Editorial
¿Qué cuesta contar?
La culminación, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del cómputo de votos en las casi 12 mil casillas en las que determinó realizar un recuento de resultados, hace evidente la suma de irregularidades que afectaron a los comicios presidenciales del 2 de julio y los manoseos realizados en las horas y días siguientes por el Instituto Federal Electoral (IFE).
En forma paralela, se confirma que ese recuento parcial ordenado por la corte electoral del país es a todas luces insuficiente para rescatar la elección pasada: mientras un amplio, si no es que mayoritario, sector de la sociedad abrigue dudas sobre la limpieza y transparencia del conteo de votos, el proceso electoral no cumplirá con la función de dar legitimidad al gobierno que tendría que iniciar el próximo primero de diciembre.
El crecimiento de la desconfianza ciudadana ante los empeños por colocar a Felipe Calderón en la Presidencia no necesariamente se debe a las denuncias de irregularidades que viene realizando la coalición Por el Bien de Todos desde la semana posterior a la elección. Los propios intentos del grupo en el poder el gobierno federal, el partido oficial, la directiva del IFE, las cúpulas empresariales y la mayoría de medios informativos, particularmente los electrónicos para vender a la opinión pública la idea de unos comicios impecables y equitativos han tenido el efecto contrario: los discursos en ese sentido ostentan una sintonía tan clara que exhiben la alianza entre empresarios, autoridades electorales, Los Pinos y Acción Nacional, y obligan a dudar, a posteriori, de la supuesta limpieza y equidad en la organización, realización y cómputos iniciales de la elección presidencial.
A estas alturas el pensamiento oficial tendría que darse cuenta de que el movimiento de resistencia civil que tiene su epicentro en los campamentos del Zócalo capitalino y el Paseo de la Reforma no es producto de una obcecación de su principal dirigente, Andrés Manuel López Obrador, sino resultado de una demanda nacional mucho más vasta, que está en contra de la corrupción, la simulación, el dispendio, la insensibilidad, el menosprecio y el espíritu antidemocrático que ha caracterizado a las autoridades, no sólo en el sexenio foxista, sino desde mucho antes.
En la resistencia civil de estos días no sólo se expresa el apoyo al liderazgo del político tabasqueño, sino la exasperación social, acumulada durante muchos años, ante la política económica neoliberal, la entrega del país a los intereses financieros extranjeros, el desprecio a los de abajo y la irritante demagogia que inventa un país idílico los presidentes priístas los inventaban en cada Informe presidencial; Vicente Fox lo inventa todos los días que contrasta con una nación real, agraviada por las desigualdades sociales y regionales, la rapacidad de los funcionarios públicos y el saqueo legalizado de recursos nacionales.
Todos esos malestares se articulan hoy en una exigencia: contar los sufragios emitidos el pasado 2 de julio, voto por voto, casilla por casilla. No se trata de una consigna incendiaria ni insurreccional; no hay en esa demanda propósito alguno de desestabilizar al país ni de quebrantar el orden público. Por el contrario, se trata de una petición que encauza por la vía institucional una buena parte de los incontables descontentos sociales generados por la perversidad con que se ha ejercido el poder público desde hace muchos sexenios.
Limpiar la elección presidencial sería la manera más sencilla de desactivar, así fuera de manera temporal, esos descontentos; esclarecer a cabalidad el sentido del voto ciudadano sería la forma menos costosa de resolver la crisis que vive el país, y acaso la única posible dentro de un orden institucional que podría verse rebasado por su propia falta de credibilidad.
Los desaseos que han quedado a la vista luego del recuento parcial realizado por el TEPJF justifican sobradamente la apertura de la totalidad de las casillas. Más allá de elucubraciones jurídicas tan rebuscadas como miopes, el máximo tribunal electoral tiene las atribuciones suficientes para actuar en este sentido y desempeñar un papel fundamental en la preservación de la paz y la gobernabilidad. Cabe esperar que tenga, además, la voluntad política para deslindarse de quienes a estas alturas, pese a las pruebas del desaseo, siguen refiriéndose a las pasadas elecciones como "ejemplares".