Editorial
El Tigrillo: captura dudosa
La versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur en el sentido de que la captura de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, fue realizada en territorio mexicano, y no en alta mar, a 15 millas náuticas de las costas de ese estado, como aseguran los gobiernos de México y Estados Unidos, indica que alguien miente: o las autoridades de La Paz o las corporaciones estadunidenses y mexicanas que anunciaron con bombo y platillo la detención del presunto cabecilla del cártel de Tijuana.
Incluso si fuera cierta la historia oficial, un tanto cinematográfica, de la intercepción en aguas internacionales del yate del supuesto narcotraficante por embarcaciones de la Guardia Costera del país vecino, y habida cuenta de la "estrecha colaboración" de la policía mexicana en la labor de inteligencia que habría permitido el arresto, cabría preguntarse por qué no se encomendó a la Armada de México la tarea de detener a un ciudadano mexicano, sobre el cual pesan abundantes imputaciones en las dependencias legales del país, para presentarlo ante una instancia judicial de México. Pero si la verdad correspondiera al gobierno de Baja California Sur, la opinión pública estaría ante una escandalosa violación de la soberanía nacional por parte de agentes de un gobierno extranjero, y ante una inadmisible claudicación del Ejecutivo federal en su responsabilidad de mantener la vigencia de esa soberanía.
Si ha de juzgarse por antecedentes, los de la presidencia foxista marcan un patrón sistemático de entreguismo, incapacidad o falta de voluntad para hacer valer las atribuciones exclusivas de las autoridades mexicanas en territorio nacional y de ejercicios de simulación para presentarse como un gobierno preocupado por la integridad nacional. Por ello, en la presente circunstancia, es impostergable que se ofrezca a la opinión pública una explicación inequívoca sobre la captura del supuesto líder de la organización delictiva del noroeste.
No debe dejarse de lado, por otra parte, que la detención ocurre en un momento de severa debilidad, si no es que de derrota, de las instituciones públicas ante la guerra de los cárteles, cuando estas entidades criminales se han hecho con el control de importantes regiones del país, y en medio de un descrédito creciente de las capacidades gubernamentales para hacerles frente. Aún se recuerda la reciente tortura de unos gatilleros y el asesinato de uno de ellos por parte de elementos policiales, hechos que fueron videograbados y difundidos por los propios responsables. No hay día en que no ocurran enfrentamientos armados con arsenales cada vez más poderosos entre los gatilleros de los cárteles. En el contexto de la guerra entre estas organizaciones, en Guerrero, Michoacán y Baja California, se ha vuelto frecuente la decapitación de enemigos con propósitos de escarmiento, y casi no hay día en que no aparezcan cadáveres de policías o pistoleros a sueldo, frecuentemente con mensajes en los que las organizaciones delictivas denuncian la parcialidad de las autoridades y su complicidad con bandas rivales. Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia no sólo son incapaces de detener los ajustes de cuentas, sino que aparecen señaladas por los mismos delincuentes como vendedoras de protección a algunos de ellos.
En tal situación, es claro que la captura de Arellano Félix difícilmente tendrá alguna incidencia en la violencia asociada al narcotráfico, y de seguro no tendrá efecto alguno en el masivo trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos porque, así sea cierto que El Tigrillo era el líder máximo del cártel de Tijuana dato puesto en duda por algunos, mientras en el país vecino se mantenga una elevada demanda de drogas y una corrupción policial análoga, al menos, a la que padece México, los narcotraficantes seguirán teniendo grandes oportunidades de negocio. De lo que no cabe duda es de que, si la detención ha descabezado a la organización delictiva, como alegan las autoridades de Estados Unidos y de México, ello provocará una recomposición que a su vez ahondará y agravará los hechos de violencia en el territorio nacional.