Altos mandos castrenses proclaman el peligro a que quedarían expuestos los soldados
Inquieta a militares "reinterpretar" el derecho internacional como pide Bush
Debilitar las Convenciones de Ginebra, "innecesario y riesgoso": senadores republicanos
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Miembros de la agrupación Unidos por Paz y Justicia se manifestaron ayer en Nueva York, donde formaron una larga fila con los nombres de los soldados estadunidenses caídos en Irak. La protesta comenzó en la 5ª Avenida
Foto: Ap
Nueva York, 17 de septiembre. Cuando los abogados militares estadunidenses de más alto rango se proclaman contra las propuestas del comandante en jefe, cuando un ex general (y ex secretario de Estado) se opone a las políticas del presidente, cuando generales contradicen a su jefe sobre la guerra en Irak, cuando un ex militar con íntimos nexos con el alto mando militar estadunidense llama por la renuncia del secretario de Defensa, y cuando varios ex generales del más alto rango, entre ellos ex comandantes de las fuerzas estadunidenses en zonas de conflicto, se proclaman contra la dirección y manejo de la llamada "guerra contra el terror" ¿se podría concluir que ha iniciado una rebelión de generales y otros oficiales en Estados Unidos?
Bush estaba visiblemente furioso el viernes en una conferencia de prensa al responder a parte de esta rebelión, al rechazar la aprobación un día antes de un proyecto de ley promovido por influyentes senadores de su propio partido que obliga a Estados Unidos a cumplir con las Convenciones de Ginebra. Bush busca que el Congreso apruebe la anulación de garantías constitucionales y de derecho internacional de detenidos ante tribunales militares, algo que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos.
La Suprema Corte de Estados Unidos falló en junio que los detenidos en manos estadunidenses gozan de las protecciones de la Convención de Ginebra, y desde entonces el gobierno de Bush ha buscado una nueva interpretación legislativa de estas garantías sobre el trato a prisioneros de guerra, que asegure que los oficiales de inteligencia estadunidenses no sean vulnerables a acusaciones de crímenes de guerra.
El argumento de "ambigüedad"
Bush argumenta que se necesita "clarificar" y precisar cuáles son las prácticas prohibidas por la Convención de Ginebra en los métodos de interrogación y trato a estos detenidos, al señalar que la Convención es demasiado "ambigua". Sin embargo, tres senadores republicanos claves rechazaron el argumento y desafiaron a su propio presidente. Bush amenazó con cancelar el programa de interrogatorios, y dijo que el programa es necesario "para proteger a Estados Unidos".
Pero los tres senadores republicanos que desafiaron al presidente están íntimamente vinculados a la cúpula militar de este país. El senador John Warner es presidente del Comité de Servicios Armados y es un ex secretario de Marina; Lindsey Graham es un ex abogado militar y John McCain es un ex prisionero de guerra en Vietnam. "Debilitar las protecciones de Ginebra no sólo es innecesario, sino establecería un ejemplo a otros países con menos respeto a los derechos humanos básicos, de que ellos también podrían emitir sus propias 'reinterpretaciones' legislativas. Eso pondría en riesgo directo a nuestro personal militar y otros en esta y otras guerras", señaló McCain en un comunicado escrito, al resumir los argumentos de los que se oponen a la iniciativa presidencial.
Estos senadores no están solos y claramente representan una amplia opinión entre las filas militares. Aunque el Pentágono y la Casa Blanca difundieron una carta firmada por abogados militares que indicaba que "no se oponían" a los cambios propuestos por el gobierno de Bush en torno a la reinterpretación de las Convenciones de Ginebra, el Washington Post reportó que el viernes pasado Scott C. Black, el juez militar de mayor rango dentro del ejército, envió una carta al senador McCain en la que señaló que "una mayor redefinición" de las Convenciones de Ginebra "es innecesaria y podría ser percibida como un debilitamiento de nuestras obligaciones de tratado en lugar de un reforzamiento de las normas de tratamiento".
De hecho unos días antes, el 7 de septiembre, los abogados militares de mayor rango en el país rechazaron públicamente otra parte de la iniciativa de la Casa Blanca para procesar judicialmente a detenidos de la "guerra contra el terror" ante los tribunales militares, al afirmar que los acusados deben tener garantizado el derecho constitucional de acceso a las pruebas que se presentan en su contra. Bush y su equipo insisten que estas pruebas deben ser mantenidas en secreto durante los procesos ante tribunales militares. El general mayor Black señaló durante una audiencia en el Congreso: "creo que el acusado debería ver las pruebas" en su contra, al rechazar los argumentos del comandante en jefe y sus aliados en el Congreso.
