Ventajas y desventajas del interinato
Preguntar a la historia cuál habría sido su destino si alguno de sus acontecimientos no hubiera sucedido es un ejercicio que sólo la imaginación literaria puede legitimar. Es inútil pensar qué habría ocurrido si Francisco I. Madero decide en diciembre de 1910, cuando todos lo consideraban derrotado, exiliarse en Estados Unidos en vez de hacer frente a la imposición de Porfirio Díaz. Tampoco es lógico, al menos desde el punto de vista historiográfico, especular con la interrogante de qué habría pasado si Villa abandona Celaya antes de entrar en batalla con las tropas de Obregón. Pero hay otra forma de explorar (casi inevitable) por qué Madero y Villa actuaron como lo hicieron y no de otra manera. Madero, perseguido, prácticamente acabado, tenía ante sí la opción de exiliarse. ¿Por qué no lo hizo? Villa podía haber escogido otro terreno de batalla, menos favorable a la artillería de Obregón. No lo buscó. ¿Por qué? En la historia, como en la vida, toda elección trae consigo un cúmulo de renuncias, un cierre de caminos. Y la trama de aquello a lo que se renuncia es a veces tan esencial como las decisiones que acaban fijando eso que llamamos nebulosamente el "destino". Los saldos de este dilema son siempre incalculables. ¿Quién podía pensar que el derrotado Madero iba necesitar sólo cinco meses para triunfar y enviar al exilio a Porfirio Díaz? ¿Y cómo imaginar que Celaya marcaría el principio del fin de Villa?
Las opciones que se abren para resolver el conflicto poselectoral que, desde el 2 de julio, tiene con el Jesús en la boca a la sociedad mexicana, no son muchas. En rigor no suman más de tres: a) el tribunal electoral llega a la conclusión de que la elección fue legítima y reconoce a Felipe Calderón; b) el recuento prosigue y se mantienen las expectativas de Andrés Manuel López Obrador, y c) el tribunal decide anular las elecciones por el cúmulo de irregularidades que ya este viernes 11 de agosto resultan auténticamente escandalosas. El destino que aguarda a cada una de estas opciones es simplemente incalculable. La primera llevaría a Los Pinos un gobierno con un peligroso déficit de legitimidad. La segunda mantendría la incertidumbre. La tercera, acaso la menos probable, significaría una auténtico giro político.
Visto desde la perspectiva de la legislación electoral, los argumentos para anular las elecciones son abrumadores. Desde la intervención abierta de la Presidencia en el proceso, hasta el sobrefinanciamiento de los partidos y, ahora, las evidencias cada vez nás sólidas de ilegalidad electoral (en las casillas manipuladas por las huestes de Elba Esther Gordillo), son motivos suficientes para decretar inválido el ejercicio que, en efecto, la ciudadanía realizó con esmero encomiable. Quienes sostienen que la gobernabilidad está basada en el respeto de la ciudadanía hacia las instituciones olvidan el máximo principio del estado de derecho; es decir: que las instituciones respeten a la ciudadanía.
Se ha esgrimido que anular las elecciones, y dar paso a la formación de un gobierno interino secuestraría la decisión de los ciudadanos para colocarla en manos de unos cuantos diputados y senadores. El problema es: ¿cuál fue la decisión? Por otro lado, todos los partidos han aceptado la legalidad y la legitimidad de las elecciones que definieron la nueva conformación del Congreso. El único hecho cierto hasta el momento es que el país ya cuenta con un Congreso reconocido por todos. Y sólo él (frente a la debacle del IFE y el degaste del TEPJF) sería capaz de retomar la vía institucional del acuerdo.
El interinato abriría un espacio de negociación que ha sido ya cerrado en el forcejeo entre quienes decretaron inopinadamente la "limpieza" de los comicios y quienes denunciaron sus prácticas ilegales. Es falso que el PRI dominaría la decisión final. Incluso numéricamente, se requiere del concurso de las tres fuerzas principales para producir una solución estable.
Al problema de la elección presidencial se ha sumado ya la catástrofe del sistema electoral. Hecho reconocido por todas las fuerzas (incluido el PAN) que protagonizaron el 2 de julio. Las elecciones actuales en Chiapas muestran la explosividad de esta implosión. Los partidos minoritarios ahí (PAN, Panal, etcétera) ya han creado un ambiente de zozobra al denunciar el proceso como una "elección de Estado". Aunque estuvo a punto de hacerlo, AMLO nunca llegó tan lejos antes del 2 de julio. Una Presidencia interina fijaría un compás para rearmar el sistema electoral.
Todo esto suena a una utopía. Pero a veces es mejor optar por ellas antes de que el tiempo las convierta en opciones desesperadas, en pesadillas.