Falla la SCJN contra Ejecutivo y Legislativo locales
Ilegal, quitar fondos al Poder Judicial de BC
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer por unanimidad las modificaciones al presupuesto de Baja California para el ejercicio fiscal 2006, en las cuales el gobernador de la entidad, Eugenio Elorduy, y el Congreso local habían suprimido las partidas presupuestales destinadas a prestaciones laborales de jueces y magistrados, y la adquisición de bienes muebles e inmuebles para creación de órganos jurisdiccionales, por un monto aproximado de 400 millones de pesos.
Al resolver la controversia constitucional interpuesta por el Poder Judicial en contra de los otros dos poderes de Baja California, los ministros anularon lo estipulado en el decreto 174 del Ejecutivo estatal, que suprimía dichas partidas, en contraposición con la Constitución de esa entidad.
En sus intervenciones, los ministros subrayaron que las remuneraciones de los juzgadores no puede ser reducidas, e incluso recordaron que hace unos meses la propia Corte había resuelto precisamente que era improcedente la reducción de las remuneraciones de jueces y magistrados de Baja California porque eso atenta contra la independencia y autonomía de la Judicatura local.
Incluso trascendió que al recordar ese asunto (la controversia constitucional 42/2006), durante el receso de la sesión, hubo ministros que comentaron que era inaceptable la actitud del gobernador panista Elorduy Walther, que insiste en reducir el salario de los juzgadores, y advirtieron que incluso se podría pensar en una sanción ejemplar para el Ejecutivo estatal por reincidir en el tema.
Esto ya no se abordó en la sesión pública y los ministros reiteraron que el gobernador no tiene facultades para modificar el presupuesto de egresos que envía el Poder Judicial al Congreso.
Este planteamiento, afirmaron, responde a los principios de autonomía e independencia judicial que deben privar entre los tres poderes.
Finalmente, la Corte resolvió que el congreso local deberá aportar los recursos para cubrir los salarios y prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores que recibían los juzgadores antes del recorte al presupuesto de este año.
En cuanto a la partida destinada a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la Corte concluyó que el Congreso deberá determinar si hay recursos suficientes para estos rubros.