Envía notificaciones cuando ya ni a partidos ni a coaliciones les interesa resolverlas
A toro pasado, el IFE se aboca a resolver 758 recursos de queja
El instituto eligió la cómoda ruta de diferir su resolución para evitar confrontaciones: Solís Acero
Recibe el organismo críticas por los plazos discrecionales que aplica para resolver inconformidades
Ha concluido el proceso electoral, pero el saldo de quejas interpartidistas es grande: 758 recursos que el Instituto Federal Electoral (IFE) no pudo o no quiso resolver durante los comicios. Ahora, cuando ni a partidos o coaliciones les interesa el destino de la mayor parte de esos reclamos, la Junta Ejecutiva no ha dejado de notificar a los presuntos infractores de las inconformidades que en su momento sus adversarios han interpuesto.
En ese contexto, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el organismo electoral, Felipe Solís Acero, asume que los propios institutos políticos, todos, tienen parte de la responsabilidad, porque presentan quejas sin fundamentos y con evidentes fines de afectar electoralmente al opositor. Sin embargo, en muchos otros casos es el IFE el que eligió la ruta más cómoda y apostó por diferir su resolución para evitar confrontarse y resolver cuando a los partidos ya no les interesa.
Inconformidad general
Ante la inconformidad de prácticamente todos los partidos políticos por la forma como ha ejercido o dejado de ejercer sus facultades el Instituto Federal Electoral, la Comisión de Reglamentos ha iniciado una consulta para reformar el tema relacionado con el desahogo de las quejas. Esa fue la promesa de los consejeros en una de las últimas sesiones del Consejo General, para mitigar las acusaciones de las entonces todavía coaliciones Por el Bien de Todos y Alianza por México, las que censuraron la manipulación de los tiempos que hacía el IFE para resolver.
De acuerdo con el informe presentado en ocasión del arranque de las discusiones para reformar el reglamento, las 758 quejas se agrupan de la siguiente forma: 270 referidas a propaganda electoral; 180 relacionadas con la falta de neutralidad de autoridades de distintos niveles de gobierno; 88 por propaganda en la que se incurrió en diatriba, calumnia, injuria; 77 son quejas por actos de campaña fuera de los plazos legales; 62 por coacción del voto a afiliación masiva de militantes, y 81 más por causas diversas.
El informe del IFE sobre las quejas las desglosa por entidad, resultando el estado de México donde se registraron más inconformidades, con 102. Otros estados con numerosas quejas son: Oaxaca, 51; Puebla, 49; Baja California, 47; Michoacán,41, y Chihuahua 40.
Algunas de estas quejas interpuestas datan inclusive de las precampañas de los partidos políticos, lo que supone más de un año de haber sido presentadas sin que la autoridad, en aras de la ''exhaustividad'', según ha argumentado en varias ocasiones, siga sin resolverlas.
En su momento, la Alianza por México (PRI-PVEM) cuestionó que apenas pasado el proceso electoral le fueron notificadas una gran cantidad de quejas día tras día. Era evidente, dice Solís Acero, que lo que pretendían era desahogar todas aquellas inconformidades que presentó la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) para desvirtuar lo que ésta había señalado en su recurso contra la elección presidencial, en los que acusaba de parcialidad al instituto. Eso lo dijo la coalición en su momento, señaló.
En descargo, el representante priísta ante el instituto señala que la presentación de quejas se ha incrementado sustancialmente en los últimos procesos electorales, en buena medida por la laxitud que existe en el reglamento para recibir las inconformidades. ''Basta con que yo acuse a otro partido de que me hizo algo, aunque sea sin pruebas, para que sea admitida, y eso favorece la presentación -en ocasiones irresponsable- de los recursos, con el solo fin de impactar en la preferencia electoral''.
La consecuencia es que ahora hay muchas quejas que ya no le interesa a nadie resolver; además, el problema es que bajo esta lógica inconformidades que realmente son importantes por el impacto que tienen o tuvieron en la campaña electoral, tienen el mismo destino que aquellas que carecen de sustento, agrega el priísta.
''Mientras el IFE opere bajo la lógica de que es un Ministerio Público, esto es, que yo presento una queja sin aportar mayores pruebas, y con eso basta para que la autoridad inicie el expediente, el número de estos recursos seguirá creciendo.''
Sin embargo, uno de los puntos medulares que los partidos han cuestionado son los plazos discrecionales que la autoridad se da para resolver dichas inconformidades. Por eso, entre las propuestas que el PRI presentó ante la comisión en su más reciente reunión de trabajo, destaca el poner fin a esa discrecionalidad con que actúa el instituto en el desahogo de las quejas.
La autoridad electoral juega con los plazos, pero eso va en detrimento de los propios partidos políticos, pues muchas de las denuncias no se atienden con la rapidez que se requeriría. La demanda es que existan plazos concretos a la autoridad para evitar la manipulación de los tiempos en la que con frecuencia incurre el IFE, advierte Solís Acero.
Uno de los fenómenos que surgió en el pasado proceso electoral, y que incidió en el rezago de quejas, fueron los nuevos procedimientos especiales que el IFE debió iniciar ante los recursos presentados por los partidos políticos contra los promocionales que fueron catalogados como propaganda negativa.
Esta innovación que ordenó instrumentar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para detener la intensa campaña negativa que privó durante las campañas, implicó que la dirección jurídica del instituto se abocara centralmente a estos procedimientos que prácticamente consumieron gran parte del tiempo del área jurídica, lo que impactó en el desahogo del resto de las quejas.
Autocrítica
Por lo pronto, las primeras propuestas han llegado ya a la Comisión de Reglamentos del instituto, entre ellas la de la consejera electoral Alejandra Latapí, para quien ''la facultad indagatoria y el impulso procesal que la autoridad electoral da a los procedimientos administrativos sancionadores resulta fundamental para determinar la responsabilidad de cierto partido, lo cual -a su vez-, resulta un elemento importante para disuadir o prevenir la realización de conductas contraventoras de la norma''.
Alejandra Latapí considera que ''aumentar las exigencias para la procedencia de las inconformidades, en lo relativo a la prueba, me parece que podría obstaculizar el cumplimiento de la obligación electoral de vigilar que los partidos se conduzcan con apego al código electoral y cumplan con las obligaciones a las que están sujetos''.
Finalmente, para Solís Acero esta preservación del carácter ''inquisitivo'' que subyace en la postura de algunos consejeros del IFE, sólo podría complicar en el futuro el desahogo de las quejas ante el crecimiento desmedido de las inconformidades partidistas.