Fox, las promesas y los hechos
Hace seis años el presidente Vicente Fox suscribió de su puño y letra con un numeroso sector de organizaciones sindicales, intelectuales y especialistas del ámbito laboral los Veinte compromisos por la libertad y la democracia sindical. Expresamente asumió incluir como parte de su política laboral favorecer la transparencia sindical, suprimir los mecanismos de control gubernamental sobre los sindicatos a través del registro y su toma de nota, promover el voto secreto, fortalecer la contratación colectiva auténtica, luchar contra la corrupción gremial, atender la agenda de derechos humanos laborales y coadyuvar para que la justicia laboral fuese ejercida por órganos imparciales y autónomos sustituyendo la simulación tripartita de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje. En concreto, también se comprometió a crear un registro público y autónomo de sindicatos y contratos colectivos de trabajo.
La administración foxista al diseñar el programa del sector laboral planteó alcanzar cuatro metas estratégicas: desarrollar una nueva cultura laboral, promover la reforma laboral, avanzar en la modernización sindical y fortalecer el ámbito internacional.
De golpe el foxismo tomó distancia de los compromisos adquiridos, desarrollando una política varios pasos atrás, en relación incluso a la añeja plataforma laboral del Partido Acción Nacional (PAN), que colocaba a la democracia sindical en el centro de su agenda. Es conveniente explicarnos los motivos de este radical cambio, el porqué llega a su fin aliado a las prácticas corporativas y corruptas que dijo querer combatir.
Son varios los factores que explican este giro. El primero data de los inicios del sexenio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en manos de un dirigente empresarial consideró que para enfrentar la problemática laboral había tan sólo dos caminos a seguir: el enfrentamiento con el viejo sistema, con un alto riesgo de alterar la paz social, o transitar hacia una supuesta gobernabilidad sustentada en la alianza con el modelo laboral corporativo, sin alterar sus prácticas viciosas; obviamente se optó por el segundo. Se desechó la alternativa congruente con las promesas y la plataforma del cambio, tendiente a transformar aun gradualmente los viejos paradigmas y costumbres que han colocado a nuestro país como un ejemplo mundial en materia de corrupción y control gremial; ni siquiera se atendió la propuesta de la legislatura panista de modificar el sistema de justicia laboral en favor de jueces imparciales al margen de intereses gremiales. Se impuso una lógica empresarial pragmática y de visión corta, que considera el control laboral como un mal necesario; se fue incluso más lejos, practicando una especie de pleitesía a los líderes más desprestigiados y corruptos del país. Así, la doble moral sentó sus reales.
Un segundo elemento que explica la política adoptada deviene del denodado interés de apostar todos los recursos en favor de una reforma laboral, reducida a modificar la Ley Federal del Trabajo en el marco de una supuesta reforma estructural, considerando simplistamente que flexibilizando las formas de contratación individual y ampliando el derecho patronal para fijar horarios y reduciendo protecciones se lograría más competitividad y seguridad jurídica. Se cayó en la lógica del sector empresarial más conservador.
Un tercer ingrediente de la errática política foxista fue acoger como propio el discurso de la "nueva cultura laboral" elaborado por la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex), la cual, salvo sus promotores, nadie toma en serio, simplemente porque reproduce la perversión más significativa de la cultura laboral vigente, la simulación. No parte de un diagnóstico objetivo de las instituciones laborales, encubre sus vicios con palabrería vana disfrazada de humanismo; sin embargo, la cruda realidad ha venido confrontando cotidianamente el modelo adoptado, la corrupción se incrementa en todos los niveles, la precariedad laboral es cada vez más sofisticada, dejando a los trabajadores y pequeños empresarios en estado de indefensión; tener un sindicato real o pretender un contrato colectivo producto de la voluntad de los trabajadores sigue siendo una tarea casi imposible.
A partir del 14 de febrero de este año, la nueva cultural laboral exhibió su verdadero rostro, ante la brutal decisión del gobierno federal para conducir a cualquier costo el destino del Sindicato Nacional de los Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. El embate contra este gremio ha incluido una larga cadena de yerros, con un altísimo costo en vidas y pérdidas económicas, cuyo balance esta aún inconcluso. La resolución dictada la semana anterior por la STPS que niega el registro del comité ejecutivo encabezado por Napoleón Gómez Urrutia es prueba clara de esta política; reproduzcamos tan sólo la primer causa de negativa "A) La convocatoria se llevó acabo en cumplimiento al artículo 110 de los estatutos, que señala que debe expedirse cuando menos con 75 días de anticipación a la fecha de inicio de los trabajos de las convenciones ordinarias, y en el caso que nos ocupa, se convocó con más de los 75 días requeridos". Saque usted sus conclusiones. El último eslabón de la cadena es el brutal encarcelamiento, un día antes del Informe presidencial, de Juan Linares Montúfar, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato minero, por haber exhibido la maniobra de las autoridades cuando apoyados en una solo firma y en menos de 24 horas decidieron destituir a la directiva del gremio apoyada por los trabajadores.
Una verdadera reforma al mundo del trabajo que aporte soluciones de fondo es uno de los capítulos del nuevo arreglo institucional que requiere urgentemente nuestro país; podría ayudar en parte a conducir por otra vía el desencuentro político que se agudiza día con día.