Editorial
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Empresarios mexicanos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han comenzado negociaciones para comprar en Estados Unidos energía eléctrica a precios bajos, mediante un proyecto de interconexión con compañías estadunidenses, sin importar que con ello se perjudique a la industria eléctrica mexicana.
Leticia Campos Aragón, especialista en temas de electricidad del Instituto de Investigaciones Económicas de la Uiversidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló a este diario que dicho proyecto está fuera de toda realidad. En primer lugar, "porque no es tan fácil hacer a un lado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que legalmente, y está establecido en la Constitución, es la única que puede comprar electricidad en el país", y después porque se requieren de estudios serios sobre cuánta electricidad se va a comprar, qué empresas lo van a hacer y en qué temporadas. Por otro lado, agregó, el mercado eléctrico estadunidense es muy diferente al mexicano, por lo que se tendrían que realizar inversiones en plantas que hagan posible el proyecto. Además, las necesidades de consumo de energía son muy distintas.
Para Campos Aragón, este anuncio de la iniciativa privada (IP) es "más bien se trata de otro intento más para presionar a la CFE y obtener precios más bajos a los que ya tienen, que ya son bajos".
Y eso es, al parecer, lo único que les interesa a los empresarios mexicanos, quienes justifican ese proyecto al señalar que los precios de los energéticos en el país no son competitivos, pues están por encima de sus competidores (algo no necesariamente cierto). Según ellos, el proyecto de interconexión les permitiría comprar directamente energía a compañías estadunidenses a un precio menor del que pagan actualmente. En este esquema, que no requiere una modificación constitucional, únicamente la aprobación del Senado, la CFE quedaría sólo como el canal para la conducción.
Esta estrategia forma parte de la campaña de la IP para abrir la industria energética mexicana a la inversión extranjera sin necesidad de modificar la Constitución, como ya se ha hecho con algunos proyectos petroleros en el Golfo de México y el Caribe. Cabe recordar que la IP ha sido uno de los principales aliados de Vicente Fox para sacar adelante la reforma energética, uno de los proyectos prioritarios del actual régimen y que enfrenta una gran oposición en el país. Especialistas, políticos de oposición y activistas han advertido que una reforma como la que propone Fox condenaría a muerte a la industria energética mexicana, generaría inseguridad eléctrica basta con echar un vistazo a los problemas en la materia sufridos por el estado de California que en años recientes ha padecido constantes apagones y provocaría dependencia energética.
Ante este panorama, está claro que la iniciativa del CCE está fuera de toda realidad. Por el contrario, la cúpula empresarial debería pensar más en el país qué medidas son necesarias para que la CFE mejore sus servicios y menos en sus propios bolsillos. No hay que olvidar que, por ley, los recursos naturales pertenecen a todos los mexicanos y, en ese sentido, cualquier medida en materia energética deberá beneficiar al país y no sólo a unos cuantos.