Azuela critica "extrañas" decisiones que costarían 7.3 millones de pesos mensuales

En ruta de colisión, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal

Actualización de la red interna de comunicación genera una polémica epistolar

JESUS ARANDA

A más de 10 años de su creación el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha logrado aún su mayoría de edad, como tampoco una plena autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como reflejo de esta situación, el ministro presidente Mariano Azuela Güitrón acusó a los consejeros de llevar a cabo "extrañas y unilaterales decisiones", por su propuesta de modernizar el sistema de transmisión de datos y video al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF).

De entrada, Azuela aseveró que el cambio tecnológico que pretende el CJF significaría "un daño patrimonial mensual estimado en 7 millones 300 mil pesos" para la Corte -al menos por un periodo de un año-; en cambio, el consejero Luis María Aguilar, integrante de la Comisión de Administración del CJF refutó la acusación y alertó que "funcionarios y asesores del alto tribunal" mal informen a Azuela sobre el proyecto, y dejó en claro que la propuesta de utilizar Internet para la red interna sería una modernización total en la materia.

En tanto que la propuesta de los "asesores" de la SCJN representaría sólo un parche tecnológico que a la larga sería ineficaz y resultaría más caro, porque si la Corte contrata el servicio de "telefonía IP" tendría un costo de 45 millones de pesos en tres años, que sería un "gasto innecesario", porque esta tecnología es poco utilizada.

Este nuevo affaire entre la SCJN y el CJF -Azuela Güitrón es presidente de ambos-, inició con una carta enviada por el ministro presidente al secretario ejecutivo de Administración del consejo, Jorge Mier y de la Barrera, referente a la "actualización de la red nacional de comunicaciones del Poder Judicial de la Federación", en la que menciona las "extrañas y unilaterales decisiones" de los consejeros que buscan sustituir la tecnología de red VPN y MPLS lo que considera un "cambio radical".

La misiva, cuya copia tiene La Jornada, afirma que si el CJF continúa "por tiempo indefinido" con los proveedores que tiene (Teléfonos de México, Marconi y Avantel), representaría un costo mensual de 7 millones 300 mil pesos por concepto de renta de enlaces de telecomunicaciones, póliza de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y el uso de Internet. Esto durante el tiempo en que los consejeros emiten la convocatoria para el concurso para adquirir la nueva tecnología.

Ante la gravedad de los señalamientos, Luis María Aguilar, consejero de la Judicatura, envió el 24 de julio una misiva a la secretaria general de la presidencia y oficial mayor de la Suprema Corte, Arely Gómez, en la que subraya que "no puede hablarse de extrañas y unilaterales decisiones del CJF", y que, "en todo caso", esa actitud sería atribuible a los funcionarios y asesores de la Corte -como es el caso de Eleana Angélica Karina López Portillo, secretaria de Seguimiento de Comités de Ministros- que "no se han conducido con lealtad ni con verdad para con los señores ministros, además de que han ignorado de forma intencional todos los acuerdos verbales" establecidos en diversas reuniones.

Agrega que el costo de 7 millones 300 mil pesos que menciona Azuela en su carta, son gastos considerados por la SCJN por concepto de telefonía y telecomunicaciones, el cual es un dato quenoresulta "fidedigno", y mucho menos se puede hablar de un "daño patrimonial", porque para empezar, la cifra mensual asciende a 7 millones 251 mil 255 pesos; de los cuales, el pago a Avantel (75 mil 119 pesos) es de uso exclusivo para la Corte, y en el gasto referente a Teléfonos de México la cifra de 5 millones 35 mil pesos es producto de los servicios que reciben la SCJN y el CJF. La carta no precisa a quién le presta servicio Marconi que factura 2 millones 140 mil pesos mensuales.

En todo caso, subraya el texto, el pago de esos servicios está pactado y desglosado en el presupuesto de los dos órganos colegiados. Y puntualiza que el planteamiento de los asesores de la Corte "es el mismo de hace siete años", y que en cambio los consejeros plantean un "cambio integral de tecnología, no la modernización".

El proyecto del consejo, subraya, está orientado a reducir de manera considerable los costos con calidad de servicios; además de que no se verían comprometidos los niveles de seguridad en la comunicación entre la Corte y el CJF, a diferencia de la propuesta de los asesores del máximo tribunal, en la cual "no está garantizada la seguridad, debido a que la dejan en manos del proveedor".