La magistrada federal Herlinda Velasco no encuentra pruebas suficientes en su contra
Revelan fracaso definitivo de la PGR en encarcelar a Napoleón Gómez Urrutia
La Procuraduría General de la República (PGR) fracasó en definitiva en su intento por llevar a prisión al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, desconocido por las autoridades laborales, a quien imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Fuentes judiciales de primer nivel revelaron que la magistrada federal Herlinda Velasco Villavicencio, titular del quinto tribunal unitario, confirmó que el Ministerio Público Federal no cuenta con las pruebas suficientes para demostrar que al menos 35 millones de dólares de los 55 millones que formaban parte de un fideicomiso abierto por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana -dinero transferido del sistema financiero a cuentas bancarias de familiares y allegados de Gómez Urrutia, tanto en México como en el extranjero- fueran de dudosa e ilícita procedencia.
Además, la juzgadora también ratificó que la PGR no aportó elementos de prueba, "ni siquiera de manera indiciaria", para que procediera legalmente la acusación respecto de que Gómez Urrutia hubiera adquirido con dinero de procedencia ilícita una casa ubicada en la ciudad de México, con valor superior a un millón de dólares. La vivienda fue comprada por el depuesto líder minero y la puso a nombre de uno de sus hijos.
La determinación de la magistrada federal implica la confirmación de la negativa de dos órdenes de aprehensión que el pasado 2 de junio solicitó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR a los jueces federales Ranulfo Castillo Mendoza y Reynaldo Reyes Rosas, ambos con sede en el Reclusorio Sur.
Resolución inapelable
De acuerdo con la constancia de autos que obra en el expediente del caso, al que tuvo acceso La Jornada, la magistrada llegó a la conclusión de que la residencia se compró en 2002, dos años antes de que el sindicato minero dispusiera irregularmente de gran parte de los 55 millones de dólares y los depositara en distintas cuentas bancarias.
Asimismo, la impartidora de justicia consideró que el dinero utilizado para la adquisición de la casa no puede ser de procedencia ilícita, pues su origen está en las arcas del sindicato minero.
Sobre la supuesta procedencia ilícita de 35 millones de dólares, la juzgadora confirmó que en autos quedó demostrado que el dinero provenía del sindicato minero y "su entonces secretario general (Napoleón Gómez Urrutia) estaba autorizado para disponer del mismo".
En todo caso, resaltó la magistrada, se puede inferir que el inculpado pudo haber cometido otro delito (tal vez un presunto fraude) del orden común, que debe perseguirse en tribunales locales, no federales.
Esos mismos argumentos los esgrimieron en junio pasado los jueces federales Ranulfo Castillo Mendoza y Reynaldo Reyes Rosas, titulares del juzgado noveno y décimoquinto de distrito, cuando negaron en primera instancia las órdenes de aprehensión contra el líder minero.
Uno de los párrafos del resolutivo firmado por la magistrada Velasco Villavicencio, que ya fue notificado a la PGR, refiere que "con las constancias existentes en autos no se acredita el primer elemento del cuerpo del delito a estudio, consistente en la existencia de recursos o bienes de cualquier índole que procedan o representen el producto de una actividad ilícita (lavado de dinero); por lo que lo conducente es negar las órdenes de aprehensión solicitadas por el representante social de la Federación".
La indagatoria fue integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la SIEDO.