Ley y orden: delincuentes ambientales
¿Tiene usted confianza en las "instituciones"? ¿En la ley y el orden? Perfecto. Ahora entérese del más reciente intento del gobierno para desmantelar el campo mexicano.
Hace 20 meses el Congreso aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Este instrumento fue elaborado a la medida de las compañías productoras de semillas y por eso se le bautizó como ley Monsanto. Pero eso no parece ser suficiente para los intereses de esas grandes compañías.
El objetivo central era abrir el campo mexicano para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) con una regulación minimalista. El proyecto de ley provocó un intenso debate porque la liberación al ambiente de OGM entraña riesgos significativos para los ecosistemas mexicanos y para los recursos genéticos desarrollados durante miles de años por los productores del campo en casi todo el territorio nacional.
Para facilitar su aprobación, la última versión de la LBOGM incorporó algunos artículos redactados para engañar y confundir a sus opositores. Pero hay un artículo suficientemente claro: el dos, fracción XI, establece la necesidad de un régimen de protección especial para el maíz antes de proceder a liberar OGM. Esa disposición es contundente. Por su importancia el maíz requiere de un régimen de protección especial, punto.
Los funcionarios de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya se dieron cuenta de que el artículo dos es un enorme obstáculo a sus planes para autorizar la liberación al ambiente de semillas genéticamente modificadas. Para salvar el escollo, las autoridades pretenden ignorarlo.
El subsecretario de Fomento y Normatividad de la Semarnat, José Ramón Ardavín Ituarte, anunció hace unos días que los cultivos experimentales de maíz transgénico podrían autorizarse en cualquier momento, pues lo único que se necesita es un permiso de Sagarpa y un "dictamen" ecológico de Semarnat. El régimen de protección especial del maíz quedaría reducido, según él, a una "evaluación" de la Semarnat sobre los posibles efectos sobre centros de origen y variabilidad genética de maíz.
Esa interpretación es absurda. Es evidente que el "régimen de protección especial" para el maíz no está incluido en la LBOGM, pues de otro modo no tendría sentido este artículo. Un análisis serio de dicha ley revela que ese instrumento legal no contiene un régimen de protección especial del maíz, sino sólo fija las bases para construirlo.
¿En qué consistiría un régimen de protección especial para el maíz? Por lo menos es necesario identificar las regiones que son centro de origen de la gramínea. Eso ya es un obstáculo insuperable por muchas razones técnicas. Pero, además, hay que definir las medidas de bioseguridad (por ejemplo, barreras para evitar el flujo genético con variedades tradicionales o con variedades silvestres parientes del maíz, como el teosinte).
Finalmente hay que definir los instrumentos que garantizarían la aplicación de estas medidas. Todo eso tiene que estar plasmado en un reglamento formal, no en un trámite administrativo. Esta es una ley de orden público y, por tanto, su interpretación debe brindar la protección más amplia y efectiva posible al interés público.
Según el subsecretario, expertos legales han determinado que para la fase experimental sólo se requiere un estudio de los lugares precisos en donde se desarrollarán las pruebas. Se argumenta que la experimentación no necesita la determinación de todos los centros de origen y diversidad genética, sino sólo de estudios locales porque la finalidad de la fase experimental es determinar si existe o no flujo génico. Pero sus asesores legales están equivocados. Al referirse al régimen de protección especial para el maíz, la LBOGM no distingue entre liberación durante la fase experimental y la comercial. Por tanto, esa disposición se aplica en todos los casos a pesar de la opinión del subsecretario Ardavín.
Pretender reducir el régimen de protección a un trámite en Semarnat es una simulación peligrosa que desemboca en un delito ambiental. Este es el último episodio en una larga cadena de intentos por ignorar las leyes vigentes e imponer la liberación de maíz transgénico en México. El lobby de las empresas Monsanto, Pioneer y Dow, y sus aliados en el gobierno (comenzando con Vicente Fox y los titulares de Sagarpa y Semarnat) han estado muy activos planeando el golpe. La liberación de maíz transgénico sin el régimen de protección especial busca imponer esta tecnología por la vía de los hechos. Esto implica un sombrío retroceso en materia ambiental que puede tener efectos irreversibles de incalculables consecuencias.
Este es otro ejemplo del deterioro en el que han caído las instituciones y la aplicación de la ley. Eso parece no importar a los funcionarios venales. Para ellos las "instituciones" y la "ley y el orden" constituyen un simple salvoconducto para la impunidad. El señor Ardavín muy bien puede estar sentando las bases para un nuevo récord de velocidad en la carrera de subsecretario a delincuente ambiental.