Días de espera
La estrechez del resultado, la historia de los pequeños y grandes desatinos de la autoridad electoral, en fin, la desconfianza que ya se había creado entre una parte muy importante de la ciudadanía, aconsejaba tomar decisiones jurídicas de envergadura, capaces de enmendar el rumbo general. Los magistrados, los mismos que una vez derribaron el secreto bancario para dar transparencia a un caso de triste recuerdo, disponían de los recursos legales para obligar a un nuevo escrutinio, pero optaron por aceptar parcialmente las quejas de la coalición Por el Bien de Todos sin aceptar el famoso "voto por voto, casilla por casilla". La coalición ha hecho una magnifica defensa política del recuento, pero no ha tenido una eficacia semejante con las impugnaciones ante el tribunal electoral. No obstante, la sentencia abre la puerta a un ejercicio que debe arrojar nuevas luces en torno a lo que verdaderamente pasó el 2 de julio.
El recuento en casi 12 mil casillas nos dirá cuál es la naturaleza de los errores consignados y si hubo alguna suerte de dolo, lo cual en buena lid haría necesario el conteo total, aunque la resolución de los magistrados en rigor cierra esa posibilidad. Si, por el contrario, resulta que los problemas detectados no presuponen conductas fraudulentas o, incluso, si se produce un improbable vuelco en el resultado final, entonces se habrá dado un gran paso, no el último, en la difícil tarea de "limpiar" la elección. Por cierto, el IFE nos habría ahorrado semanas de exasperación política con una mayor disposición a que se abrieran los paquetes en los consejos distritales, pero prefirió estigmatizar a quienes así se lo solicitaban. Ahora, el tribunal le enmienda la plana. Es grave.
Como sea, y así lo han dicho los magistrados, ésta es apenas una primera etapa en el proceso que debe culminar con la calificación de la elección y la declaratoria de presidente electo. Es en esa fase cuando el tribunal habrá de juzgar las denuncias de la coalición sobre el uso y el abuso del poder y el dinero en la campaña, es decir, sobre las irregularidades de orden antidemocrático que impiden juzgar el resultado del 2 de julio como consecuencia "normal" de una competencia electoral plenamente equitativa. Es decir, el tribunal no sólo se pronunciará en torno al escrutinio, sino también sobre los procedimientos puestos en juego para obtener los votos y las condiciones en que tuvo lugar la competencia. Sin embargo, ojo, ese pronunciamiento no afectará las cuentas de los votos, por más sanciones que se impongan a los contendientes.
Cierto es que, hipotéticamente, se podría llegar hasta la anulación de la elección, por cierto, el peor camino imaginable para resolver la actual confrontación, pues metería al país en una dinámica no sólo inédita, sino previsiblemente convulsa. Pero esa ruta tampoco parece viable. Por eso, aun con la sentencia desfavorable del tribunal, la coalición sostiene todavía que el recuento total es la mejor solución para dar salida digna a un conflicto que no parece tener fin y se apresta a emprender el largo camino de la resistencia civil, concebida cada vez más como un movimiento político y social permanente y no unicamente como instrumento de presión a las autoridades federales o al Poder Judicial. Sin embargo, no se ve cómo el tribunal va a dar marcha atrás en este punto. Mas no hay que adelantar vísperas: la coalición, con buen tino, ha decidido seguir en sus detalles el procedimiento creado por el tribunal, dando fe de que aun bajo protesta su actuación se enmarca en las disposiciones legales. Empero, el linchamiento público que acompaña la errónea decisión de bloquear el centro de la ciudad indica que para la derecha el tema ya está resuelto, y ésta sí es una peligrosa conclusión.
Mientras esperamos el resultado de este ejercicio judicial, la situación se deteriora a ojos vistas. El país está divido, pero estará irremediablemente roto si no hallamos pronto una salida democrática. Buscar una solución racional a esta crisis es obligación de todos: magistrados, partidos, candidatos, pero es la sociedad civil la que tiene la palabra. De no hallar esa vía, cosecharemos más intolerancia, más desencanto, desmoralización e irritación próxima al estallido violento. Habrá quien crea que ése es el mejor de los escenarios posibles, pero algo sí sabemos: no es ésa la ruta que nos hará más libres y menos desiguales.