Pide fiscal procesar a 7 ex militares que violaron derechos humanos
Uruguayos inician campaña para que se anule ley de impunidad en su país
Buenos Aires, 30 de agosto. Uruguayos residentes en Argentina empezaron una campaña para que se anule la Ley de Caducidad, también llamada de "impunidad", en tanto que una fiscal de Uruguay pidió por primera vez el procesamiento de siete ex militares y dos ex policías, por violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Los militares retirados José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, José Arab y Juan Antonio Rodríguez Buratti, y los ex policías Ricardo Medina y José Sande, participaron no sólo en la represión interna en su país, sino también en la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras.
Desde hace semanas, el juez uruguayo Luis Charles indaga a los detenidos y será quien deba resolver sobre el pedido de la fiscal uruguaya, Mirta Guianze.
Por lo menos tres jueces de Argentina han pedido la extradición de estos hombres por haber estado en centros clandestinos de detención, como el que fue llamado "sede de Cóndor" y funcionó el taller mecánico Automotores Orletti, infierno por que el pasaron numerosos uruguayos que estaban refugiados en Argentina.
Ahora han surgido más indicios de los centros secretos que funcionaron en Uruguay, cuando comienza a funcionar la justicia que estaba paralizada por la Ley de Caducidad, de 1986.
La acusación de Guianze contra los nueve sujetos es por "privación de libertad" y "asociación para delinquir". Hace casi cinco años que Argentina hizo el primer pedido de extradición, que no fue respondido. No fue sino hasta que el actual mandatario, Tabaré Vázquez, implementó la obligación estatal de permitir conocer la verdad a las familias de las víctimas de la dictadura que se relanzaron los procesos contra los criminales.
Para muchas de las miles de víctimas que pasaron por cárceles en Uruguay, donde sufrieron torturas, y para casi dos centenares de desaparecidos cuyas familias que hasta ahora los buscan, ha comenzado otro momento en la historia de la impunidad.
En Argentina, familiares de víctimas de la pasada dictadura (1976-1983) repudiaron al ex presidente Raúl Alfonsín dándole la espalda mientras declaraba en el juicio contra el ex policía Miguel Etchecolatz, responsable de plagios, torturas y desapariciones, en el segundo juicio fuerte que se produce aquí después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Etchecolatz quedó libre por estas leyes pese a que en 1985 fue condenado a 23 años de prisión por 91 casos de tortura.
La actitud de los familiares de las víctimas se debió a que Alfonsín promovió las leyes de impunidad, y sigue justificando esta actitud porque, aseguró, "fue una ley necesaria para afianzar la democracia" después de lo que llamó "golpe de Estado técnico".