El líder del Codeci fue enviado a La Palma

Empezó "represión selectiva" y cacería de brujas en Oaxaca

Mensaje del gobierno contra el movimiento popular: APPO

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Oaxaca, Oax. 8 de agosto. La detención "arbitraria e ilegal" de Catarino Torres Pereda, representante y líder del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) de Tuxtepec, adherente de la otra campaña y miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), y su envió fast track al penal de alta seguridad de La Palma, en el estado de México, por solicitud expresa de Lino Celaya Luría, secretario de Protección Ciudadana, "es el anuncio de que se ha iniciado la represión selectiva y la cacería de brujas en el estado", denunció hoy el Codeci.

La tarde del domingo 6, cerca de las oficinas del Codeci, Torres Pereda fue "secuestrado" por cuatro presuntos agentes ministeriales vestidos de civil y fuertemente armados (que es la nueva modalidad en Oaxaca, de manera que policías, paramilitares y porros se han vuelto indistinguibles, además de que operan conjuntamente). Golpeado y torturado, fue trasladado al penal de Matías Romero, y en pocas horas ya estaba en Almoloya (estado de México). El inquieto y bromista defensor de derechos indígenas es definido así por Celaya Luría: "El procesado de referencia presenta un alto grado de peligrosidad, poniendo en riesgo a la población penitenciaria". En su impecable razonamiento, el jefe de la policía oaxaqueña señala que "la seguridad del reclusorio donde se encuentra no posee las normas de alta seguridad como es (sic) el Cefereso número 1" (La Palma).

Ese mismo día, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz había solicitado al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, su intervención para perseguir las movilizaciones y bloqueos que la APPO realizaría a partir de este lunes. O sea, la aprehensión del luchador social fue simultánea a la petición del mandatario, en el exilio del lujoso hotel Fortín y milagrosamente aún en el cargo. En cuestión de horas, Juan Manuel Herrera Marín, comisionado del Organo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por indicaciones del titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora Icaza, atendió la petición del gobierno oaxaqueño y ratificó los cargos de despojo, robo calificado y robo específico contra Torres Pineda.

Entre los "crímenes" de Torres Pineda destaca su defensa a las comunidades de la cuenca del Papaloapan, tanto en Veracruz como Oaxaca. "Nada fuera de la ley", afirmaron hoy a La Jornada representes del Codeci. "Esta detención no es aislada del panorama político que predomina en la entidad, pues desde Tuxtepec hemos encabezado una lucha popular en apoyo al movimiento magisterial y popular. Desde el 14 de junio, el Codeci ha sido una de las organizaciones que impulsan la constitución de la APPO en la ciudad de Tuxtepec. Justo el día de su detención se había anunciado que un contingente de mil personas de esa región arribaría a la ciudad de Oaxaca para fortalecer los campamentos y actividades de la asamblea."

El joven abogado Pedro Castillo Aragón, otro miembro del Codeci, se encuentra recluido desde junio de 2004 en el penal de Ixcotel, en esta capital, acusado de "asociación delictuosa", que es como la justicia oaxaqueña interpretó su asesoría jurídica a comunidades indígenas en Loxicha, así como a trabajadores de Salina Cruz y la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO). Adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona, Castillo fue visitado en la cárcel por el delegado Zero en febrero de este año. Catarino Torres también había sido apresado en 2004, pero salió libre por falta de pruebas. Las autoridades "fabricaron delitos graves" a Castillo Aragón, como portación de armas y secuestro, tras participar en una toma de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagarpa) en Oaxaca por campesinos que exigían la entrega de recursos federales.

Fundado hace una década, el Codeci ha sido atacado por paramilitares priístas del Consejo Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec (Crocudt), creado por el pintoresco pero letal pistolero César Toimil Roberts, alguna vez protegido de Jorge Franco Vargas, ex secretario de Gobierno y actual operador de la represión contra la APPO. Toimil pronto salió del control del gobierno, se adueñó de un rancho propiedad del ex obispo de Tehuantepec José de Jesús Castillo Rentería y atacó violentamente el rancho de Margarito Montes Parra (líder de Ugocep, otra organización priísta señalada por agredir a campesinos independientes). Toimil conformó una virulenta banda criminal y fue ejecutado hace unos meses -se presume que por enviados de su antiguo protector- cuando se dirigía a la isla Soyaltepec, de su propiedad, en la presa Cerro de Oro. Su banda había asesinado a un representante del Codeci en Playa Vicente (Veracruz) y agredía sistemáticamente a otros miembros de la organización.

Catarino Torres, sus familiares y otros miembros del Codeci han recibido amenazas de muerte. Pero como en Oaxaca hoy son los patos los que tiran a las escopetas, él es quien está recluido en La Palma debido a su "peligrosidad". La APPO interpreta su aprehensión como un "mensaje" del gobierno oaxaqueño, que apresta "recursos legales" para materializar la persecución del movimiento popular oaxaqueño.

Declaración, por un gobierno de nuevo tipo

Millares de campesinos de los Valles Centrales, Zoogocho, San Antonino, Tuxtepec y la Sierra Norte han arribado a esta ciudad para reforzar los más de 20 plantones que el magisterio y la APPO sostienen ante dependencias de gobierno. Esto disuadió a la policía de desalojar el canal 9, a lo cual se aprestaba anoche.

En tanto, se dio a conocer la Declaración del pueblo de Oaxaca, firmada por autoridades municipales, comunales, agrarias y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la APPO. Ante "la acción impune" de Ulises Ruiz, "responsable directo de la ingobernabilidad" -afirman-, nos rebelamos porque ya no queremos un gobierno que maneje los recursos del pueblo en beneficio de un sector privilegiado. No queremos instituciones que no cumplen con su cometido, ni más discursos con palabras vacías, respaldados en el cinismo y la mentira".

Aseguran que desde 2004 se han incrementado los asesinatos políticos, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión. "No hay transparencia ni rendición de cuentas. Se privilegia la simulación en la asignación de la obra pública para favorecer a empresas de familiares y gente cercana al gobernador, y los programas sociales son utilizados con propósitos político-partidistas. Se atenta contra nuestras tradiciones, se comercializa nuestra cultura en forma burda e insultante, y se interviene abiertamente en los municipios y comunidades que no se pliegan a sus consignas."

Lo anterior "pone de manifiesto el estado de excepción de facto que vive nuestra entidad. El pueblo de Oaxaca se une, no sólo para exigir juicio político y la revocación de mandato del gobernador, sino para sentar las bases de los gobiernos que nos representen en el futuro". Los firmantes convocan a la elaboración de un programa político unitario, para "construir nuevas formas de conducción política". En suma, llaman a construir la democracia, la gobernabilidad y "una nueva Constitución".