Podría haber represalias contra testigos que habían declarado, señala
La computadora robada a la CNDH contenía el expediente del caso Cacho
La computadora portátil robada de una de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 3 de agosto contenía el expediente completo del caso de la denuncia de la periodista Lydia Cacho Ribeiro contra autoridades del estado de Puebla por la violación a sus garantías fundamentales, aseguraron fuentes cercanas a la indagatoria de la autora de Los demonios del Edén.
"Había logros importantes en el expediente, hubo personas que no habían declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que tuvieron mucha confianza en la CNDH, por lo que ahora podrían presentarse represalias contra los testigos", señalaron las fuentes consultadas.
A principios de año, Cacho Ribeiro presentó una queja ante el organismo encabezado por José Luis Soberanes por la violación a sus garantías fundamentales a manos de autoridades poblanas, ante lo cual la CNDH inició la investigación de los hechos, en la que se incluían testimonios de presas y custodias del penal en el que se detuvo por algunas horas a la periodista en diciembre del año pasado.
El órgano de defensa de los derechos humanos ha sido la única instancia que, a la fecha, ha tenido acceso al penal de la entidad para obtener dichas declaraciones; varios de estos testimonios confirman la versión de Cacho de que existía la "línea" de que a su llegada al penal fuera violada. Además, aseguraron que aún no se ha aclarado si existen respaldos totales de los expedientes.
En un comunicado de prensa, la CNDH informó que el equipo fue sustraído de las oficinas de la Coordinación General de Comunicación y Proyectos, dependiente del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de ese órgano, por cuatro sujetos que dijeron ser empleados de la empresa de mantenimiento Diapsa, la cual brinda servicio al organismo.
Fuentes de la dependencia señalaron que la empresa negó haber enviado a su personal en dicha fecha para algún trabajo de mantenimiento. Asimismo, recalcaron que los presuntos técnicos lograron ingresar hasta el cuarto piso, donde se ubica la oficina referida, a pesar del riguroso sistema de seguridad de la CNDH.
Indicaron que los datos del expediente sustraído, contenidos en el disco duro del equipo de cómputo, fueron recabados "de primera mano", por lo que "es información confidencial", sobre todo los testimonios, que representan la base de la investigación del organismo.
Señalaron que "no se sabe" si existan copias de los documentos debido a que a esa información sólo tenían acceso el coordinador general de Comunicación y Proyectos, Guillermo Ibarra Ramírez, a quien pertenecía la computadora robada, y Raúl González Pérez, director del Programa de Agravio a Periodistas.
Las fuentes consultadas explicaron que la CNDH cuenta con un video en el que se observa que aunque en el lugar había varios objetos de valor e inclusive dinero, los ladrones sólo "iban por la computadora", que fue lo único que se perdió.
Las cámaras de circuito cerrado captaron que los sujetos sabían dónde estaba la computadora, por lo que se puede presumir que conocían su contenido, agregaron las personas entrevistadas. "Las escenas del video muestra que iban directo al lugar donde estaba la máquina".
El equipo de cómputo sustraído también contenía información en torno a la recomendación que el órgano encabezado por José Luis Soberanes hizo el pasado 2 de marzo a la PGR sobre el caso de José de Jesús Velázquez, quien fue objeto de un cateo ilegal y atentados a su integridad física y presunta tortura por personal de la procuraduría; recomendación que la dependencia federal rechazó y ha creado un conflicto entre ambas instituciones.
La observación hace referencia a presuntos abusos cometidos contra el detenido y la supuesta actuación posterior de manera irregular de integrantes de PGR contra Velázquez para que desistiera de continuar con la queja interpuesta ante la CNDH.
El mismo día del robo, el organismo interpuso una demanda contra quien resulte responsable de los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde se entregó copia de los videos de circuito cerrado.
Soberanes confió en que las investigaciones del Ministerio Público esclarezcan la autoría material e intelectual de la sustracción de dicha información.
El organismo advirtió que con "este tipo de conductas ilícitas" se pretende debilitar al ombudsman nacional mediante de actos intimidatorios como el robo de un expediente de relevancia.