Peor aún para Bush, su ex secretario de Estado y otro general, Colin Powell, envió una carta a McCain en la que proclama su oposición al intento de su ex jefe de redefinir las Convenciones de Ginebra. En la carta fechada 13 de septiembre, copia de la cual fue obtenida por La Jornada, el general Powell escribe que "yo no apoyo tal paso", y advierte que "el mundo está empezando a dudar de la base moral de nuestra lucha contra el terrorismo. Redefinir el Artículo Común 3 (de la convención) nutriría estas dudas. Además, pondría en riesgo a nuestras propias tropas". Powell también indica que uno de sus antecesores como jefe del Estado Mayor, el general Jack Vessey, también envió una misiva a McCain expresando su oposición.
El senador Lindsey Graham, un ex abogado y juez militar, también envió una carta a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en la que refuta sus argumentos en favor de modificar la interpretación de las Convenciones de Ginebra sobre juicios a prisioneros de guerra, en la que citó las cláusulas explícitas de la Convención sobre el proceso judicial y las garantías legales que se tienen que otorgar a los acusados. Graham rechaza en particular el argumento del gobierno de Bush para enjuiciar y condenar a un acusado con pruebas secretas a la que el acusado se le niega el acceso. Afirma que se opondría a tales juicios de manera absoluta, y agrega que "este procedimiento no sólo pondría en peligro a nuestro personal militar y civil que está luchando en la guerra contra el terror, sino seguramente no sobrevivirá el escrutinio judicial de nuestros propios tribunales".
Creciente coro de inconformidad
Todas estas expresiones públicas de desafío a Bush se agregan a un creciente coro de voces militares de alto nivel -tanto públicas como a través de filtraciones y por boca de aliados de los altos mandos activos y retirados- que cada vez más expresan su disidencia ante la versión oficial de la llamada "guerra contra el terror", y sobre todo por el manejo de la guerra en Irak.
De hecho, la semana pasada, el representante federal John Murtha, ex oficial marine y conocido por sus íntimos vínculos a los altos mandos uniformados, y quien inicialmente apoyó esta guerra, pidió la renuncia del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Durante las últimas semanas, por lo menos 7 generales y/o almirantes retirados ya han expresado su crítica a la manera en que se maneja la guerra en Irak.
Todo esto ocurre mientras las cosas empeoran en el terreno de la guerra, con los noticieros reportando que una vez más los militares estadunidenses intentarán restablecer el control de Bagdad, con altos oficiales -incluidos generales que son comandantes de esta guerra- contradiciendo la versión optimista del comandante en jefe de que no hay peligro inminente de una guerra civil, y con algunos que señalan que si no se establece un control de los territorios claves de Irak en las próximas semanas, la situación podría deteriorarse aún más, y tal vez de manera irreparable.
De hecho, ahora resulta que las pruebas recién citadas por Bush y su equipo de que la situación por lo menos en Bagdad estaba mejorando resultan no ser, pues, reales. La agencia AP dio cuenta el 11 de septiembre que los militares estadunidenses, al reportar un desplome dramático del número de homicidios en Bagdad durante el mes pasado, no contaron a gente muerta por bombas, morteros, cohetes y otros ataques masivos, incluidos atacantes suicidas. Sólo contar víctimas mortales de balaceras desde automóviles y aquellos ultimados por torturas y ejecuciones permitió a los oficiales estadunidenses declarar que las nuevas medidas de seguridad lograron reducir a la mitad la tasa de homicidios en la capital. La agencia logró confirmar el conteo parcial con el propio comando estadunidense, pero a pesar de que la nota reveló un intento de manipular la información oficial, los principales medios impresos y electrónicos estadunidenses no la resaltaron.
La realidad en esta guerra, como los intentos del gobierno de Bush de "reinterpretar" por primera vez en más de medio siglo las leyes fundamentales del derecho internacional, aparentemente están alarmando a los que más saben de guerra: los militares.
Por lo tanto, no pocos se preguntan si lo que se está manifestando es una rebelión de los generales contra su propio comandante en jefe.