En declaración elaborada por sus abogados busca invalidar pruebas en su contra
Nacif pide castigo penal para autores del espionaje telefónico
Las grabaciones fueron obtenidas mediante la comisión de un delito, señala
El empresario textilero Kamel Nacif Borge, a quien se le imputa haber violado las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, pretende voltear las cosas a fin de que sean castigados penalmente quienes grabaron y difundieron diversas conversaciones telefónicas en las que salió a relucir la comunicadora, entre ellas una que realizó el llamado rey de la mezclilla con el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Según consta en su declaración por escrito rendida ante la Procuraduría General de la República (PGR), Nacif se dijo inocente de cualquier hecho delictivo y aseguró que sus acusadores afectan sus derechos constitucionales, ya que los delitos que le imputan pretenden ser demostrados mediante "grabaciones ilícitas que no pueden ser tomadas como prueba, ya que fueron obtenidas mediante la comisión de un delito".
La semana pasada, El rey de la mezclilla acudió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP) de la PGR, para presentar su declaración ministerial por escrito.
En el documento, en poder de La Jornada, elaborado por el abogado Antonio Farell Campa y avalado por el empresario textilero, Nacif dio a entender que la autora del libro Los demonios del Edén -que toca el tema de las prácticas de pederastia- carece de las pruebas jurídicas suficientes para demostrar que hubo una confabulación en su contra de servidores públicos del estado de Puebla, que concluyó con la aprehensión de la comunicadora.
En respuesta, el penalista Xavier Olea, defensor de Lydia Cacho, dijo en entrevista que a pesar del argumento de Kamel Nacif y su abogado -respecto a que las grabaciones son ilegales y no pueden ser admitidas como prueba-, "el Ministerio Público Federal tiene la obligación constitucional de investigar cualquier tipo de prueba, lícita o ilícita, cuando ésta ya es del conocimiento de la opinión pública".
Agregó que la difusión de la llamada telefónica entre Nacif y el llamado góber precioso, pone de manifiesto, "y nos da la certeza, de la fraternidad entre ambos; por lo que esa comunicación, independientemente de cómo se obtuvo, obliga a la autoridad a investigar para obtener la verdad de los hechos. De esas grabaciones se desprenden los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, pero sobre todo, un atentado contra la dignidad de Lydia", refirió.
Según el abogado de la comunicadora, el tema de fondo que deben analizar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes de emitir su criterio sobre el caso, "no tiene que ver sólo con el hecho de que es una mujer, periodista y que se le acusa de difamación por presuntamente publicar algo sin sustento; lo realmente importante es que se trata del caso de una comunicadora que investigó, y con su publicación desenmascaró una red de pederastia y pornografía infantil que tiene muchos intereses económicos y políticos que proteger, entre ellos los de Kamel Nacif.
"El libro de Lydia provocó no sólo la molestia del empresario, sino también que los implicados en esa red buscaran cómo callarla, por lo delicado del tema, y como aniquilarla", puntualizó.
Los descargos
En su escrito, más que una declaración de inocencia, el abogado de Nacif intenta demostrar, valiéndose del artículo 16 constitucional y de diversas tesis jurisprudenciales, que las grabaciones que dieron a conocer en febrero pasado La Jornada y la periodista Carmen Aristegui son ilegales y no pueden ser utilizadas como prueba de cargo.
"De manera ilegal, (la PGR) le da trámite a las denuncias sustentadas en hechos que de por sí son ilícitos, toda vez que en un estado de derecho, como el que nos rige, la intervención de llamadas telefónicas sin autorización expresa de la autoridad judicial constituye un ilícito sancionado por la ley.
"La utilización como prueba de esas grabaciones, viola mis garantías individuales, por lo que además de ser invalidadas, debe sancionarse penalmente, como lo dispone el propio mandato constitucional (artículo 25)", indicó.
Finalmente, el empresario textilero pidió a la PGR que solicite a todos los jueces federales del país que informen si recibieron alguna petición jurídica de intervenir los teléfonos de su casa ubicada en la ciudad de Puebla, a fin de que se aclare si sus conversaciones pueden ser utilizadas o no como una prueba en su contra.