Grave, la situación en la entidad: defensores de derechos
Exigen al gobierno federal frenar la violencia en Oaxaca
Se debe rendir cuentas ante la CIDH por agresión en el diario Noticias, advierte el Centro Fray Francisco de Vitoria
Defensores de derechos humanos calificaron de "sumamente graves" las condiciones de violencia que se viven en Oaxaca, y aseguraron que las autoridades federales "no pueden evadir su responsabilidad en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto".
A menos de 24 horas de la ejecución de Marcos García Tapia, catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuando transitaba por el centro histórico de la capital oaxaqueña, y tras conocer el ataque al periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, que dejó un saldo de seis lesionados por arma de fuego, demandaron a las autoridades federales "poner fin a los actos de violencia que afectan tanto a simpatizantes del movimiento magisterial y social como al resto de la población civil".
Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguró que dejar en manos del Senado de la República la decisión de dictar o no la desaparición de poderes en la entidad "no excusa al Estado mexicano de su responsabilidad de exhortar a las autoridades estatales a detener la escalada de violencia".
Agregó que en el caso del periódico Noticias, "las autoridades federales tienen una responsabilidad, pues existen medidas precautorias para sus trabajadores, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante quienes debe rendir cuentas y comprobar si se cumplen".
Fabián Sánchez, presidente de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que los recientes actos de violencia "sólo contribuyen a tensar aún más un clima de crispación no sólo en Oaxaca, sino en el resto del país", por lo que exhortó a la administración foxista a "alentar una solución política que evite más derramamiento de sangre y enfrentamientos sociales".
Entrevistada en el contexto de las celebraciones por la conclusión de actividades de la 59 Legislatura, la diputada priísta Sofía Castro Ríos acusó al gobierno de Vicente Fox de agudizar, "con su ausencia en Oaxaca", un conflicto de carácter social, pues aunque la Procuraduría General de Justicia de esa entidad ha solicitado la intervención de las autoridades federales, porque "la rezonificación del magisterio es asunto de su competencia", han hecho caso omiso.
No obstante, señaló que "no es un tema a discusión" que el gobernador de la entidad solicite licencia temporal para solucionar las demandas de los trabajadores del magisterio; tampoco, agregó, las expresiones de ese sector representan el sentir de más de 4 millones de oaxaqueños.
Al respecto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación responsabilizaron al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de la "escalada de violencia" que vive la entidad.
Destacaron que ante la "indiferencia" de las autoridades federales para atender las demandas del movimiento magisterial, y la de la sociedad de declarar la desaparición de poderes en la entidad, continuarán apoyando las acciones de protesta, por lo que exigieron un alto a la ola de violencia, así como el esclarecimiento del asesinato de García Tapia.
Condonar impuestos
La Comisión Permanente aprobó un dictamen en el que hace un llamado al presidente Vicente Fox a condonar el pago de contribuciones e impuestos a las personas físicas y morales afectadas por los plantones de los maestros en la ciudad de Oaxaca. También se aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a resolver el conflicto de la toma de instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, ocurrida hace unos días.
Los documentos, promovidos por el PRI, señalan que el problema magisterial no sólo ha afectado la impartición de la educación básica en el estado, sino también las actividades económicas de la capital, que se ha distinguido por ser punto de destino del turismo nacional y extranjero, que proporciona una derrama económica relevante.
Por tal razón, se pide al jefe del Ejecutivo la realización de estudios para condonar el pago de contribuciones y de los impuestos sobre la renta y al activo correspondientes al periodo fiscal 2006.