"Los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica"; presenta plan de 7 puntos

La resolución del TEPJF constituye un "verdadero golpe de Estado": AMLO

ENRIQUE MENDEZ

Ante sus simpatizantes que gritaron la nueva consigna de la resistencia civil: "¡sufragio efectivo, no imposición!", y repudiaron a los magistrados, Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de "asumir una actitud cómplice, convalidar el fraude y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial", en lo que constituye "un verdadero golpe de Estado" y una "sumisión a los extremistas de la derecha".

También presentó un proyecto de siete puntos a discutirse en la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre, entre los que resaltan no aceptar el cómputo oficial, "rechazar la usurpación y desconocer a Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República", así como decidir si el presidente legítimo o el coordinador de la resistencia civil pacífica y el órgano de gobierno se instalen y tomen posesión el 20 de noviembre o el 1º de diciembre próximo.

Ayer, en la asamblea permanente en el Zócalo capitalino, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos centró sus críticas en el fallo del tribunal que, aseguró, "con su decisión rompe el orden constitucional y en los hechos abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado".

La respuesta de la gente, indignada por el fallo de los magistrados, y que a pesar de la lluvia se mantuvo firme en la Plaza de la Constitución, fue: "¡no pasará, no pasará!"

Al leer el documento, que firmó y será sometido a discusión en la convención, López Obrador aseguró que al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica.

"La sumisión de estas personas que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y extremistas de derecha que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado", sostuvo.

Agregó que esta situación de violencia institucional y de trastrocamiento de las instituciones es para millones de mexicanos ofensiva e inaceptable.

La actitud de los magistrados, dijo, se reflejó desde el momento en que se negaron a limpiar los comicios y a realizar el recuento voto por voto y casilla por casilla. A pesar de ello, explicó, la diligencia judicial practicada en sólo 9.07 por ciento de los paquetes "demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de errores aritméticos de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder.

Porque, expuso, los siete magistrados ignoraron lo que es del dominio público: que durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada del candidato de la coalición a la Presidencia.

Afirmó que este fraude no sólo le cerró el paso a un aspirante electoral, sino que anuló de facto los derechos constitucionales de los ciudadanos para elegir libre y democráticamente a quien gobierne el país.

Esto constituye un evidente retroceso en la vida democrática del país, porque no se respetó el sufragio que, en una República representativa, constituye la expresión de la soberanía popular, pero en México "una minoría rapaz, que se apropió ilícitamente del poder y de los recursos de la nación, consumó este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano".

El candidato de la coalición definió que la imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde 2003, cuando el gobierno foxista y los grupos conservadores del país iniciaron una campaña en su contra, que incluyó los videoescándalos, el uso de las instituciones del Estado y los medios de comunicación, como parte de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarlo.

Después se recurrió al desafuero para inhabilitarlo políticamente, y aseguró que el verdadero motivo para cerrarle el paso a la Presidencia estriba en su proyecto de nación, que "constituye, eso sí, un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa".

Explicó que el fraude electoral fue, a la vez, el más burdo y el más sofisticado de la historia del país, no sólo porque se recurrió a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales y la falsificación de las actas de escrutinio, sino a la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.

Además, dijo, desde el inicio del proceso Calderón se convirtió en el candidato oficial al que Fox buscó imponer por todos los medios, y en vez de actuar como estadista se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista.

En complicidad con él, el Instituto Federal Electoral actuó de manera facciosa, dejó que el gobierno y el PAN destinaran recursos públicos y privados a la campaña de Acción Nacional, toleró la guerra sucia y la intromisión del Consejo Coordinador Empresarial, y violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

La actuación del IFE se comprobó con el recuento del tribunal, que dejó en evidencia que "el Consejo General y muchos consejeros distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal para beneficiar al PAN, y nos robaron la elección presidencial. En pocas palabras, con los criterios establecidos por el tribunal para analizar las casillas que se recontaron quedó de manifiesto, aunque traten de ocultarlo, que nosotros ganamos la elección".

Enseguida presentó los siete puntos del proyecto a debatir en la convención: desconocer el cómputo oficial; rechazar la usurpación y desconocer a Calderón como presidente, lo mismo que a los funcionarios que designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto; si se constituye un gobierno de la República o una coordinación de la resistencia civil pacífica, que reconozca y ratifique a un presidente legítimo, a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del poder Ejecutivo o a un coordinador nacional de la resistencia.

También, que el órgano creado y quien lo represente apruebe el programa básico de cinco puntos presentado por él; que dicho órgano se instale y tome posesión el 20 de noviembre o el 1º de diciembre; que los acuerdos tomados por la convención se asuman de manera voluntaria, y que el nuevo gobierno surgido de la convención no pida el apoyo corporativo e incondicional a nadie y respete las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.

También envió un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a quienes les pidió retirar de su salón de sesiones el retrato del presidente Juárez, porque "no merece estar en ese recinto, y que cuelguen mejor el retrato de Diego Fernández de Cevallos, quien es a final de cuentas y hablando en plata, el santo patrono de (Mariano) Azuela y otros más".

Al final, López Obrador firmó el documento y lo mostró a sus simpatizantes.