El traslado de Catarino Torres a La Palma carece de sustento jurídico: defensa
Dirigente de la APPO, sin contacto con su abogado tras un mes de detención
El representante legal aclara que los delitos que se le imputan son del fuero común
A casi un mes de que fuera detenido en Tuxtepec, Oaxaca, y posteriormente trasladado al penal federal de máxima seguridad de La Palma, Catarino Torres Pereda, uno de los dirigentes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), aún no ha tenido contacto con su representación legal, pues las autoridades de esa cárcel federal han negado el acceso al abogado Jorge Sánchez, con el argumento de que el detenido no lo ha nombrado como defensor.
Torres Pereda fue aprehendido el pasado 6 de agosto en ese poblado, cuando se dirigía a la ciudad de Oaxaca para participar en las acciones de la APPO, pues de acuerdo con las causas penales 119/2000 y 254/2004 se le buscaba por los delitos de despojo, robo calificado y despojo de vehículos, ilícitos del fuero común.
Al siguiente día, el Ministerio Público adscrito al juzgado segundo de lo penal de Tuxtepec ordena su traslado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) uno, en Almoloya de Juárez, bajo el argumento de que se trataba de una persona de "alta peligrosidad". Sin embargo, el representante legal del detenido aseveró que no existe sustento jurídico para su detención en La Palma debido a que los delitos que se le achacan a su cliente son del fuero común.
"La única razón por la que está en un penal federal es por el dicho del Ministerio Público, por que no existen estudios sicológicos que lo acrediten como peligroso social", dijo Sánchez.
Hasta el día de hoy, el litigante no ha accedido al Cefereso, razón por la que hace un par de semanas promovió un recurso legal ante el juez cuarto de distrito en materia de amparo en Toluca, José Antonio Rodríguez, quien ordenó al director de ese reclusorio suspenda la incomunicación que pesa sobre Torres Pereda y que se permita al abogado el acceso al penal.
Sin embargo, a pesar de esa resolución, emitida el pasado 23 de agosto, de la cual se tiene copia, el representante legal aún no tiene acceso al penal, por lo que este lunes, el mismo juez de amparo acudirá a una "inspección ocular" para certificar que le permita la entrada al litigante.
El juez de amparo ha solicitado además a los directivos del penal un informe en el que justifiquen la razón por la que no se ha permitido el acceso al abogado. Ante esto el director del Cefereso contestó que los argumentos del defensor son falsos pues Torres Pereda "tiene derecho a recibir a su defensor en el momento que así le convenga"; pero la realidad es otra, denunció el litigante.
Sánchez cuenta con todos los documentos que lo acreditan como defensor del integrante de la APPO, por lo que consideró que el argumento de las autoridades del penal es "irregular" y que sólo tratan de alargar su estancia en prisión.
El defensor señaló que desde hace casi un mes las autoridades de esta cárcel han violentado el artículo 20 constitucional, en el que se establece que un detenido no puede ser incomunicado, además de que tiene derecho a una defensa legal adecuada y de su confianza.
Asimismo, sentenció que ni a los familiares de Torres Pereda se les ha permitido entregar la documentación, "ni en oficialía de partes" en la que se acredita a Sánchez como abogado del detenido.
El representante legal informó que luego de su traslado a La Palma, a su defendido se le ejecutó otra orden de aprehensión, adscrita en el expediente 35/2006, por el presunto delito de motín. "Este es un ilícito federal, pero no es grave, se alcanza caución, por lo que no tiene por qué seguírsele proceso en un penal federal", aseguró Sánchez.