Editorial
Tribunal de barandilla
En su sesión de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) repitió, en esencia, los argumentos esgrimidos por el panismo gobernante y sus aliados intelectuales para descalificar la mayoría de las impugnaciones interpuestas por la coalición Por el Bien de Todos ante esa instancia judicial. Las voces del continuismo habían adelantado, en efecto, que los partidarios de Andrés Manuel López Obrador fueron incapaces de destacar representantes en todas las casillas y de vigilar de manera adecuada los comicios un hecho que es cierto y cuya responsabilidad recae en los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia y que la coalición opositora presentó con fallas de tiempo y forma sus quejas y los elementos de prueba de las irregularidades las que fue posible documentar registradas en la elección presidencial del 2 de julio.
Al dar prioridad a los formalismos procesales por encima de la cuestión de fondo, que es una elección adulterada por la desembozada injerencia gubernamental y empresarial en el proceso, por el cúmulo de manoseos documentados de la papelería electoral y por el comportamiento desaseado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el TEPJF renunció a su condición de instancia constitucional, abdicó de su potestad para resolver el conflicto en curso y privó al país de una solución institucional a una fractura nacional que se ahonda día tras día.
Este fallo, no hay que olvidarlo, fue precedido por el rechazo del tribunal a efectuar un recuento general de los sufragios emitidos el 2 de julio, una medida que habría permitido dar certidumbre a los resultados, subsanar el injustificable mal desempeño del IFE y dar paso, a fin de cuentas, a un gobierno legitimado por votos bien contados. Pero, en la medida en que dio un peso mayor a supuestas deficiencias formales de las impugnaciones que a las clamorosas pruebas de manipulación de los resultados, el tribunal cerró las puertas al esclarecimiento, dejó intactas las inconformidades generadas por las cifras oficiales e impidió verificar el sentido del veredicto popular emitido en las urnas a principios del mes pasado. Dicho sea de paso, el candidato oficial a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, al negarse a respaldar la demanda de un recuento de los votos uno por uno, perdió la oportunidad de ratificar un triunfo que resulta, ahora, incierto y dudoso, y que no le da el margen requerido para conformar un gobierno aceptado por el conjunto de la ciudadanía.
El TEPJF limitó la revisión de los paquetes electorales al nueve por ciento de las casillas y el recuento subsiguiente llevó a la anulación de 237 mil 736 sufragios; si se proyecta esa cifra al total de los paquetes, podría haber en ellos más de dos millones de votos no válidos, un margen muy abultado si se considera que, según las cifras oficiales, la diferencia entre los dos candidatos más votados es de menos de 250 mil sufragios. Más allá de los tecnicismos de barandilla, los magistrados del TEPJF debieron tener en mente que, con semejantes números, un nuevo conteo podía modificar los números presentados por el IFE hasta el punto de revertir la ventaja dada por ese instituto a Calderón Hinojosa. Habría quedado, como último recurso institucional, la anulación de la elección. Pero es más que improbable que, una vez descalificadas las impugnaciones de los lopezobradoristas, el tribunal resuelva en ese sentido.
Lo cierto es que la máxima autoridad electoral del país ha justificado, con argumentos de burocracia judicial, la negativa a validar y transparentar el veredicto ciudadano y a dar certidumbre a la elección, y que en ello ha coincidido con el grupo gobernante y sus adeptos y con el designio urdido en las más altas esferas del poder económico y político de cerrar a cualquier precio el acceso de la izquierda a la Presidencia de la República. Las vías institucionales están a punto de agotarse, pero el conflicto dista mucho de estar resuelto. Por el contrario, los fallos emitidos ayer por el TEPJF ahondan y agravan la polarización ciudadana.