La recurrente violencia, los secuestros, las ejecuciones, no sólo los conflictos agrarios en las comunidades rurales, obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida y seguridad en las ciudades principales de Michoacán (Apatzingan, La Piedad, Morelia, Uruapan), en las zonas rurales e indígenas. Estos hechos violentos, invariablemente con despliegue de armas largas, son clara demostración de una severa ingobernabilidad.

Las estadísticas de ejecutados en lo que va del año, ya casi el doble del año pasado en el mismo periodo, a nivel estatal y nacional, las nuevas formas de "ajuste" y agresión en lugares remotos o a la vuelta de la esquina, son motivo de seria preocupación. Es muy alarmante el control que las bandas organizadas ejercen en zonas geográficas y sobre los cuerpos policiacos, y que el ritmo de captación de nuevos reclutas por la delincuencia organizada resulte ser mayor que los ejecutados. También aquí tenemos a nuestros niños y jóvenes de la guerra.

Los conflictos de Michoacán no se relacionan sólo con el narcotráfico o con múltiples asuntos agrarios pendientes. No son resultado de alguna intransigencia o falta de civilidad de las comunidades indígenas. Hay enfrentamientos entre grupos antagónicos de choferes en Morelia, protestas públicas y toma de edificios universitarios por los movimientos de jóvenes rechazados, protestas sindicales de maestros y otros trabajadores. El conflicto de la siderúrgica Lázaro Cárdenas?Las Truchas, que continúa tras el intento de desalojo de los obreros en huelga, con la pérdida de dos vidas humanas, sigue sin solución.

Las riquezas forestales de Michoacán no están amenazadas por hachas y machetes de campesinos y comuneros que derriban árboles, de uno en uno, para cubrir sus propias necesidades. La amenaza son las sierras eléctricas de bandas organizadas que sistemáticamente saquean el bosque con la complicidad de algunas autoridades municipales, estatales y federales. Operan equipadas con vehículos todo-terreno, teléfonos celulares y armas de alto poder.

En agosto un niño de Ahuiran fue asesinado a campo abierto frente a su padre y en marzo hubo enfrentamientos a balazos entre talamontes y miembros de los cuerpos policiacos. Esto nos obliga a considerar, de entrada, las acciones necesarias para que terminen los conflictos por las disputas de tierras comunales.
 

Debemos poner en correcta perspectiva la realidad de Michoacán: el lento y errático ritmo de su desarrollo (uno de los más bajos del país); la ubicuidad del fenómeno migrante --inicialmente rural, indígena y campesino, que ahora es también urbano e incluye a personas con estudios superiores.

La capacidad de "aguantar" del campo michoacano es extremadamente limitada si se examinan las condiciones de la agricultura tradicional, temporalera y de autoconsumo; las debilidades de los programas actuales de desarrollo rural; las cargas de trabajo y las responsabilidades extremas de las mujeres campesinas e indígenas. La capacidad del campo de sostener por sí mismo los requerimientos mínimos de subsistencia de los habitantes de miles de rancherías y comunidades indígenas fue rebasada décadas atrás.

La generación de empleo y riqueza no es suficiente. Hay una baja capitalización y una elevada fragmentación de las parcelas; la vivienda rural es inadecuada y extremadamente modesta; la intensidad migratoria, muy alta.

La entidad cayó en una trampa difícil y profunda. Son las escaramuzas políticas en las calles y las escuelas, los indígenas asesinados a mansalva en el monte, los ejecutados a plena luz en el núcleo comercial de la capital, los mensajes de advertencia transmitidos con cadáveres desmembrados.

Es muy probable que estas crisis separadas --"nunca graves, entre particulares, y todas bajo control", pero desgraciadamente cotidianas-- coincidan un día en una sola reacción en cadena, muestren abiertamente la cara de la represión, y amenacen la estabilidad de la entidad y el país.

La ingobernabilidad en Michoacán viene de la limitada comprensión del buen gobernar; rebasa las funciones administrativas que no son ejecutadas con transparencia, previsión, efectividad y probidad (en planes y programas de desarrollo, en la asignación de presupuestos y su ejecución). Es generalizado el reclamo de las comunidades indígenas por la ausencia de respuesta y solución.

La gobernabilidad implica tradiciones, instituciones y procesos que determinan la manera en que se ejerce el poder, la forma en que los ciudadanos pueden expresarse, y el modo en que las decisiones de interés público son tomadas y ejecutadas. Gobernabilidad no es un sinónimo de gobierno.
 

Uno de los principios clave de la buena gobernabilidad es la libre determinación, expresada en la autonomía; y ésta en la territorialidad político-administrativa. El principio básico de la administración pública es que lo local debe ser manejable por quienes ahí habitan.

En Michoacán se sigue fomentando la explotación sistemática e irracional de nuestros patrimonios territoriales, materiales y culturales, según un plan inadecuado y sin visión del desarrollo regional, fundado en la comercialización turística y privada, el despojo y la conversión forzada de tierras forestales para el monocultivo agrícola de exportación.

En todo el país, la estimación oficial es que más de doce millones de habitantes de comunidades rurales e indígenas viven en regiones forestales bajo condiciones de marginación, aun siendo propietarios de más del 60 por ciento de los bosques y selvas.

Mientras la prosperidad de cientos de comunidades rurales se ve restringida por razones históricas, territoriales, de dotación de recursos naturales, y por la dominación que ejercen las cabeceras municipales, el gobierno estatal afronta el tema de la "remunicipalización", más en la línea de un ente tributario, recaudador de rentas fiscales, que de entidad promotora del desarrollo.
 

Para evitar la violencia, las muertes y los encarcelamientos de jóvenes y gente inocente, hace falta un cambio radical del paradigma de actuación gubernamental y ciudadana, pasando de la omisión o la reacción tardía, a la prevención. Se deben tomar en cuenta, y sin menosprecio, las convivialidades inherentes y naturales de las poblaciones rurales e indígenas, sus elementos comunitarios de unidad, riesgo compartido y resolución colectiva de problemas. Nunca jamás las intervenciones policiacas y militares.

Respetar el concepto de municipio indígena autónomo es uno de los pendientes vitales para la gobernabilidad en Michoacán. Sigue pendiente el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades; la garantía de la tenencia, uso y usufructo comunal de los recursos naturales, la integración de nuestras poblaciones a las vertientes principales de la vida económica y social del país, en condiciones de respeto e igualdad.

Se debe dar paso al ejercicio de autonomías regionales y comunales plurales y diversas. Éstas son condición necesaria para crear estructuras institucionales representativas en nuestros territorios, que permitan el ejercicio de pluralismos político-administrativos para una verdadera gobernabilidad económica, social, ambiental, y no sólo la simbólica representación, ostentación protocolar de bastones de mando y procuración menor de justicia.

En la Meseta P'urhépecha, el Oriente, la Costa o la Cañada de los Once Pueblos, no nos queda sino seguir luchando para prevenir los conflictos sociales, movilizando "nuestros recursos naturales y materiales para producir bienestar en vez de miseria, y paz en vez de guerra", dijo Lázaro Cárdenas del Río.
 
 

Bertha Dimas Huacuz, purhépecha, es médica y comunera de Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Dirige el Centro de Estudios de Libre Discusión, AC
. Como analista social ha elaborado importantes contribuciones al estudio de los indígenas michoacanos
que pueden consultarse en www. servindi.org. Una versión mas amplia de este trabajo apareció
en La Jornada de Michoacán (21 y 22 de agosto).