Un ciudadano promovió la demanda ante la Fepade
Denuncia contra Ugalde por "obstruir revisión" del padrón
Sólo autorizó examinar 10% del listado electoral
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Luis Carlos Ugalde, en imagen de archivo
Foto: Carlos Cisneros
La Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), abrió el expediente 954/Fepade/2006 y el acumulado 955/Fepade/2006 a raíz de una denuncia penal contra Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), a quien se le imputa haber obstaculizado la revisión total del padrón electoral y sólo autorizar una muestra de 10 por ciento.
Genaro Núñez Reyes Spíndola, promovente de la denuncia contra Ugalde, explicó que el consejero presidente "mintió" al haber afirmado que la muestra de la revisión al padrón fue reconocida por el consejo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
"El responsable de la ausencia de transparencia a la hora de revisar el padrón electoral es Luis Carlos Ugalde. Esto lo fundamento en las diferencias que se han detectado entre el conteo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el del IFE, y en la declaración del 3 de julio pasado, cuando dijo que un consejo de científicos universitarios había validado sus números con los del INEGI. Eso es mentira; de inmediato el rector Juan Ramón de la Fuente rechazó tal señalamiento".
El fondo de la denuncia contra el consejero electoral se fundamenta en que para el INEGI antes del pasado 2 de julio existían 65 millones de mexicanos en edad de votar, mientras para el IFE ese número se ubicó en 71 millones 799 mil.
"El padrón, que es un listado exacto a ojos de cualquiera, debe ser depurado por el IFE año con año. Suponiendo que el ciento por ciento de la población en edad de votar, según el INEGI, estuviera empadronada, nos encontramos con un déficit de 6 millones de ciudadanos, mismos que el IFE ingresó a su padrón. Aquí tenemos dos puntos que analizar: al IFE le faltaron mexicanos o le sobraron empadronados."
A decir del denunciante, el tema del padrón no es un problema político ni científico, simplemente es aritmético.
Dijo que, como marca la ley, el instituto tiene la obligación de haber elaborado el catálogo electoral al igual que el INEGI, casa por casa, para determinar cuántos habitantes mayores de 18 años hay y cómo están ubicados para hacer, cartográficamente, la distribución de los 300 distritos.
"Ahora no les cuadran las cifras, porque si el INEGI, que lo hace casa por casa, nos da un resultado de 65 millones en posibilidad de votar, el IFE no puede tener 71 millones 799 mil personas listadas, más los faltantes y no empadronados."
Aclarar procedimientos
De tal forma, la solicitud que el demandante incluye en la denuncia penal tiene que ver con la entrega del catálogo electoral por parte del IFE, analizar su constitución y constatar que se mantenga actualizado, además de aclarar los procedimientos de depuración del listado. El instituto está obligado por ley a solicitar a los registros civiles y a los jueces que lo mantengan informado de las bajas a raíz de defunción y la suspensión de derechos.
-¿Cómo se configuró la diferencia entre los padrones del IFE y del INEGI?
-Para empezar se mandaron 10 boletas extras a cada casilla, que nos da 1.4 millones en todo el país, por si faltan. Y con un sobrante de 10 millones de boletas en el padrón electoral utilizado el domingo 2 de julio, el fraude se facilita para quien pretenda y lo organice, porque nadie nos ha informado el destino de esas boletas.
-¿La empresa Hildebrando podría tener relación con la ausencia de una revisión a fondo al padrón?
-La empresa Identics, que ganó la licitación, tiene algún vínculo con Hildebrando. Sucede que en el IFE se detuvo el proceso de revisión del padrón electoral. Hubo mala intención de no depurarlo porque sólo revisaron 11 millones de personas listadas, y de ello obtuvieron un resultado ridículo de 2 mil y pico de duplicidades. La ley dice que el IFE está facultado para determinar los mecanismos de depuración, pero no puede haber determinado mecanismos con base en muestreos, como lo hicieron.
Aclaró que su interés en el derecho de tener un padrón confiable es fundamentalmente ciudadano.