A 7 años del caso Paulina, no ha habido cambios: GIRE
BC, sin marco legal que permita suspender embarazo por violación
Ya pasaron siete años desde que funcionarios de Justicia y de Salud de Baja California negaron a Paulina Ramírez -entonces una adolescente de 14 años- su derecho al aborto por violación, sin que a la fecha el gobierno del estado haya realizado las reformas administrativas y legales para garantizar que no se repitan hechos de este tipo, denunciaron organizaciones civiles.
Elsa Ancona, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las agrupaciones civiles que han ayudado a Paulina a enfrentar a las autoridades y exigirles la reparación del daño, señaló que los compromisos suscritos por el gobierno del estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 8 de marzo, no se han cumplido.
En particular se refirió a la presentación de las reformas administrativas y legales para proveer a los servidores públicos de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia del estado, del marco jurídico que les indique la forma en que deben proceder cuando una mujer embarazada como producto de una violación, solicita ejercer su derecho al aborto.
Con respecto a las modificaciones legales, Ancona explicó que involucra la reforma al Código Penal para establecer a qué autoridad le corresponde determinar la procedencia de la interrupción del embarazo, en los casos permitidos por la misma ley; y a la Ley de Salud, en la cual se establecerá el mecanismo para la prestación del servicio médico en las instituciones públicas.
De acuerdo con la abogada, estos aspectos del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) suscrito en la sede de la CIDH, en Washington, tendrían que haberse cumplido en junio pasado.
Ancona también destacó que GIRE, el gobierno de Baja California y la misma CIDH trabajaron en forma conjunta en el diseño de las iniciativas de reforma, por lo que resulta incomprensible que a la fecha sigan sin presentarse en el Congreso local.
La activista comentó que en días pasados se reunieron con autoridades de la entidad, las cuales aseguraron que la parte administrativa quedaría solucionada en los próximos 15 días.
Por lo pronto, GIRE, la organización Alaíde Foppa y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se preparan para participar en la próxima sesión ordinaria de la CIDH, en octubre, para informar de los avances y asuntos pendientes del ASA.
Además, comentó Ancona, las autoridades también deben dar respuesta a Paulina sobre el apoyo económico ofrecido para la compra de útiles escolares de su hijo Isaac, que este año ingresó a la primaria, así como en agilizar el permiso de operación de la microempresa que el mismo gobierno estatal le está ayudando a iniciar.
En tanto, Lilian Sepúlveda, asesora legal para América Latina y el Caribe del CRR, resaltó que el ASA ha sentado un importante precedente a escala internacional, pues su contenido se toma como base en cortes europeas para defender los derechos de las mujeres de ese continente.