Emite petición a SSP federal y del DF, y al EMP
Solicita la CNDH medidas cautelares para legisladores
A petición expresa de diputados perredistas electos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) federal y capitalina, Eduardo Medina Mora y Joel Ortega Cuevas, respectivamente, así como al jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), general José Armando Tamayo, la aplicación de medidas cautelares para preservar la integridad física de legisladores y empleados del Palacio Legislativo de San Lázaro.
No obstante que solicitaron la intervención del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, para que se retire el cerco policiaco-militar instrumentado desde el 14 de agosto pasado dentro y fuera del recinto, el organismo se limitó a pedir que, en estricto apego a derecho y respeto al fuero constitucional, se facilite el acceso y libre tránsito de las personas citadas.
Los perredistas Aurora Cervantes, Claudia Cruz y Moisés Dagdug entregaron ayer al ombudsman la solicitud para que se apliquen las medidas cautelares necesarias y el desmantelamiento del cerco policiaco, con el argumento de que los agentes federales del Estado mexicano violentan, además, la inmunidad de la Cámara de Diputados y no permiten a la nueva legislatura instalarse en los términos de la Ley Orgánica del Congreso.
Dagdug y Cruz, en nombre de su bancada, calificaron la acción emprendida como una "humillación" y ejemplo del "grado muy alto de autoritarismo y fascismo del gobierno federal y del Partido Acción Nacional". Destacaron que las medidas de seguridad aplicadas, ante presuntos amagos de la coalición Por el Bien de Todos de protestar mañana, cuando el presidente Vicente Fox rinda su Informe, violan sus derechos fundamentales, así como de vecinos y trabajadores del recinto.
En el texto, subrayan que hay un excesivo e ilegítimo uso de la fuerza del Estado y apelan a lo señalado en la Constitución, pactos internacionales suscritos por el gobierno y la recomendación general número 12 de la CNDH sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, porque consideran que se vulneran derechos de seguridad jurídica y legalidad.
En respuesta, la CNDH solicitó medidas cautelares de protección a los titulares de Seguridad Pública federal y capitalina y del EMP para "prevenir actos que pudieran derivar en violaciones a derechos humanos y así salvaguardar las garantías de los afectados, previstas en el orden jurídico mexicano".