Blindar el sistema financiero contra operaciones ilícitas, el reto: García Tamés

Refuerza México combate al lavado de dinero; incluye control de remesas

Acciones más duras, a partir de octubre, anuncia

Registro desde manejo de tres mil dólares

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El gobierno mexicano anunció este jueves que endurecerá a partir de octubre las medidas para combatir el lavado de dinero, incluido un mayor control sobre las remesas, luego de detectar que en el último año por lo menos 11 mil 608 millones de dólares de operaciones sin registro en el sistema financiero fueron "exportados" a Estados Unidos.

"Parecemos condenados a ir a la zaga de quienes se dedican al blanqueo de capitales", manifestó Alonso García Tamés, subsecretario de Hacienda, al participar en un seminario sobre lavado de dinero organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM). "No se trata de un problema de talento o creatividad, sino de los poderosos incentivos y de las ventajas y flexibilidad que, por desgracia, otorga actuar al margen de la ley", añadió. El funcionario consideró que uno de los grandes desafíos de las autoridades y bancos es "blindar el sistema financiero contra la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita".

Por lo pronto, una de las medidas para reforzar las acciones de prevención contra el lavado de dinero comenzará a regir en octubre próximo. Consiste, según explicó en el mismo foro Guillermo Zamarripa, titular de la unidad de banca y ahorro de la Secretaría de Hacienda, en que será tomado el registro de toda operación en el sistema bancario a partir de 3 mil dólares, sin que ello signifique que automáticamente sea considerada sospechosa de ser parte de una trama de blanqueo de fondos.

"Para las operaciones en efectivo con dólares, se reducirá de 5 mil a 3 mil dólares el monto para que el intermediario recabe información de la persona que realice la operación", comentó Zamarripa. "Sus datos quedarán asentados y será mayor la información que se requiera en la medida en que suba el monto de las operaciones", añadió.

Esta norma está desde hace una semana y media en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y aunque los bancos todavía pueden hacer observaciones, la ABM descartó ayer que pudiera hacer alguna objeción.

En tanto, García Tamés expuso que dada la dinámica de las bandas de delincuencia que tratan de blanquear dinero en el sistema financiero, las autoridades están obligadas a hacer más oportunos y eficientes los mecanismos de detección de conductas ilícitas. "También debemos contrarrestar los incentivos de operar en la ilegalidad con penas más severas y pesquisas más eficaces. Las instituciones financieras, por su parte, deben percibir con toda claridad los inmensos peligros, globales y específicos, para cada entidad que supondría perder esta batalla contra la ilegalidad".

El subsecretario de Hacienda explicó que existen huecos de información que necesitan ser subsanados.

"Por ejemplo, sólo el año pasado se detectó un enorme excedente en el mercado de dólares en efectivo, que en la banca ascendió a 11 mil 608 millones de dólares. Este excedente de dólares -determinado por la diferencia entre el valor de las operaciones de compra y venta de divisas que fueron registradas por la autoridad- es exportado por las instituciones bancarias a Estados Unidos", añadió García Tamés.

Como parte de las acciones para reforzar la vigilancia al sistema financiero y prevenir el lavado de dinero, las remesas también serán objeto de mayor atención. El año pasado ingresaron al país por esta vía 20 mil 35 millones de dólares y este año, según el Banco de México, llegarán unos 24 mil millones de dólares. El banco central ha descartado que los mecanismos de transferencia de remesas sean usados por grupos de delincuencia organizada para lavar dinero.

En el seminario de la ABM, Concepción Patiño, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que se vigilarán las cuentas relacionadas con remesas en cuanto a los emisores y a los receptores de estos recursos.

Aunque no existe una cifra oficial sobre el lavado de dinero en México, hace tres años la ABM citó en un estudio la de 30 mil millones de dólares al año, que acreditó a la organización no gubernamental Transparencia Internacional.

El subsecretario García Tamés, en otra parte de su intervención, dijo que hasta ahora México se ha mantenido "relativamente distante" de acciones de grupos internacionales que busquen utilizar el territorio o el sistema financiero para realizar operaciones de financiamiento al terrorismo.

"México se ha mantenido relativamente distante de esta clase de sucesos. Sin embargo, no debemos desdeñar el hecho de que el sistema financiero mexicano puede ser utilizado como puente para el financiamiento del terrorismo. De ahí la necesidad de fortalecer la normatividad y la prevención también de este rubro", añadió.

En el mismo acto, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, aseguró que México cuenta hoy con un marco legal transparente y sólido en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cual establece controles aún más estrictos que los requerimientos internacionales.

Sanciones a bancos

En ese contexto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 40 sanciones económicas a instituciones bancarias que incurrieron en fallas al momento de reportar a la autoridad regulatoria operaciones inusuales, informó Benjamín Vidargas, vicepresidente jurídico de ese organismo regulador del sistema financiero mexicano.

La CNBV, a la vez, ha recibido en los últimos tres años al menos un millar de requerimientos de información por la Procuraduría General de la República relacionadas con investigaciones por lavado de dinero, según fuentes del propio organismo.

Al participar en el seminario de la Asociación de Bancos de México, Vidargas dijo que las 40 sanciones impuestas por la CNBV a los bancos que han fallado en reportes de operaciones inusuales, una de las normas básicas de la regulación mexicana contra el lavado de dinero, alcanzan un importe conjunto de 7 millones de pesos.

"Las sanciones tienen que ver con que no hubo una integración adecuada de los expedientes", dijo el funcionario.