El IFE aprobó ese año la integración de una muestra aleatoria para hacer estudios
En 2003 fueron abiertos paquetes con fines distintos al proceso electoral
Aunque es inédita la petición de la apertura de paquetes electorales con base en la nueva legislación de acceso a la información, existen antecedentes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prohibió al Instituto Federal Electoral (IFE) la apertura de paquetes para fines distintos a los del proceso comicial, pues en 1997 se pretendía mantener una muestra para estudio de las votaciones. El impedimento procedió tras una inconformidad presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, seis años más tarde, de nueva cuenta el IFE aprobó un acuerdo en el cual se establecía la integración de una muestra aleatoria para fines de estudio. En esa ocasión ningún partido impugnó el acuerdo y el organismo electoral realizó estudios para mejorar los procedimientos de capacitación, entre otros.
Esa vez no hubo peticiones de la entonces naciente oficina de acceso a la información del organismo electoral.
La paradoja, ahora, cuando hay mayores peticiones de apertura de los paquetes con fines de transparencia en la información, la destrucción de los paquetes ha desatado polémica por los plazos en que, en principio, se ha proyectado su realización, en diciembre próximo.
Sin embargo, también han generado discusión las demandas de diversos sectores sobre la necesidad de mantener la paquetería de los pasados comicios.
El acuerdo para la destrucción de paquetes electorales fue aprobado el 30 de enero de 1998, en relación con los comicios federales de 1997, que abarcaban la renovación de la Cámara de Diputados; elecciones de senadores de lista plurinominal y de jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En esa ocasión, tratándose de los primeros comicios del IFE como órgano autónomo e integrado en su mayor parte por consejeros que procedían de la academia, se acordó al término del proceso "la realización de estudios a la documentación electoral del proceso federal de 1997", en el cual "podrán participar las instituciones, investigadores y ciudadanos interesados en cuestiones electorales, así como los miembros y personal del IFE".
Se determinó para tal efecto seleccionar una muestra nacional aleatoria simple de 2 mil 100 casillas, integrada por siete casillas de cada distrito.
Además se obtendrían muestras aleatorias simples independientes por cada entidad federativa integrada por un mínimo de 50 casillas por cada distrito y 240 casillas para las entidades donde el número de distritos fuera menor a cinco.
El acuerdo que avalaba el análisis de la documentación, en tiempos en que la transparencia de la información no estaba vigente en el país, fue impugnado por el PRI, que recurrió el acuerdo ante el TEPJF, que meses más tarde revocó la parte del acuerdo relacionado con el estudio, para dejar solamente el referido expresamente a la destrucción de paquetes electorales "en su totalidad".
"El ordenar la práctica de estudios e investigaciones -definieron los magistrados- a realizarse por terceros ajenos a los órganos que integran ese instituto, así como su propio personal, involucrando un manejo diverso al marcado por la ley, de la documentación contenida en los paquetes electorales y de la información consignada en la documentación electoral que lo conforma, constituye un proceder viciado de origen, por la ausencia de facultades en tal sentido."
Más adelante agregaron: "sin desdeñar la importancia que pueda tener para la comunidad académica, instituciones y ciudadanos interesados el conocer en forma detallada las condiciones en que se desarrollan los procesos electorales, ello no debe implicar en forma alguna que se llegue al extremo de la apertura de paquetes, así sean muestras aleatorias, dado que la ley expresamente ordena un procedimiento claramente acotado en tiempo y forma".
El fracaso de ese proyecto motivó que para los comicios presidenciales de 2000, el IFE ya no intentará un procedimiento similar, por lo que en el acuerdo del 30 de enero de 2001, el Consejo General del instituto sólo avaló la destrucción de la paquetería electoral en un plazo no mayor a 30 días.
Sin embargo, para 2003, el acuerdo por el que se emitían los criterios para la destrucción de paquetes electorales incorporó de nuevo la integración de una muestra aleatoria con el fin de realizar una evaluación a los procedimientos internos del IFE enfocados a diversos objetivos.
Por una parte, para estudiar algunas características demográficas de la población que sufragó y la que no lo hizo; y, por la otra, en aspectos relativos al llenado de actas y otros formatos, el escrutinio y cómputo y la integración del paquete electoral.
Esos fueron paradójicamente algunos de los aspectos cuestionados en los pasados comicios presidenciales y que ahora en las peticiones ciudadanas se pretende verificar.
A diferencia de la negativa de los magistrados en 1998, en esta ocasión la diferencia que podría marcar una variación en los criterios son las reformas constitucionales que garantizan el acceso a la información pública.