Editorial

Las consecuencias de la privatización del agua

El agua es un codiciado recurso natural que tanto gobiernos como grandes empresas se están disputando. Incluso Naciones Unidas ha alertado que las guerras del futuro podrían tener como motivo principal el acceso a las fuentes de agua. Sin embargo, en México las autoridades han preferido dejar este importante sector en manos de grandes compañías, que en vez de proteger este recurso y administrarlo con eficacia han optado por explotarlo indiscriminadamente en pos de un desmedido afán de lucro, como ha quedado demostrado con el caso de la reserva protegida de Cuatrociénegas y valles aledaños, cuyos mantos acuíferos están en peligro de desaparecer a manos de la empresa lechera Lala.

El titular de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez ­quien antes de asumir este cargo fungió como gerente de Lala­, autorizó a esta compañía explotar 250 pozos en Cuatrociénegas, de los cuales 50 comenzaron a funcionar en marzo pasado. De acuerdo con la investigadora Valeria Souza, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde entonces los mantos acuíferos de la zona se han reducido en 70 por ciento debido a que la empresa requiere mil litros de agua en invierno y 10 mil en verano para producir tan sólo un litro de leche.

Si bien queda claro que la decisión de Jaime Jáquez de otorgar estas concesiones es cuestionable, por todos los daños que está provocando la sobrexplotación de los mantos acuíferos, y se presta a muchas interpretaciones, por haber favorecido a sus ex patrones, hay que señalar que esa determinación se inscribe dentro de la política privatizadora del agua iniciada desde 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), e impulsada con firmeza por la administración del presidente Vicente Fox.

Dicha política, que sigue a la letra los lineamientos del Banco Mundial sobre este recurso, se basó en primera instancia en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la cual fue reformada y aprobada por el Congreso de la Unión en 2004. Los efectos reales de esa legislación han consistido en un incremento de los pagos que los consumidores deben hacer a las empresas encargadas de proveer el líquido, en la eliminación de los subsidios gubernamentales al sector y en la privatización de la infraestructura y suministro del recurso. Además, durante este proceso se ha excluido a la población de la toma de decisiones sobre las políticas y la gestión del agua, las cuales han sido trasladadas a las grandes empresas, creando así un monopolio empresarial del sector y enajenando un bien público.

Esta situación de privatización también se presenta en La Laguna, Coahuila, donde ganaderos y grandes productores de forraje se han adueñado de pozos y norias: los campesinos de los ejidos de la zona han vendido o rentado los derechos de agua concedidos desde 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, por lo que han perdido el control sobre estos recursos. Ello ha permitido que 74 por ciento de las tierras privadas sean regadas con agua de los mantos acuíferos, lo que se agrava con la existencia de más de 500 pozos ilegales, aunque las autoridades estatales afirman que tan sólo son tres los pozos irregulares.

Asimismo, la corrupción ha permitido la sobrexplotación de los mantos: en 1997 se autorizó la extracción de 600 millones de metros cúbicos de agua, pero en realidad se extrajeron más de 973 millones. Esta sobrexplotación también ha originado la contaminación de pozos, ya que al disminuir la cantidad de líquido en los acuíferos subterráneos es necesario perforar a una mayor profundidad para obtener el recurso, muchas veces de mala calidad y contaminado con arsénico, sulfatos, sodio y calcio, un peligro que aumenta con la construcción de presas y el recubrimiento de canales, que bloquean el ciclo natural de recarga de los mantos.

En resumen, este panorama es producto de la falta de una estrategia nacional del agua que proteja este recurso, que garantice su suministro a quienes lo necesitan y que evite su despilfarro por la codicia e irresponsabilidad de grupos de poder económicos: la adecuada administración del líquido es ya una cuestión de seguridad nacional.