Los enfrentamientos ocurren en localidades impactadas por el flujo de fuerza laboral

Lagunas políticas provocan que el tema migratorio se polarice y genere violencia

George W. Bush y Vicente Fox, principales responsables de la falta de una reforma

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 3 de septiembre. En el vacío político dejado por los gobiernos de George W. Bush y Vicente Fox al fracasar en su propósito de promover una reforma y un acuerdo sobre política migratoria, se desata una "guerra" en diversos puntos de Estados Unidos entre fuerzas anti y pro migrantes que presagian una mayor polarización y, sobre todo, mayores peligros y agresiones contra inmigrantes en esta coyuntura.

A falta de una política nacional y bilateral brotan batallas en un sinnúmero de pueblos y ciudades para abordar el impacto de la migración, y los políticos abusan del tema para sus propósitos electorales. A la vez, la resistencia de migrantes y sus defensores se intensifica en las calles, en foros políticos y ante tribunales. Por cierto, se han anunciado nuevas movilizaciones pro inmigrantes en varios puntos del país en los próximos días.

Los legisladores de la mayoría republicana en Washington continúan sus maniobras para obstaculizar cualquier reforma migratoria este año. La Cámara de Representantes rehúsa negociar un consenso sobre un proyecto de ley al rechazar la muy limitada propuesta aprobada por el Senado. El liderazgo de la cámara ha dedicado las últimas semanas a realizar más de una docena de "audiencias de campo" en varios puntos del país, resaltando el "peligro" para la "seguridad nacional" y los impactos sociales y económicos negativos de la inmigración, sin invitar a testigos que ofrezcan posiciones contrarias.

A pesar de que el presidente reitera su apoyo a una reforma migratoria que combine mayores medidas de seguridad con algún programa de trabajadores huésped, sus correligionarios en el Partido Republicano han decidido hacer todo lo posible por impedirlo este año.

Por lo tanto, el debate se ha enfocado casi exclusivamente en la seguridad. Bush ha insistido en que están logrando tomar control de la frontera con el envío de tropas de la Guardia Nacional, la ampliación de centros de detención, la construcción de más barreras y también un "muro virtual" con nueva tecnología.

El secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, declaró el 23 de agosto que, como resultado de todo esto, "estamos viendo una reducción... del número de mexicanos que cruzan la frontera ilegalmente -el más bajo en cuatro años"-, y que eso es fruto del "compromiso del presidente en mayo, de poner a la Guardia Nacional en la frontera". Pero hasta la fecha la maniobra de la Casa Blanca de demostrar mano dura en la frontera no se ha traducido en lo que deseaba, una mayor disposición de los legisladores republicanos a destrabar el camino hacia una reforma migratoria para este año.

Con un presidente debilitado políticamente, con la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre, con el gobierno de Vicente Fox abandonando el terreno de la batalla y señalando que ya "se hizo todo lo posible" al dejar el tema en manos de Washington, las batallas políticas, sociales y económicas sobre el asunto ahora se realizan en una multitud de puntos a lo largo y ancho del país.

En lugares como Hazleton, Pensilvania, en varios pueblos de Georgia, Colorado, Florida, Nueva Jersey y Nueva York y decenas más por todo el país, las autoridades locales promueven medidas para expulsar a indocumentados negándoles servicios, multando a caseros y empleadores que alquilan viviendas o contratan a "ilegales", y proclamando el inglés como idioma oficial.

En estados como Arizona y Georgia, crece el apoyo popular a medidas antimigrantes a nivel estatal, para criminalizar de una manera u otra a los indocumentados. Se han presentado ante legislaturas estatales más de 550 proyectos de ley relacionadas con la inmigración indocumentada este año (unas 77 fueron promulgadas), según un sondeo de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Agrupaciones como el Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educación y la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), entre otras, presentan demandas legales contra estas iniciativas, declarando que sólo el gobierno federal puede formular e implementar la política migratoria y aplicar las leyes correspondientes.

El tema es cada vez más difícil de manejar para alcaldes y gobernadores en todo el país, sin importar su posición en el asunto. Casi todos están de acuerdo en que tienen que abordarlo sólo porque el gobierno federal ha "abdicado" de su responsabilidad sobre la cuestión migratoria en su conjunto.

Organizaciones antimigrantes, políticos y funcionarios locales y estatales, legisladores federales, medios conservadores, analistas y "figuras" nacionales continúan nutriendo el clima antimigrante. Pat Buchanan, líder conservador, ex candidato presidencial y comentarista nacional, alerta contra la "invasión" de Estados Unidos por los inmigrantes, lo cual podría marcar el fin de este país, argumenta en su nuevo libro, mensaje que se amplifica a través de varios programas de televisión y radio nacional.

"Chovinistas chicanos y agentes mexicanos han dejado claro que su intención es retomar por demografía y cultura lo que sus ancestros perdieron por guerra", afirma Buchanan en su libro Estado de emergencia: la invasión por el tercer mundo y la conquista de Estados Unidos.

Por su parte, coaliciones de defensa de derechos de los inmigrantes responden con denuncias y protestas y hasta actos heroicos. En Chicago, Elvira Arellano se ha convertido en símbolo de la resistencia contra las injusticias que sufren los indocumentados. Hace unas semanas, Arellano recibió una orden de deportación a pesar de que su hijo Saúl, de 7 años de edad, es ciudadano estadunidense por nacimiento, y tienen su vida aquí. Arellano ha rechazado la orden y se ha refugiado en el santuario de una iglesia metodista. Líderes religiosos latinos y afroestadunidese, dirigentes de organizaciones de defensa de inmigrantes y más en varios puntos del país se han sumado a la defensa de Arellano como ejemplo de cómo las políticas migratorias separan familias e imponen decisiones que no toman en cuenta a las familias y en particular a los menores de edad.

A su vez, coaliciones regionales y locales -entre ellas organizaciones de inmigrantes, clubes y federaciones de oriundos, sindicatos, grupos estudiantiles, grupos de derechos civiles- que encabezaron las grandes movilizaciones sin precedente de los primeros meses de este año están convocando a nuevas marchas y mítines para demandar la legalización de todos los indocumentados y el fin a las olas de redadas de las autoridades migratorias.

La primera de éstas comenzó el primero de septiembre en Chicago, con una marcha de cuatro días por el área metropolitana y sus alrededores que culminará frente a las oficinas distritales de Dennis Hastert, representante republicano y presidente de la cámara baja. El 4 de septiembre hay una movilización masiva programada en Phoenix, Arizona, seguida por una megamanifestación en Washington frente al Congreso el 7 de septiembre, donde se esperan cientos de miles de participantes de toda la costa este. El 9 de septiembre se realizará una manifestación en Los Angeles al culminar el primer congreso nacional de organizaciones latinas en más de 30 años.

En Washington, Jaime Contreras, presidente de la Coalición de Inmigración del Area Metropolitana y dirigente local del sindicato de servicios SEIU, declaró que "el 7 de septiembre pediremos una reforma de inmigración integral que proteja a todos los trabajadores y que se ponga un alto a las deportaciones que dividen a nuestras familias".

También se preparan marchas en ciudades como Miami para intentar proyectar a gran volumen, y una vez más, la voz de millones en el debate sobre migración en la cúpula política del país.

Todo indica que las batallas sobre el tema se intensificarán a falta de una reforma integral real y la incapacidad de los gobiernos tanto aquí como en los países de origen en esta lucha.