Publican segundo manifiesto; proponen nuevo pacto social para salir de la crisis política
Grupos armados advierten sobre respuestas contundentes
Oaxaca, Oax, 31 de agosto. Un día después de que aparecieran sobre la carretera Oaxaca-Tuxtepec, integrantes de seis grupos armados emitieron hoy un segundo manifiesto a la nación en el que señalan que "el México de los de arriba se apresura a festinar el último año de la administración foxista y a respaldar la imposición de un gobierno espurio, exigiendo el uso de la más feroz represión".
El hecho motivó expresiones de preocupación del gobierno del estado que, en un boletín, asegura que este hecho implica un grave riesgo a la estabilidad política de la entidad y del país, y demanda al gobierno federal "el inicio inmediato de una investigación seria y responsable que esclarezca los hechos y, en su caso, se actúe en consecuencia con el rigor que la garantía de la seguridad nacional exige".
Asimismo, el presidente del Congreso local, el priísta Bulmaro Rito Salinas, informó que la Comisión Permanente pedirá a la Procuraduría General de la República que investigue a fondo la aparición de este grupo y, en caso de que se confirme, intervenga el Ejército Mexicano.
La tarde y noche del miércoles, los hombre armados con fusiles -unos 12, según el gobierno del estado- instalaron un retén cerca del paraje Reynoso, perteneciente al municipio de Santa Catarina Ixtepeji, distrito de Ixtlán, y pararon vehículos para entregar a sus ocupantes copias de un comunicado. En el documento, los grupos presuntamente disidentes del Ejército Popular Revolucionario amenazaron con dar "respuestas contundentes" si las fuerzas de seguridad tratan de intervenir en el conflicto político que desde hace más de 100 días tiene paralizada la capital del estado.
Los grupos, encabezados por la Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo, llaman a contribuir "a resolver el grave conflicto oaxaqueño mediante la desaparición de poderes y la elección de un gobierno verdaderamente democrático, como exige la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)" y contribuir a la "liberación de todos los presos políticos del país", como demandan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las organizaciones adherentes a la otra campaña.
Sobre la elección presidencial del 2 de julio, señalan la necesidad de un nuevo pacto social que, de entrada, desconozca "al gobierno espurio que, de manera fraudulenta, la ultraderecha ha decidido imponer, como propone la convocatoria de la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos". Sostienen que la crisis institucional en que se encuentra México, contrariamente a lo que la ultraderecha yunquista considera, "no podrá remontarse mediante la represión, ni al margen de la participación directa y activa del pueblo trabajador, por más que el bloque gobernante intensifique la guerra sucia y pretenda mantenerse y acrecentar sus privilegios, incluso mediante un baño de sangre.
"El pueblo y sus organizaciones de izquierda se encuentran elaborando activamente alternativas de unidad y articulación política nacional para hacer frente común a la ofensiva de la ultraderecha, a la usurpación de la Presidencia de la República y avanzar en la realización de un nuevo proyecto de nación, digno y justo para todos".
De ahí que "la salida a la crisis del orden político institucional que se vive en el país tenga que pasar necesariamente por el establecimiento de un nuevo pacto social", el cual debe garantizar la supresión del modelo neoliberal, asumir la defensa de la soberanía nacional y popular, así como de los derechos sociales y laborales de todos los mexicanos y, sobre todo, haga justicia y reconozca los derechos y cultura de los pueblos originarios".
El documento está firmado por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, el Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina, la Organización Insurgente Primero de Mayo, la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, las Brigadas Populares de Liberación y la Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo; aparentemente esta última integra a las otras cinco.
Deslindaron al magisterio oaxaqueño y a la APPO de alguna relación con sus organizaciones, "como pretende hacer creer" la procuradora de Justicia del estado de Oaxaca, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, para justificar "la represión y forzar al gobierno federal a imponer una salida policiaco-militar al conflicto social y magisterial".