El empresario denunció deficiente trato médico
Reabre la CDHDF expediente sobre queja de Carlos Ahumada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 35/2006, en la cual le solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que reabra el expediente que tuvo origen a partir de la queja presentada por el empresario Carlos Ahumada Kurtz debido a presuntas violaciones a sus garantías individuales durante su reclusión en un centro penitenciario del gobierno capitalino por ser presunto responsable de los delitos de fraude genérico, en agravio del erario de las delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac.
El pasado 26 de mayo el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, anunció que el caso se cerraba al no encontrar elementos suficientes para presuponer que los derechos humanos de Ahumada eran violados en el Reclusorio Norte.
Luego de que fueron avisados formalmente de la decisión, los familiares y abogados del dueño del Grupo Quart acudieron a la comisión nacional para solicitar que revisara el expediente.
Ayer la CDHDF informó que recibieron la recomendación del organismo presidido por José Luis Soberanes, la cual fue "aceptada en todos sus términos", y que de inmediato se reabrirá el expediente con folio CDHDF/122/04/GAM/ P2032.000.
"La decisión tomada corresponde con el reconocimiento legal que tiene la CNDH como segunda instancia, y como muestra de expresión del respeto y fortalecimiento de los órganos autónomos protectores de los derechos humanos, independientemente de las distintas valoraciones y/o interpretaciones que se tienen sobre el caso", puntualizó en un boletín de prensa el organismo que encabeza Alvarez Icaza.
La principal demanda de Ahumada Kurtz gira en torno a la atención médica que se le otorga dentro del reclusorio, a lo cual Alvarez Icaza respondió el día que dio a conocer del cierre de la investigación: "El señor Ahumada insistía en la atención en un servicio privado. El Estado está obligado a garantizar la salud, pero no necesariamente por medio de un mecanismo privado; es responsabilidad del Estado que se dé en términos de la atención pública, y el gobierno de la ciudad así lo ha atendido".