Editorial

Saldo blanco, herida abierta

Ayer, 46 días después de instalado, fue levantado el plantón que la coalición Por el Bien de Todos realizó en el Zócalo de la ciudad de México y las calles de Reforma y Madero.

Desde el domingo 30 de julio, la medida de protesta de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en elemento central de la tormenta política poselectoral. En su contra se organizó una costosa campaña mediática. Las voces más conservadoras del espectro político nacional exigieron que los inconformes fueran desalojados de la vía pública utilizando a la policía y el Ejército. Desde el vértice del poder la medida fue, simultáneamente, ninguneada y engrandecida. Lo mismo se le presentó como una acción insignificante en unas cuantas calles del Distrito Federal que como un factor de desestabilización. Los dirigentes gremiales de la industria turística y gastronómica denunciaron que sus afiliados estaban sufriendo cuantiosas pérdidas.

A contracorriente de estas posiciones, sus defensores argumentaron que se trataba de una acción cívica pacífica extrema ante el agravio sufrido por la burla de la voluntad popular. Su iniciativa, señalaron, buscaba defender la frágil democracia mexicana de un grave retroceso: la consumación del fraude electoral.

Aunque el plantón es parte de un conflicto que aún no culmina, hay elementos suficientes para elaborar un balance provisional de su realización. Efectuado en medio de un clima de polarización social y crispación política creciente, concluyó sin que hubiera que lamentar agresiones físicas. No hubo grescas, ni heridos ni muertos. Tampoco daño alguno a los monumentos históricos. La delincuencia no creció en la zona. Ciertamente se perjudicó la vialidad, pero se mantuvo el libre tránsito de personas; se alteró la rentabilidad de empresas y negocios, pero la ciudad siguió funcionando.

A juzgar por la magnitud del conflicto y por lo sucedido recientemente en otras entidades de la República, un saldo así no puede menospreciarse. México vive uno de los problemas políticos más grave de su historia contemporánea, que ha desgarrado el tejido social. El uso de la fuerza pública contra los obreros de Lázaro Cárdenas, los campesinos de Atenco y los pueblos de Oaxaca, provocó muertos, heridos y graves violaciones a los derechos humanos, sin solucionar los problemas.

El diferendo poselectoral ha tenido en la disputa por el calendario cívico una de sus principales escaramuzas. Las ceremonias patrias se han convertido en el terreno privilegiado de la pugna por la nación. Fue así como, alrededor de la celebración del 15 y el 16 de septiembre, el enfrentamiento entre el presidente Fox y la coalición Por el Bien de Todos adquirió sus tonos más dramáticos. Afortunadamente, la sensatez y el arte de la negociación encontraron una salida para distender la confrontación.

Sin embargo, el gobierno federal rompió la mañana de ayer este clima de entendimiento. En una torpe y provocadora declaración, Rubén Aguilar, vocero del Ejecutivo, informó que la decisión del traslado del Presidente de la República a Dolores Hidalgo, para dar el Grito de Independencia respondió a eventuales actos de provocación y violencia de grupos radicales de la coalición Por el Bien de Todos.

Las palabras del vocero contradicen la información oficial de antier, en la que se aseguró que el mandatario había respondido a la invitación formulada por el alcalde de Dolores Hidalgo, del gobernador de Guanajuato, y al exhorto emitido por el Senado. Si es verdad que esos grupos radicales existen y tenían planeados cometer acciones de provocación, el gobierno federal tiene la obligación de dar a conocer a la opinión pública los nombres de sus integrantes y la documentación que pruebe sus aseveraciones. De lo contrario, el decir del vocero aparecerá como una burda maniobra del Ejecutivo para desprestigiar a sus adversarios.

El levantamiento del plantón no puede hacernos suponer que el conflicto poselectoral ha sido solucionado. Más bien, el plantón anticipa lo que, sin lugar a dudas, sería uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar el gobierno de Felipe Calderón: la constante manifestación del descontento de amplios sectores ciudadanos en contra de su mandato. Y es que, aunque sin lugar a dudas la próxima administración pública será legal a los ojos de muchos, tiene un grave déficit de legitimidad. El futuro gobierno se encontrará inevitablemente con una profunda herida que el tiempo, por sí mismo, no hará sanar, y que no se quiso atender a tiempo.