Argumenta Encinas motivos para aplazar ley sobre menores
La entrada en vigor de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal requerirá, por lo menos, de un presupuesto de 511 millones de pesos al año, la contratación de cerca de 2 mil nuevos funcionarios y la creación de mayor infraestructura judicial.
Así lo hizo saber el jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, a la Asamblea Legislativa (ALDF) en sus observaciones al decreto de dicha ley, que fue aprobado por los diputados locales el mes pasado en su último periodo extraordinario de sesiones.
Mediante el oficio 07888, Encinas precisa también a los legisladores que es necesario modificar el artículo transitorio de la ley para menores infractores, con el fin de que no entre en vigor hoy 12 de septiembre, sino hasta dentro de un año, mientras se resuelve el tema presupuestal.
El texto indica que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es la entidad que mayor cantidad de recursos necesitará para dar aplicabilidad a esa norma legal, con un total de 297 millones 600 mil pesos, en tanto que las entidades del gobierno central exigirán de 213 millones 869 mil pesos.
En el caso del personal que se requerirá contratar las cifras se invierten, y mientras el GDF requerirá de mil 530 nuevas plazas, en el TSJDF llegará a 366 servidores públicos.
Estructura necesaria
De entrada, el documento detalla que para ese sistema integral de justicia se debe crear una dirección de ejecución y seguimiento de medidas de tratamiento para adolescentes, con nivel de dirección de área que tendrá que contar por lo menos con dos subdirecciones, seis jefaturas de unidad departamental, tres líderes coordinadores de proyectos, abogados, criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y personal administrativo.
En total, será indispensable contratar una estructura de 104 personas, que implicarán salarios por aproximadamente 13 millones de pesos anuales, "sin contar el monto para instalaciones, vehículos, equipo, así como gastos de operación, que se requieren hacer para su funcionamiento".
Añade que en los Centros de Internamiento y Tratamiento Externo, donde se dará atención a los menores infractores, se deben crear unidades administrativas de: diagnóstico, internamiento de varones y de mujeres, tratamiento especializado para adolescentes que no pueden convivir con la población general y de aplicación de medidas de orientación y protección, además de instalaciones exclusivas para uso escolar, instrucción técnica o formación práctica para desempeñar un arte o profesión.
Respecto de los recursos humanos, es exigible una estructura aproximada de mil servidores públicos, entre mandos y personal operativo, con un costo anual de 117 millones 369 mil pesos.
La Consejería Jurídica demandará de 53 defensores de oficio, cinco peritos, cinco trabajadores sociales, personal administrativo, que en conjunto sumarán 102 plazas, y recursos por 19.5 millones de pesos, sin contar el gasto en instalaciones e insumos, concluye el documento.
Todo ese requerimiento económico deberá aprobarlo la siguiente legislatura de la ALDF, que en diciembre discutirá el presupuesto del GDF para 2007.