Fijan al presidente plazo de una semana tras semiparalizar cuatro regiones de Bolivia
Conminan empresarios a Evo Morales a abandonar su política "autoritaria"
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Un opositor al presidente Evo Morales blande un hacha mientras participa en el bloqueo a una carretera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el viernes pasado
Foto: Ap
La Paz, 9 de septiembre. El comité político empresarial Pro Santa Cruz, motor de la huelga que semiparalizó cuatro regiones bolivianas el viernes, dio plazo de una semana al presidente Evo Morales para que rectifique lo que el sector privado considera una política "totalitarista y autoritaria", y tras la demostración de fuerza advirtió que tienen la capacidad de volver a congelar las actividades económicas del país.
Empresarios de las regiones de Beni (noreste), Pando (norte), Santa Cruz (este) y Tarija (sur) cumplieron con la convocatoria a la huelga general en protesta por el dominio que el partido de Morales ejerce sobre las iniciativas en la Asamblea Constituyente, que comenzó a sesionar hace un mes. En el resto de las provincias bolivianas el paro fue parcial, toda vez que la generalidad de comerciantes y transportistas mantuvieron sus actividades normales.
Choques aislados entre grupos afectos al gobierno de Morales y de la oposición marcaron la jornada, en la que se reportó un ataque con bombas caseras a un canal de televisión y cuatro heridos en peleas.
"Los sectores conservadores quieren ponerle candados a cualquier posibilidad de refundar Bolivia", advirtió en un escueto comunicado el Ministerio de la Presidencia, tras destacar que "en las zonas rurales y en los barrios pobres de las ciudades la resistencia al paro cívico fue contundente".
Pero según el presidente del comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, "pese a la intimidación y el terrorismo de Estado ejercido por el gobierno, el paro fue total tanto en las ciudades capitales como en las zonas rurales y en los barrios pobres".
Como parte de la protesta, los pasos fronterizos de Bolivia hacia Argentina y Brasil fueron bloqueados.
Los opositores rechazan el reglamento de debates avalado "en grande" (texto completo) por la Constituyente, que prevé la aprobación de modificaciones por "mayoría absoluta" (50 por ciento más uno) y reconoce el carácter "originario" a esta asamblea.
Reclaman que los cambios sean avalados por dos tercios (170 votos) y se oponen a que la asamblea esté "por encima" de la ley que permitió su convocatoria y de la actual Carta Magna.