Plantean adición al artículo 39 constitucional
Proponen senadores establecer la figura de plebiscito revocatorio
El legislador Pablo Gómez Alvarez presentó en la tribuna del Senado una iniciativa en nombre de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia para establecer, mediante una adición al artículo 39 de la Constitución, la figura del plebiscito revocatorio de los cargos de presidente de la República, gobernadores de los estados y jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Gómez Alvarez manifestó que con esta adición a la Constitución se pueden resolver numerosos conflictos políticos.
El plebiscito, abundó, "podrá realizarse antes de la mitad del mandato y después de dos años de ejercicio. No podrá llevarse a cabo cuando el mandatario sea provisional, interino, sustituto o encargado". La iniciativa quedó en poder de la secretaría, hasta que se conformen las comisiones senatoriales.
En tanto, Dante Delgado, senador por Convergencia, propuso reformar el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con el objetivo de que los paquetes electorales se destruyan 90 días antes de que se inicie el siguiente proceso electoral o hasta que se resuelva el último de los recursos, impugnaciones o juicios de cualquier naturaleza, no sólo comicial, que se hayan interpuesto.
En tanto, en la Cámara de Diputados, la bancada del PRD demandó ayer al Instituto Federal Electoral (IFE) que atienda la solicitud de ciudadanos y organizaciones civiles para tener acceso a las boletas electorales del pasado 2 de julio.
En voz de Rutilio Escandón, los perredistas explicaron que el exhorto se basa en el reglamento del IFE en materia de transparencia, y que dispone en su artículo cuarto que el instituto deberá favorecer el principio de máxima publicidad de la información que está en su posesión.
Por otra parte, el legislador de Convergencia José Manuel del Río presentó una iniciativa de reformas constitucionales para revocar el mando a los representantes populares y gobernantes, incluido el presidente de la República, si no cumplen con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía durante su campaña política.
Propuso legislar sobre las figuras de referendo, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mando para ratificar leyes; opinar sobre la planeación y ejecución de políticas públicas; iniciar leyes y remover a los gobernantes.
"Si esta figura la tuviéramos instituida en nuestra Carta Magna no nos hubiéramos confrontado, como nos confrontó el presidente Vicente Fox. Le hubiéramos revocado perfectamente el mandato y hubiéramos avanzado en un tramo que permitiría que la situación actual fuese mejor", aseveró Del Río.
A su vez, el priísta Carlos Rojas presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a las comisiones de ambas cámaras a emitir los dictámenes respectivos en un plazo no mayor a 30 días, sobre las siete leyes que fueron aprobadas durante la pasada legislatura y que vetó Vicente Fox.
Añadió que la actitud de Fox llama la atención, "ya que sus argumentos para ejercer el veto constitucional resultan insuficientes, y preocupa porque las reformas devueltas están relacionadas con temas como el narcomenudeo, el fomento a la lectura, la pesca, la acuacultura y la protección al medio ambiente, entre otros".
Sostuvo que los desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo que caracterizaron los pasados seis años fueron prohijados por una concepción de la política que privilegió la negociación sobre las propuestas, y el enfrentamiento y la descalificación por encima del esfuerzo colectivo.
A su vez, los legisladores del PT presentaron propuestas de reformas constitucionales para terminar con la discrecionalidad del Presidente de la República en lo que toca a la presentación de su Informe anual y obligar a que toda reforma a la Carta Magna se apruebe con las dos terceras partes de los 500 diputados, no con sólo dos terceras partes de los presentes.
En tanto, el PRD presentó una iniciativa para crear la ley de pensión universal para las personas de 70 años de edad o más, que equivaldría aproximadamente a 720 pesos mensuales, propuesta que recibió el aval de todos los partidos representados en la Cámara.
Georgina Saldierna, Roberto Garduño, Ciro Pérez y Víctor Ballinas