La reforma del Estado
El título de este artículo se ha repetido miles de veces y seguramente seguirá repitiéndose mientras la reforma no se concrete. Los políticos parecen tenerle terror a la reforma; no están seguros de la posición en que pueden quedar una vez realizada. Parecen estar inseguros de sus propios alcances analíticos y temen quedar en alguna desventaja que pudieran no haber visto en el momento de ser aprobada por el Congreso. Todo lo cual, por supuesto, implica que esa reforma la piensan en función de sus propios intereses y no en el del interés general y del desarrollo futuro de la nación.
Está por verse si la Convención a la que ha llamado AMLO servirá para acelerar las transformaciones hacia una reforma del Estado que involucre profundamente la cuestión social, o si, por el contrario, puede convertirse en un obstáculo más al desarrollo social, económico y político de México.
Las expresiones diversas de la coalición Por el bien de todos parecen nacidas de la idea de que el tribunal confirmará a Calderón como presidente de México. Ya inclusive la coalición ha denunciado a los magistrados como vendidos. A pesar de creer que ha sufrido una derrota, ha convertido su discurso público en una política de información en la que se quiere convencer a todos de que hubo un fraude generalizado, que aún no ha sido probado. Las declaraciones no son pruebas; éstas se validan en juicio ante los tribunales correspondientes.
El pasado domingo nuestro periódico publicó un comunicado por parte de los señores y señoras Marín, Lonche, García, Solano, Salas, Rojas, Gutiérrez Petronilo y Vázquez del grupo o del entorno de AMLO (no a todos conozco), dirigido a los comunicadores de los medios electrónicos con resabio a reclamo: "Se dice que tras el recuento los números 'no cambiaron'; pero no se ha dicho que es escandaloso el número de casillas fraudulentas". Después informan de dos resultados, sin que expliquen por qué son dos. Su conclusión es: hay "8 mil 428 casillas de anulación obligada".
Según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, que establece (transcribo del desplegado) en su "artículo 75, inciso k) la 'anulación' de una casilla si: existen irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación".
Ayer lunes el tribunal se reuniría (este artículo fue escrito con anterioridad) para desahogar en una sola sesión los 375 juicios de inconformidad presentados por los partidos y las coaliciones para controvertir los resultados de la elección presidencial del 2 de julio. El anuncio de la sentencia del tribunal parece inminente, y ahí veremos si el órgano competente coincide con la coalición en la gravedad de las irregularidades que harían obligada la anulación de las 8 mil 428 casillas referidas. Si no fuera el caso, Calderón se halla cerca de ser declarado presidente de la República.
La sentencia del tribunal, si fuera ésa, no disminuirá el nivel y tono del conflicto abierto por la coalición, sino a la inversa: lo intensificará.
La responsabilidad política del Ejecutivo y del Legislativo se elevarán vertical y aceleradamente. La actuación óptima de la coalición, en ese escenario, sería mantener la Convención del 16 de septiembre, y convertirla en una fuerza social permanente que hiciera mucho más eficaz y de mucho mayor profundidad la democracia y el bienestar de la población más necesitada, mediante la reforma del Estado. Es altamente probable que todos los partidos colaboraran en el corto plazo a esa reforma justamente porque el país se halla en el filo de la navaja y ya le hemos pospuesto por demasiados lustros.
La Convención, por el contrario, puede decidir convertirse en el mayor obstáculo posible a la gobernabilidad. No tendríamos paz, podríamos tener violencia grave, no habría reforma del Estado, no habría condiciones de mejorar la vida de la República en ningún sentido. La democracia iría hacia atrás, y acaso tuviéramos un escenario de parálisis económica, con desempleo creciente. Una Convención estéril.
La reforma del Estado no generará bienestar social por ella misma. Pero una reforma que propicie la gobernabilidad y el acuerdo interpartidario puede crear las condiciones para la formulación de programas de educación, de salud, de infraestructura, de productividad, de justicia social, que llevaran a este país, finalmente, por un rumbo efectivo de desarrollo. Sobre todo, un éxito rotundo de la Convención en la creación de un nuevo Estado, con nuevas políticas públicas, podría dar nacimiento a un partido de izquierda moderno, que fuera en busca de un programa socialdemócrata, que este país está esperando hace mucho tiempo.
La responsabilidad de los dirigentes de la Convención es, así, la clave fundamental del futuro inmediato y de largo plazo del país. Si la izquierda esta vez hubiera perdido nuevamente, no lo habrá hecho para siempre; vendría ahora su oportunidad histórica.