Afirma abogado de los más de 200 detenidos que ministros pueden crear comisión
Caso Atenco: hay elementos para que la Corte investigue el delito de tortura
A pocas horas de que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) entregara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los expedientes con las pruebas que acreditarían los excesos policiacos ocurridos los días 3 y 4 de mayo pasado en San Salvador Atenco, estado de México, la defensa de los más de 200 detenidos confió en que el ministro presidente Mariano Azuela "no incumpla la palabra empeñada".
En breve entrevista, el abogado Juan de Dios Hernández consideró que en la documentación entregada "existen suficientes elementos para que los ministros integren una comisión investigadora por el delito de tortura", e hizo hincapié en que "en un acto de buena fe se levantó el plantón que se mantenía a las afueras de la Corte, pero si incumple tendríamos que valorar nuevas acciones", advirtió.
En cuanto a la presentación de un recurso de revisión de amparo por el Ministerio Público Federal, aseveró que hasta ayer no había reporte de que ello hubiera ocurrido, pero agregó que tal vez hoy podrían conocer si éste interpuso el recurso.
"Si no lo interponen empezaría a correr el término del juez de Santiaguito, el segundo de primera instancia en materia penal, Jaime Maldonado Salazar, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y para eso tienen 24 horas. La sentencia dejó nulo el auto de formal prisión del 10 de mayo de 2006 y ordena al juez de distrito dictar nueva resolución", comentó.
Según el litigante, lo más probable -si se da ese escenario- sería que "esa nueva resolución debería ser un auto de libertad, porque hay falta de elementos para procesar, debido a que el MP incumplió la obligación constitucional de individualizar las conductas atribuidas a los indiciados y tampoco existen imputaciones directas o categóricas contra algún compañero".
Hernández precisó que si el Ministerio Público Federal no interpone el recurso de revisión de amparo, "se agiliza el proceso"; no obstante, precisó que cabe la posibilidad de que el juzgador también dicte auto de formal prisión, una sentencia mixta o bien que se declare incompetente.
En tanto, el abogado Damián Camacho comentó que el "juez primero de distrito de amparo y procesos civiles federales de Toluca (Willy Earl Vega) debió haber resuelto el asunto de fondo, pues al no hacerlo lo que provoca es que se nos retrase el procedimiento, complica más el resultado. Hizo una resolución que va a la forma y no toca el fondo, y permite que el juez en Santiaguito pueda dictar un nuevo auto de formal prisión".
Camacho comentó que, de acuerdo con el juzgador de amparo, el juez de Santiaguito no había dado suficiente motivación sobre su competencia, porque el asunto tuvo que llevarse en Texcoco y no en Toluca, ya que los hechos ocurrieron en la primera entidad.