Había sido beneficiado por leyes de impunidad; júbilo de familiares de víctimas
Condenan en primera instancia a 25 años de cárcel al torturador argentino Julio Simón
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Estela de Carlotto, presidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, y Patricia y Fernando Navarro Roa, familiares del chileno José Poblete Roa, desaparecido por la dictadura militar argentina, reciben en Buenos Aires con alegría el fallo de la justicia. A la derecha, el ex policía Julio Simón es escoltado en la Corte Federal, donde fue sentenciado por delitos contra los derechos humanos
Foto: Reuters y Afp
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**FILE** A former police Julian Simon, left, escorted by a police officer arrives to a Buenos Aires Federal Court June 28, 2006. Simon, was convicted of human rights abuses and sentenced to 25 years in prison Friday, Aug. 4, 2006, in connection with the 1978 abduction and disappearance of a Chilean man and his Argentine wife during the last military dictatorship. The sentence against Julio Simon, marked the first conviction since 1980s amnesty laws were overturned last year by the Supreme Court. Human rights groups hailed the conviction as a victory and said it marked a step toward progress in obtaining justice after the 1976-83 dictatorship. (AP Photo/Rolando Andrade)
Foto: ROLANDO ANDRADE
Buenos Aires, 4 de agosto. En un día histórico para los derechos humanos, el ex policía Julio Simón, a quien sus víctimas conocieron como Turco Simón, fue condenado a 25 años de prisión en la primera sentencia que dictó la justicia luego de la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en junio de 2005.
Emocionados, cientos de familiares esperaron hoy esta condena y recibieron con júbilo y lágrimas la noticia de la sentencia, aunque los querellantes habían pedido 50 años y las familias de las víctimas en este caso exigían cadena perpetua.
Simón -autor de numerosos crímenes- fue uno de los beneficiados por las llamadas "leyes de impunidad" impuestas en los años 1986 y 1987, que dejaron sin castigo a responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983), que dejó de saldo 30 mil desaparecidos, miles de muertos y torturados y más de un millón de personas en el exilio.
Simón fue condenado por el secuestro, torturas y desaparición forzada, en noviembre de 1978, de Gertrudis Hlaczik y José Poblete Roa, así como por la apropiación de la hija de ambos, Claudia, quien entonces tenía apenas ocho meses.
Poblete era un joven chileno discapacitado; él y su esposa militaban en el peronismo revolucionario. Su hija fue entregada a un teniente coronel del ejército argentino y encontrada muchos años después por Abuelas de Plaza de Mayo.
Simón ya había sido arrestado porque las leyes nunca ampararon los crímenes contra menores, pero bajo el auspicio de organismos humanitarios y los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales se logró que en 2001 el juez Gabriel Cavallo resolviera, además, procesarlo por el secuestro del matrimonio Poblete.
Entonces dictó un fallo histórico en su momento declarando la invalidez y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por inconstitucionales y por violar los pactos internacionales suscritos por Argentina e incorporados a la Constitución Nacional de 1994.
El Turco Simón estuvo involucrado en 58 causas penales y en 1995, en una entrevista por televisión, confesó que el proyecto de la dictadura era "matar a todos" en la lucha anticomunista.
La fiscalía lo calificó hoy como "símbolo de lo que fue el terrorismo de Estado". Ligado a grupos nazis también fue acusado del secuestro de otro joven discapacitado, Gilberto Ponce, el 7 de diciembre de 1978.
Pero además deberá afrontar otros juicios: 145 denuncias por privaciones ilegítimas de la libertad y 47 casos de torturas.
La Cámara Federal hizo un señalamiento muy importante al considerar que las leyes de impunidad fueron impuestas bajo presión e incluso amenaza de golpes militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, (1983-1989) que sucedió a la dictadura.
En 2003, el presidente Néstor Kirchner envió al Congreso un proyecto para apresurar la derogación de estas leyes, que habían permitido a criminales y torturadores evadir la justicia. El Congreso también dio su veredicto positivo y abrió las puertas al paso final que fue el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, en junio de 2005.
La impunidad jurídica terminó y entonces fue posible reabrir las grandes causas, a la espera también de la derogación definitiva de los indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem en los años 89 y 90, que permitieron salir de prisión a los jefes de la dictadura (1976-1983) condenados en los históricos juicios a las juntas militares a mediados de los años 80.
Datos oficiales indican en estos días que la nulidad de ambas leyes permitió activar 959 causas penales y ya hay 211 militares y policías detenidos.
Más de mil responsables de estos delitos deberán pasar por la justicia, y en estos momentos se juzga también -y podría ser el segundo condenado después del fin de la impunidad- al ex comisario de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz.
Las audiencias públicas permitieron conocer los horrores cometidos en el centro clandestino de detención El Olimpo, llamado así porque los hombres que trabajaban allí hablaban de sí mismos como "los dioses de la vida y de la muerte".
Las audiencias han llevado a los tribunales orales a testigos y víctimas sobrevivientes y se han constituido en algo muy similar al juicio a las juntas militares.
También hoy se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del obispo de La Rioja Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto 1976, a quien rindió homenaje el presidente Néstor Kirchner, que apoya nuevas investigaciones sobre este crimen.