Absurdo, que el tribunal electoral no actuara de oficio en la defensa del voto, señalan

Exigen consejeros estatales del IFE la remoción de Luis Carlos Ugalde

JUAN G. PARTIDA, MARIANA CHAVEZ, JAVIER CHAVEZ, DAVID CARRIZALES Y ERNESTO MARTINEZ CORRESPONSALES

En la sesión ordinaria de las juntas locales del Instituto Federal Electoral (IFE), con la que se dio por concluida la elección presidencial y de legisladores del nuevo Congreso de la Unión, consejeros estatales de Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Oaxaca hicieron fuertes críticas a la falta de certeza con que se condujo el proceso, y exigieron la remoción de los consejeros nacionales del organismo, principalmente el presidente, Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien "convirtió (al organismo) en una agencia electoral del Estado".

El presidente de la junta local del IFE en Jalisco, Esteban Garaiz Izarra, puso a disposición de sus "superiores" su cargo, pues, "todos sabemos", la campaña electoral "no fue limpia ni equitativa". Solicitó la eliminación de las "interferencias del Ejecutivo federal" frente a candidatos o plataformas que con toda claridad sesgan las condiciones de equidad. Asimismo, "deben establecerse sanciones claras y severas a la interferencia electoral de empresas o de organismos empresariales en las campañas", manifestó.

Mientras, cinco de los seis consejeros de Querétaro señalaron que la elección presidencial dejó "la triste sensación de que tenemos avances y retrocesos democráticos", porque "ni aparentes ganadores, ni supuestos perdedores, ni el árbitro hemos cubierto las expectativas de la ciudadanía ni lo que el país demanda para consolidar la frágil transición democrática".

Los consejeros presentaron un estudio matemático sobre datos computados conforme a actas, paquetes electorales abiertos y escrutados en el distrito federal tres, que elaboraron cuatro consejeros, y detectaron "indicios de errores intencionados".

Consideraron que en la defensa del voto, que no es patrimonio de los partidos y pertenece a los ciudadanos, "resulta absurdo" que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo la hiciera "a petición de parte, y no de oficio.

"En el IFE arrastramos un gigante burocrático muy costoso que no corresponde a la realidad socioeconómica del país y sólo está sirviendo como agencia electoral del Estado. Queremos llamar la atención sobre el riesgo de que la figura ciudadana del consejero electoral sea para validar un proceso cuestionado."

Coincidieron en la urgencia de que el IFE realice un ejercicio de reflexión y autocrítica para recuperar "la confianza ciudadana que alguna vez ganó", pues "la elección no fue la caja de cristal que algunos grupos de interés se empeñan en pregonar".

Desaseo en campañas

En Quintana Roo, consejeros estatales pidieron a la Cámara de Diputados "la inmediata y total renovación" del Consejo General, ante la ausencia en los comicios de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Cuatro consejeros de la junta local del IFE señalaron en un documento: "los mexicanos fuimos testigos (...) de la nula intervención del Consejo General del IFE para obligar a los institutos políticos a ceñirse a la ley, y permitirles desarrollar campañas dominadas por la descalificación, el miedo, la denostación y el insulto.

"De igual manera se permitió, por encima de la letra expresa de la ley, que organismos empresariales lo hicieran también, y se toleró la intromisión abierta del Presidente de la República en la descalificación de un candidato, por un lado, y la promoción de su partido, por otro.

"Al concluir la jornada electoral, el Consejo General manejó con descuido la información de los programas de conteo rápido y de resultados preliminares (...) exacerbando la incertidumbre y la desconfianza en el árbitro electoral y en la limpieza de la elección."

A su vez, cuatro de los seis consejeros del IFE en Nuevo León advirtieron: "no podemos callar nuestra profunda preocupación por la falta de claridad con que se manejó la información en torno a los resultados de la votación del 2 de julio.

"No entendemos cómo llegaron a acumularse cuatro versiones diferentes de los resultados electorales preliminares."

Falló la certeza y se dio al traste con la confianza que con tanto esfuerzo se construyó en los últimos 15 años, a sabiendas de que, "ante la grave polarización que vive el país, nuestra posición no dejará satisfecha a ninguna de las partes del proceso"; pero la intención "no es agradar a nadie, sino responder a nuestra propia conciencia, frente al compromiso que asumimos de vigilar que el proceso electoral se desarrollara conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza".

Mientras, Concepción Torres Zaragoza, consejera de la junta local en Michoacán, sostuvo: "hoy no podemos desconocer el conflicto poselectoral en el que está inmerso el país, y en esto el IFE debe asumir la responsabilidad que le toca, al igual que los actores políticos que participaron en el proceso".

En tanto, los consejeros del IFE en Oaxaca informaron que en las elecciones presidenciales "el acuerdo de neutralidad no fue cumplido por las autoridades del estado, particularmente por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz".

En un documento de 11 cuartillas, los consejeros oaxaqueños señalan: "los programas sociales fueron utilizados para la compra y coacción del voto. Fue en las comunidades rurales donde más se pudo observar este comportamiento".