Nosotros los violentos, ustedes los pacíficos
La lucha de clasificaciones prosigue, embozando la lucha de quienes no quieren perder sus privilegios, en contra de los desposeídos que en el proyecto alternativo de nación creen empezar a ver la suya. Medio ungido ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el candidato del PAN sigue autoconsagrándose como el líder de los pacíficos, y profetiza que "prevalecerá la fuerza de los pacíficos sobre los violentos" (La Jornada, 29 de agosto de 2006).
Esto lo declara Felipe Calderón el mismo día en que el tribunal, con toda la fuerza de las instituciones, ratifica en lo general el conteo distrital y señala que en lo sustancial no se modifican las elecciones presidenciales, haciendo caso omiso de las fundadas demandas del recuento voto por voto y negándose a ver los patrones sistemáticos detrás de "los errores aritméticos" detectados en las elecciones presidenciales. Un día después, otro institucionalazo, la nueva Santa Alianza: PAN-PRI-PVEM-Panal, contra toda costumbre parlamentaria, le cierra el paso a la presidencia de la Cámara de Diputados a la fracción del PRD y prepara una reforma al vapor de la Ley Orgánica respectiva para servirle en charola de plata la presidencia de San Lázaro al insigne priísta-salinista Emilio Gamboa Patrón.
Tal vez como católicos ilustrados, muchos de los panistas que han prohijado estos golpes institucionales conozcan la doctrina de la Iglesia católica. Pero tal vez no leyeron las páginas de los documentos eclesiales donde se habla de la violencia institucionalizada. Recordemos sólo una: en enero de 1972 el gobernador de Chihuahua, Oscar Flores Sánchez -después conocido al frente de la PGR como el fiscal de hierro-, emprende una sangrienta represión, con saldo de varios muertos, contra un grupo de jóvenes guerrilleros que realizaron varios asaltos a bancos el día 15 de ese mes. La sociedad de Chihuahua responde indignada. En ese contexto, Adalberto Almeida, arzobispo de Chihuahua; Manuel Talamás, obispo de Ciudad Juárez, y sus respectivos presbiterios, emiten sendos documentos. En ellos señalan certeramente que las acciones guerrilleras son una violencia de respuesta a la violencia institucionalizada de las estructuras sociales injustas que generan miseria y exclusión.
Ahora, sin embargo, no se trata de la violencia guerrillera. Hoy son las acciones de resistencia civil pacífica las que generan el encono de quienes detentan el poder de las instituciones. Y se da la gran paradoja: a quienes protestan pacíficamente contra la violencia institucionalizada se les tilda de violentos y se les ataca con violencia institucionalizada recrudecida.
Las instituciones políticas y sociales tienen dos caras, cuando menos: por una parte son producto de pactos, pero esos pactos reflejan una correlación de fuerzas. En los momentos de crisis, como el actual, el carácter asimétrico de esas fuerzas se revela en toda su intensidad en detrimento de los más débiles: aparece con más nitidez el carácter violento, clasista, de las instituciones.
Y la violencia institucionalizada contra la confluencia social, formada sobre todo por gente de las clases populares en torno al proyecto encabezado por López Obrador, aflora mucho antes de la coyuntura electoral, como muchos han señalado. Se manifiesta en las campañas mediáticas, articuladas en torno del miedo "al peligro para la nación"; en los millones de correos electrónicos apelando al miedo y a lo más irracional de un electorado influenciable; en la exclusión del PRD en la conformación del IFE; en el uso de la institución presidencial para atacar al candidato de la coalición Por el Bien de Todos; en la violencia simbólica ejercida cotidianamente, a veces sutil, a veces tan burda como en los "noticieros" radiofónicos conducidos por Ferriz de Con o Beteta.
Hoy, la violencia institucionalizada no sólo se recrudece en los aspectos electorales. Está muy presente en la imposición de Ulises Ruiz en Oaxaca y en cada uno de los actos de gobierno de éste. Está presente, disfrazada de instrumento científico, en los exámenes de admisión utilizados como pretexto para rechazar a millones de jóvenes de la educación media y superior. En la amenaza para nuestro patrimonio genético y para la producción campesina que entrañan los permisos federales para sembrar maíz transgénico. Es violencia institucional también la expulsión diaria de 600 campesinos del medio rural, provocada directamente por políticas agropecuarias y tratados comerciales que favorecen sólo a las grandes empresas del agronegocio.
Sólo la más crasa autocomplacencia o las más refinada hipocresía pueden dejar de ver o dejar de oír que si este país se desliza hacia la descomposición no es por la respuesta de quienes ellos tachan de violentos, sino por el empecinamiento de los que presumen de pacíficos.