La cúpula empresarial pagará el costo político, afirman politólogos de la Ibero
Generó la IP "inequidad electoral"
Urge un marco jurídico que "regule y acote la participación de poderes fácticos"
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Cientos de jóvenes asistieron al concierto que ofrecieron algunas bandas de ska, como Panteón Rococó, en el marco de las actividades culturales de la resistencia civil, en demanda del conteo voto por voto
Foto: Roberto García Ortiz
Politólogos de la Universidad Iberoamericana afirmaron que la difusión de mensajes televisivos promovidos por la cúpula empresarial para influir como "actores políticos" en la contienda electoral "conlleva una responsabilidad que deben asumir ante un adversario que no se quedará cruzado de brazos".
Señalaron que no se puede considerar democrática una elección cuando "los dados están cargados o cuando un grupo pretende aceptar la participación de un candidato siempre y cuando no pueda ganar".
En una mesa de análisis sobre la participación de grupos empresariales en el ámbito electoral a través de la difusión de mensajes políticos en medios masivos de comunicación, destacaron que si bien es "legítimo" que cualquier grupo social exprese una opinión política "cuando siente afectados sus intereses, no es legítimo generar condiciones abiertamente inequitativas contra alguno de los candidatos".
Aldo Muñoz Armenta, especialista en partidos políticos y procesos electorales, aseguró que al "violentar el marco legal con una participación que generó condiciones de inequidad para un candidato se rompió un principio democrático, e incluso se llegó al abuso de poder".
La cúpula empresarial, afirmó, deberá asumir un "costo político muy alto que ha iniciado con bloqueos, pero que podría continuar con boicots contra aquellos productos y empresas que determinados grupos sociales consideran que participaron de forma ilegítima en la contienda".
Al respecto, Juan Luis Hernández, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, señaló que la cúpula empresarial "decidió participar como un actor más en la contienda electoral sin medir las consecuencias y prever que alimentar el clima de confrontación y crispación social también podría tener un efecto negativo que podría boicotear sus intereses".
Por ello, advirtió que sin un marco jurídico que "regule y acote la participación de poderes fácticos y políticos en las contiendas electorales, seguiremos enfrentando condiciones de polarización y crispación social".
Es evidente, aseguró, que ante la "vaguedad jurídica que cubre la actuación de los grupos empresariales, a quienes legalmente no se les puede sancionar, todos los actores políticos quieren una tajada y continúan escalando el conflicto, a pesar de los elevados costos sociales que esto conlleva".
Muñoz Armenta agregó que tanto el Ejecutivo federal como el Poder Legislativo han asumido claramente partido en favor o en contra de uno de los candidatos, e incluso se ha llegado al extremo de utilizar a los poderes locales y federales para inclinar la balanza hacia uno u otro lado "de acuerdo a los intereses de cada grupo, por lo que no existe una autoridad que pueda restablecer el orden".