Denota ignorancia calificar de criminal el documento de la PGJDF: titular del Inacipe

Refuta penalista condena del PAN y la Iglesia al acuerdo sobre aborto

La discusión de fondo es si se permite a las mujeres humildes esa práctica, sostiene

AGUSTIN SALGADO

La legislación que actualmente existe en la ciudad de México en materia de aborto es la más completa del país, por lo que las críticas al acuerdo emitido por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, en el cual se establecen nueve puntos a tomar en cuenta en los casos en que las víctimas de violación resulten embarazadas, surgen de la ignorancia a las leyes, afirmó en entrevista el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga.

Días después de que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo A/004/06 emitido por el procurador capitalino, las entonces legisladoras locales del PAN Irma Islas, Teresita de Jesús Aguilar y Sofía Figueroa, exhortaron a Bátiz Vázquez a "no promover" entre las víctimas de violación sexual "la salida fácil" del aborto.

Y el domingo pasado, la Arquidiócesis de México, en su semanario Desde la fe criticó en el mismo sentido al procurador e incluso calificó el documento referido de "un acuerdo criminal".

Gerardo Laveaga, quien además de dirigir el Inacipe ha incursionado en la narrativa con obras como Valeria y El sueño de Inocencio, estableció: "Yo en lo personal no estoy de acuerdo con el aborto, pero siempre he considerado como una insensatez que se le castigue con penas privativas de la libertad.

Asunto de educación sexual, uso de anticonceptivos e integración familiar

"Primero hay que aclarar que el aborto es un problema de salud pública, que debe combatirse y atenderse desde las trincheras de la salud pública; esto significa, educación sexual, uso de anticonceptivos e integración familiar", sostuvo.

En segundo término, "me queda claro que el derecho penal no puede ser ajeno a este problema; aunque es un problema de salud pública, el derecho tiene algo que decir en esta materia, y aquí hay que dejar muy claro que ya lo ha dicho. Ahí está el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales, que establece los pasos a seguir cuando una mujer, en las circunstancias contempladas por la ley para excluirla de responsabilidad, puede abortar".

El académico recordó que ninguna de las 32 entidades federativas del país castiga el aborto en casos de violación; 29 consideran como causal permitida el que la madre esté en peligro de muerte; 13 lo aceptan en casos de malformaciones genéticas graves del feto, y en el estado de Yucatán se contempla una causal económica, la cual establece que la madre puede abortar cuando enfrenta problemas económicos y ya tiene más de tres hijos. "Entonces, sí así lo desea y demuestra que no puede mantener a un hijo más, se le permite abortar".

Gerardo Laveaga explicó que lo único que hizo Bátiz Vázquez en la circular referida fue especificar los pasos a seguir antes de permitir la interrupción del embarazo de manera legal. "El señor ni promueve el aborto ni la inmoralidad. Qué bueno que el procurador Bátiz haya especificado cuándo, cómo, dónde y bajo qué condiciones se puede realizar. Esto, al contrario de lo que se argumenta, cierra las puertas a aquellos que quieren realizar abortos de manera clandestina. Está clarificando y aportando un elemento importante al debate".

En torno al calificativo de acuerdo "criminal" endilgado al acuerdo por la jerarquía católica, subrayó: "quien calificó esto así no conoce las leyes, en todo caso tendrían que decir que lo criminal es el Código Penal". Reiteró que el aborto es un asunto de salud pública, no de derecho penal. "Si la Iglesia o cualquier partido político quieren contribuir a que no haya abortos, tienen que promover el uso de anticonceptivos, la educación sexual y la integración familiar".

El especialista expuso que el verdadero problema del aborto en México no es si se legaliza o no. Lo que realmente está a discusión, aseguró, es si se debe castigar a las mujeres de extracción humilde que abortan, ya que las de clases media y alta que se enfrentan a esa disyuntiva y deciden interrumpir el embarazo lo hacen sin ninguna dificultad.

"El problema es para quienes no tienen recursos. El debate real es si permitimos que las mujeres de clase humilde puedan abortar en condiciones higiénicas, en hospitales del sector público, sin tener que recurrir a clínicas clandestinas o con personas que se dedican ilegalmente a ello", puntualizó el penalista.