Petición de abogados, académicos e intelectuales
Solicitan a la Suprema Corte investigue el proceso electoral
Ante el riesgo de que se violente la paz social en México debido a la incertidumbre generada por la violación del voto público en la elección presidencial del 2 de julio, abogados, académicos, intelectuales y ciudadanos (un total de 16 mil 802 firmantes) solicitaron ayer al pleno de la Suprema Corte que ejerza su facultad de investigación ante la duda que existe sobre la legalidad de ese proceso.
Los abogados Francisco de Paula León Olea, Alvaro Arceo Corcuera y el diputado Jesús González Schmal, se presentaron ante la sede del máximo tribunal para entregar la petición con el argumento de que la Corte está obligada a investigar los hechos y ordenar al tribunal electoral que deje en suspenso la calificación de la elección presidencial hasta en tanto la SCJN termina su investigación.
Momentos después de haber entregado en la oficialía de partes de la Corte el documento con las firmas, explicaron que su petición se limita a considerar la vinculación que existe entre la inconstitucionalidad del proceso y la paz social, y que en nuestro sistema republicano no existe un órgano más alto al cual apelar ''para prevenir un estallido social de consecuencias impredecibles para la patria''. Comentaron que la petición tiene como propósito que al menos uno de los ministros tome en cuenta esa solicitud, para que sea el pleno el que decida si ejerce la facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional, tercer párrafo.
La entrega del escrito, que tiene la firma del asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, Rogelio Ramírez de la O, Ifigenia Martínez, Fernando Schutte, Guadalupe Loaeza, Víctor Hugo Rascón Banda, Gustavo Iruegas, Julio Boltvinik y del ex consejero del IFE Jaime Cárdenas, entre otros, tuvo lugar en el marco del festival musical que organizaron pobladores de San Salvador Atenco ante la puerta principal de la Corte; los atenquenses mantienen un plantón en el lugar desde hace varios días en espera de que los ministros integren una comisión investigadora sobre los hechos violentos ocurridos en ese municipio mexiquense.
El documento entregado, además de que se le hizo llegar personalmente a los 11 ministros que integran el pleno, señala que ante el hecho de que las decisiones del tribunal electoral son definitivas e inacatables, la intervención de la Corte ''no puede darse con posterioridad a la fecha en que el TEPJF emita su resolución''.
Agrega que en caso de que el pleno estableciera que existen elementos que pongan en duda la legalidad del proceso electoral, éste debe hacer llegar sus conclusiones al tribunal electoral, y éste a su vez "emitir una declaración de nulidad de la elección".
Los demandantes aclaran que, en razón de que la Corte no tendría acceso a las urnas, actas y listas de electores, su función se limita a determinar ''si en el proceso se violentaron los principios fundamentales que regulan la renovación periódica de los poderes de la Unión.
''La paz social de México está vulnerable y la intervención en el proceso electoral del presidente Vicente Fox Quesada, del Consejo Coordinador Empresarial y de la Iglesia católica, entre otras entidades polarizadoras de los ánimos, maniqueas en la calificación de lo que es bueno o malo para México, peligroso o seguro, decente o indecente, legal o ilegal, amén del cúmulo de irregularidades cometidas durante el proceso electoral'', son razones más que suficientes para que los ciudadanos preocupados por ''los vientos de inestabilidad política que soplan en el país'' le soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga.