Democracia y gobernabilidad en Oaxaca
El 16 y el 17 de agosto se llevará a cabo en Oaxaca un foro nacional sobre la construcción de la democracia y la gobernabilidad, dos asuntos torales, íntimamente relacionados entre sí, cuyas deficiencias de rancio abolengo en buena medida explican los conflictos sociales y políticos en los que está metido aquel estado.
Convocado oportunamente por 54 de las más importantes organizaciones civiles y sociales oaxaqueñas -entre ellas la Asamblea Comunitaria Indígena Mazateca y Náhuatl, que abarca a 62 comunidades-, y asumiendo con esperanza la responsabilidad de colaborar en la búsqueda de soluciones pacíficas desde la sociedad civil, el foro quiere ser un espacio de reflexión plural y diverso, que analice la grave crisis que se enfrenta en Oaxaca, proponga alternativas de solución y ofrezca respuestas desde una perspectiva ciudadana.
Teniendo en cuenta la profundidad de los problemas, el foro debatirá en torno de tres grandes temas: la necesidad de un nuevo constituyente en el estado, el diseño de un nuevo programa político y la discusión de políticas de inclusión y diversidad. No en vano autoridades municipales, comunales, agrarias y organizaciones de la sociedad civil, pertenecientes a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), dieron a conocer el pasado martes una declaración abierta, en la que llaman a todos los sectores -que no solamente creen que es posible soñar con un Oaxaca mejor, sino también trabajar juntos en la construcción de una sociedad más justa y un gobierno que verdaderamente los represente- a conformar en un diálogo incluyente un nuevo pacto, a elaborar un programa político unitario y a construir nuevas formas de conducción, "que respeten los derechos humanos, la vida de las comunidades, la autonomía de los gobiernos municipales y que se conduzcan con igualdad, equidad y transparencia".
Teniendo en cuenta las coincidencias con la problemática nacional, en el foro se analizará también el escenario nacional y sus repercusiones en el ámbito estatal, ya que en Oaxaca, con particularidades más agudas, se presentan de manera objetiva muchas de las expectativas del movimiento civil y social en todo el país. Entre ellas podemos enumerar la necesidad de corregir deficiencias del sistema electoral y fortalecer sus procedimientos e instituciones; la participación de la ciudadanía en el ejercicio del gobierno; el reconocimiento y ejercicio práctico en las tareas de gobierno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas; las condiciones políticas para el ejercicio municipal y regional de su derecho a la autodeterminación; la legitimidad jurídica de las radios comunitarias; el derecho humano al agua y su conservación como un recurso nacional; la protección del cultivo del maíz, contra su degeneración y explotación comercial, a base de transgénicos, y la defensa de los derechos humanos de los migrantes en México y Estados Unidos.
Aun cuando se trata de una iniciativa diferente, o que responde a momentos distintos en la construcción de la paz, para encontrar salidas políticas a los conflictos y exorcizar con ello la tentación de la represión por parte del régimen, el foro retoma algunas de las constataciones y recomendaciones que hizo la Comisión de Intermediación y Concordia, disuelta el pasado primero de agosto. En su comunicado del pasado 16 de julio, el antiguo obispo de Tehuantepec, monseñor Arturo Lona Reyes, el maestro Francisco Toledo y el presbítero Wilfredo Mayrén llamaban en efecto al pueblo y ciudadanos de Oaxaca, al magisterio democrático de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la APPO y al gobierno del estado, "a reconocer las causas de este movimiento (social y popular), que tienen que ver con el rechazo de una manera de hacer gobierno que ya no representa ni satisface las necesidades y demandas del pueblo oaxaqueño", y expresaron que era conveniente "abrir un amplio proceso de diálogo y participación, para abrir opciones de solución pacífica". Dijeron también que se veía como pertinente "generar un proceso de reforma política, que revise las condiciones legales, institucionales, culturales y reales de los distintos niveles y formas de poder y gobierno".
Algo semejante repitieron, aunque con mayor claridad metodológica en cuanto a su puesta en práctica, e insistiendo en la participación activa de los sectores más pobres y humillados, en su último comunicado del primero de agosto. En ambos documentos, y con distintos acentos, advirtieron, sin embargo, sobre la necesidad de evitar y no provocar, respectivamente, las salidas violentas y la respuesta de la fuerza: "Nos parece necesario -dijeron- abrir una etapa en la vida oaxaqueña en que todos cuidemos de impulsar la auténtica participación municipal y comunitaria, desarrollar una cultura de diálogo y negociación para resolver los conflictos, respetar y abrir interlocuciones con la movilización y organización social, impulsar principios y valores de nuestra identidad y cultura, para que nunca sea la fuerza ni la violencia la ruta para resolver las diferencias".