterioro del nivel adquisitivo del salario de las clases medias y bajas. Por otro lado, aunque no se haya concretado la privatización del petróleo, la más grande privatización de este sexenio fue veladamente la del agua, avanzó abiertamente la de la tierra productiva y se legalizó la de las semillas, es decir, los tres núcleos de la vida y la producción agrícola. Todos estos factores, y muchos más, ponen a la nación mexicana frente a un dilema que los verdaderos dueños del poder, que son los del dinero, debieran tomar en cuenta antes de seguir con su intento perverso de imponer a un candidato que sólo les dará por resultado un levantamiento popular por fuera de las instituciones, los partidos y los caminos democráticos. Por su parte, el PRD (que ha sido cómplice de muchos de los proyectos de ley que nos sitúan en el contexto actual), tiene que convertirse otra vez en una organización, en un movimiento social, pues el verdadero poder económico y político de México le ha mandado una clara señal: la vía electoral para llegar a la presidencia en México está cerrada para cualquier izquierda, por acomodaticia que parezca, y ello cancela las aspiraciones de ese partido por acceder al poder real.