Informa la dependencia que no negociará la rendición de cuentas de la empresa
SPF: sólo al final de sexenio se sabrá del proceso de liquidación de ISOSA
Continúa en el misterio el detalle de los recursos federales que se le transfirieron
En el caso de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA), el gobierno federal "no negociará" la rendición de cuentas, aunque los recursos de sus fideicomisos (Aduanas I y Aduanas II) sean privados, aseguró ayer la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Aun cuando la Corte aprobó hace unas semanas que los recursos obtenidos por ISOSA son privados, se rendirá cuenta de ellos porque son administrados por servidores públicos, dijo la SFP.
La dependencia reiteró que a finales de este sexenio se dará a conocer lo concerniente al proceso de liquidación de los fideicomisos Aduanas I y II, y de ISOSA, constituida en 1993 por Francisco Gil Díaz, actual secretario de Hacienda y Credito Público (SHCP), con recursos y bienes del gobierno federal.
Cabe destacar que a la fecha aún es un misterio conocer en detalle el total de los recursos federales transferidos a esa empresa, así como a los fideicomisos referidos.
Ha sido mediante diversas investigaciones periodísticas y por el Instituto Federal de Acceso a la Información que se sabe que al menos 200 millones de pesos del erario se trasladaron a Aduanas I, en 1993, mientras que a ISOSA se traspasaron bienes federales con valor superior a 46 mil millones de pesos.
En 1997, el Sistema de Administración Tributaria ordenó pagos en favor de ISOSA -vinculada con Hildebrando, SA de CV, del cuñado incómodo de Felipe Calderón- por más de 3 mil 305 millones de pesos, por servicios de procesamiento electrónico de datos, equipo, soporte técnico, sistemas, apoyo y control del despacho aduanero.
Sobre el caso de ISOSA -que además causó un daño al erario cercano a 10 mil millones de pesos por no enterar los pagos por derechos de trámite aduanero a la Tesorería de la Federación-, la SFP insistió en que los fideicomisos se constituyeron como "privados, de acuerdo con lo establecido en el año de 1992 por la ley aduanera, ya que no eran recursos públicos".
Sin embargo, a partir de 2002 -dice- se han llevado a cabo las gestiones necesarias para transformar de privados a públicos los regímenes jurídicos de Aduanas I y II, así como de ISOSA, lo cual "no se logró". Por ello, desde agosto de 2004, en negociaciones con Francisco Gil Díaz, titular de la SHCP, dichos fideicomisos dejaron de recibir fondos para que ahora sean administrados por un "fideicomiso enteramente público y transparente, denominado Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera", el cual a la fecha tiene recursos por cinco mil 669.1 millones de pesos.
Pendientes, 689 fideicomisos
Los recursos de esos fideicomisos, debido a que son administrados por servidores públicos, están sometidos a la Ley Federal de Transparencia, lo mismo que los de otros 689 fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos que aún están vigentes y que en conjunto suman recursos por un monto global de 206 mil 765.8 millones de pesos.
En un comunicado, la SFP destacó que en la gestión de Vicente Fox se extinguieron, al 30 de junio pasado, 738 actos jurídicos, 619 de los cuales fueron constituidos en administraciones anteriores y 119 en la actual.
De los 689 fideicomisos que restan, 21 son paraestatales bajo control por constituirse con recursos del erario. Otros 668 corresponden a actos jurídicos, de los cuales "286 están ya en proceso de extinción".
Dichas figuras "tienen la obligación de informar y rendir cuentas, transparentar sus operaciones y comprobar puntualmente la utilización de los recursos públicos aportados", afirma la dependencia.
Entre los fideicomisos más relevantes, por su monto e importancia, destacan el del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que a la fecha cuenta con 17 mil 984 millones de pesos; el de Petróleos Mexicanos, denominado Comisión Mercantil para Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE), con 25 mil 615.6 millones de pesos; del Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra) núm. 1902, con 18 mil 930.5 millones; el de Pensiones del Sistema Banrural, con 17 mil 174.3 millones; el 1936 de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, por 14 mil 317.7 millones, así como el relativo a 653 "actos jurídicos" con un total de 47 mil 548.7 millones de pesos, entre otros.