"Ulises Ruiz quiere caer haciendo el mayor daño posible", expresa dirigente de la APPO

Exigen ONG intervención de Fox ante crisis de derechos humanos en Oaxaca

Masivo homenaje popular a José Jiménez, asesinado durante la marcha del jueves

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Oaxaca, Oax. 11 de agosto. No es ningún secreto que Oaxaca enfrenta una crisis en materia de derechos humanos. "Ulises Ruiz quiere caer haciendo el mayor daño posible", decía esta mañana un dirigente de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) a través del 96.9 FM, frecuencia que fuera gubernamental y hoy es conocida simplemente como Radio APPO. La represión no es embozada, e incluso las aprehensiones avaladas públicamente por los funcionarios distan de cumplir con los requisitos legales vigentes en el país y la entidad.

De acuerdo con los testigos presenciales de las tres más recientes detenciones "formales" de los representantes de la APPO, Catarino Torres Pereda, Germán Mendoza Nube y Erangelio Mendoza González, éstas fueron innecesariamente violentas, los agentes que las practicaron iban armados pero vestían de civil y no se identificaron ni mucho menos presentaron una orden de aprehensión, si alguna existía. Suponiendo que los grupos vandálicos que asaltan comercios, incendian autobuses, "levantan" plantonistas en las calles, o de plano actúan como sicarios son autónomos (si bien la línea que los separa de la responsabilidad oficial es muy delgada), las autoridades pueden deslindarse de ellos e incluso prometer que emprenderán las investigaciones de rigor. Tales son los casos del asalto al diario Noticias o la emboscada de este jueves contra una marcha popular donde resultó muerto José Jiménez Colmenares.

Pero como señalan tanto los maestros de la sección 22 del SNTE como los voceros de la asamblea popular oaxaqueña, el uso arbitrario de la autoridad y de los recursos judiciales iniciado con el frustrado asalto al plantón magisterial el pasado 14 de junio configura violaciones flagrantes a los derechos humanos.

En este contexto, un grupo de organismos demandaron hoy la intervención urgente del presidente Vicente Fox y el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, "ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Oaxaca desde el 6 de agosto; los disparos contra la marcha pacífica del magisterio en ese entidad, lo cual tuvo como consecuencias la muerte de un participante y dos maestras heridas, así como las desapariciones y detenciones y torturas de varias personas y las amenazas de muerte dirigidas a integrantes de Radio Plantón y de la APPO.

La carta también se dirige a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, a Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y a Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Firman: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Comisión de Magisterial de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Comité Cerezo México, Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México y Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental.

Las conclusiones del informe presentado por la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) en julio pasado sobre el desalojo violento del zócalo, poseen vigencia con lo que sigue sucediendo. El operativo "desató una crisis de los derechos civiles, ante el ejercicio desproporcionado e indiscriminado de la violencia por parte de los cuerpos policiacos -la orden necesariamente debió venir del Ejecutivo estatal y la Secretaría General de Gobierno-, rebasando los límites de sus atribuciones formales, sin el mínimo respeto a los derechos fundamentales, alejándose de la más importante de sus funciones, que es la construcción de una sociedad más justa y democrática".

Hay que recordar que el gobierno en todo momento asumió el ataque como "legal" y contó con el aval vergonzante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a pesar de que entonces, como en los acontecimientos posteriores hasta el día de hoy, se configuran violaciones evidentes de una serie de derechos básicos reconocidos por las leyes nacionales y estatales, y con vigencia internacional. Según la RODH, estos son: privación ilegal de la libertad, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza pública e incumplimiento del derecho al debido proceso legal.

Esto se mantiene ahora con la "cacería de brujas" (como la llamó el Comité de Defensa Ciudadana tras la detención de Catarino Torres, en Tuxtepec) desatada contra la APPO, y que se mantiene en grado de tentativa contra la dirigencia magisterial. Hay "libradas" decenas de órdenes de aprehensión contra quien se mueva. Existe además la convicción de que en muchos casos se "fabrican cargos" a modo y con soltura. ¿Todo es Atenco?

El caso de Germán Mendoza Nube (miembro de la APPO, el Frente Popular Revolucionario y la otra campaña) resulta esclarecedor. No sólo se trata de un hombre parapléjico desde hace 21 años y muy enfermo ahora, sino que, irónicamente, es fundador de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos de la sección 22, la cual ha presidido muchas veces. Según fuentes de la APPO, Mendoza Nube se encuentra recluido en el penal de alta seguridad (estatal) de Miahuatlán, donde ha sufrido continua tortura física y sicológica. Se reporta que lo "sacan" repetidamente del penal y lo llevan a "dar vueltas" por las carreteras vecinales, y no con fines recreativos, seguramente.

Su "ejemplar" reclusión ahí, como la de Catarino Torres en el penal de La Palma, se antojan desproporcionadas. En todo caso, ocurrieron de inmediato y sin estar debidamente acreditadas por los jueces, que actúan de manera facciosa y al servicio del interés político del poder Ejecutivo.

Tampoco pueden soslayarse las responsabilidades de funcionarios y representantes "populares" en la organización y el accionar de porros y grupos de choque, de lo cual se señala directamente al ex secretario de Gobierno Jorge Franco Vargas; su sucesor, Heliodoro Díaz Escárrega, el diputado priísta local Nahum Mendoza Carreño y su madre, Leticia Mendoza Toro, ex rectora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Mención aparte merece Aristeo López Martínez, desertor de Ejército por presuntos ilícitos y sin embargo jefe policiaco de la capital. De él salió la frase "la policía está preparada para disparar", y él mismo la cumplió, con ostentación, el 7 de agosto contra miembros de la APPO frente a la Secretaría de Economía.

Los tres poderes del estado, en sus distintos niveles, son responsables de la crisis de derechos humanos y del estado de derecho documentada entre otros por la RODH, la cual ha denunciado también la existencia de una "casa de seguridad", o "arraigo", a cargo de la procuraduría estatal en la carretera al aeropuerto. Según el organismo independiente, dicha casa es operada por la Unidad Ministerial de Intervenciones Tácticas. Tanto el cuerpo de elite que la usa como las instalaciones mismas, que "carecen de identificación", están "al margen de la ley" y contravienen la legislación vigente.

Mientras el gobierno federal y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión "deshojan la margarita" lentamente para determinar la ingobernabilidad del estado, el gobierno debe reunirse en el hostal Los Cántaros, rentado como "sede alterna", donde paga una renta de 150 mil pesos al mes. Es conocido que muchos hoteles de lujo han negado sus instalaciones al Congreso y a Ulises Ruiz, unos por estar en desacuerdo y otros por temor a los bloqueos itinerantes de la APPO y el magisterio.

En lo que este gobierno sin piso ni oficinas emprende la salida, esta tarde recibió un conmovedor y masivo homenaje popular el mecánico José Jiménez Colmenares, encabezado por los mil 800 delegados de la asamblea estatal del magisterio y su dirigencia en pleno por las calles del centro, hasta el quiosco del zócalo capitalino. El féretro desfiló en hombros de ocho mentores, precedido por la bandera nacional entre una valla de miles de personas con los puños en alto entonando su propia versión del himno de la Unidad Popular chilena: "Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer".

La gente aplaudía. Guardaba dramáticos silencios o profería consignas. La viuda y sus jóvenes hijos acompañaban el féretro. Oaxaca se vestía de luto mientras el gobierno insiste en imponer "su" orden a un pueblo que lo desconoce masivamente.