El plantón
La intensificación de las acciones de resistencia civil decididas por el movimiento en defensa de la democracia, convocado por Andrés Manuel López Obrador, y la multiplicación de evidencias del fraude electoral del 2 de julio, están llevando al gobierno foxista a endurecer sus campañas de difamación en los medios y a emitir nuevas amenazas, llevando al país a una creciente tensión que puede conducir a una grave crisis política.
1. Los 2 millones de mexicanos que se manifestaron el 16 de julio en la capital de la república, exigiendo en la movilización social más importante de la historia política de México respeto a la voluntad ciudadana y detener la tentativa de fraude en la elección presidencial contándose "voto por voto" y "casilla por casilla", evidenciaron la indignación creciente de amplios sectores ante la pretensión del gobierno de Fox de imponer a Felipe Calderón en la silla presidencial, y mandaron a éstos un mensaje contundente que, como señaló Elena Poniatowska en las palabras pronunciadas en la Plaza de la Constitución, se podría sintetizar en: "No nos vamos a dejar".
2. Las elecciones constituyen la más alta manifestación de la soberanía de un pueblo en un régimen democrático y representativo, y el descomunal fraude electoral de 2006, concebido, preparado y ejecutado por el gobierno de Fox en nombre de los intereses de una minoría que se ha apropiado ilícitamente de los recursos de la nación, constituye un atentado gravísimo contra la soberanía nacional.
3. El fraude no es nada más un simple operativo de Estado instrumentado por grupos oligárquicos para impedir que López Obrador, quien ganó legítimamente la elección, llegue a Palacio Nacional. Es un intento por impedir que el pueblo haga valer su voluntad soberana y logre darse el gobierno que mayoritariamente desea. Y en la medida en que se trata de un atentado dirigido contra el pueblo por un poder oligárquico que transgrede de manera cínica la legalidad, el propio pueblo tiene derecho legítimo e inalienable a reaccionar por todos los medios a su alcance: desde la resistencia civil hasta la revolución.
4. La decisión que tomó el movimiento el domingo 30 de instalarse en asamblea permanente e intensificar las acciones de resistencia civil pacífica en demanda del recuento de votos, instalando 47 campamentos de la democracia en el Zócalo y a lo largo de Madero, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, y de instrumentar un boicot a productos de empresarios fascistoides que han atentado contra la democracia y el orden legal -Sabritas, Bimbo, Wal- Mart-, es la única respuesta posible. El fraude electoral que Fox intenta consumar es un acto de prepotencia de la oligarquía y de desprecio a los mexicanos, pero en lo político se puede entender como una tentativa de golpe de Estado, cuyos objetivos están muy claros.
5. Las voces de aquellos que se oponen a las movilizaciones y al enorme campamento parecen olvidar la gravedad de la situación a la que han llevado a México los grupos oligárquicos que, violando el orden jurídico de la República, tratan de imponer el fraude a fin de poder seguir controlando el poder estatal para satisfacer intereses particulares y, en contra de lo establecido por la Constitución, seguir cancelando derechos a los mexicanos y acelerar el desmantelamiento de la nación. Y desconocen también que los teóricos de la resistencia civil, al reconocer que ésta no puede estar constituida sino por una serie de actos de transgresión al orden establecido, insisten en que ésta siempre es parte de un "deber moral".
6. Los 60 académicos y artistas salinistas, encabezados por Jorge G. Castañeda, José Woldenberg, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, que hicieron pública una carta en la que sugieren que la actual "crispación" ha sido generada por la coalición Por el Bien de Todos y que sostienen que no encuentran evidencias de fraude maquinado (Reforma, 3/8/06), carecen de argumentos y no logran, en el triste papel que asumen, sino hacer más patente su desprecio al pueblo de México y su corrupción, pues los hechos están a la vista y no se pueden ocultar. El país ha vivido en los últimos tres años un clima de violencia política generalizado -generado desde Los Pinos por Fox y sus asesores para impedir que López Obrador llegue a la Presidencia-, acentuado por los actos fraudulentos cometidos contra el pueblo antes, durante y después de la jornada electoral, que evidencian la dimensión del operativo de Estado.
7. El fraude en la elección presidencial de 2006 no es una presunción, una percepción o una creencia, como sostienen Televisa, estos académicos y otros voceros del poder. Las evidencias del fraude de Estado son descomunales y no las ve quien no las quiere ver: desde las intervenciones descaradas de Fox contra López Obrador en la campaña, la utilización de recursos públicos para favorecer a Calderón, la compraventa de votos con programas de asistencia social, la guerra sucia o el uso de recursos ilícitos, hasta el rasuramiento del padrón y las prácticas mapachescas el día de la jornada electoral en estados controlados por gobernadores panistas (Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Morelos) o priístas antimadracistas (Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua) o por las huestes de Elba Esther Gordillo, que dieron los resultados más inverosímiles por la anulación de votos para AMLO y la inyección de votos inexistentes para Calderón: un operativo que no podría entenderse si no hubiese sido coordinado y encubierto por el gobierno federal.
8. La actuación delictiva de Luis Carlos Ugalde y de los ocho consejeros electorales, fungiendo como cómplices de Fox y Calderón al tolerar sus violaciones al orden constitucional y legal a lo largo de la campaña, y cometiendo nuevos ilícitos durante y después de la jornada electoral, no se hubiesen llevado a cabo si no fuese dentro de un magno operativo de Estado, garantizado por el gobierno federal y encubierto por Los Pinos, la PGR, Gobernación y el propio IFE. La falsificación del PREP, la presentación de un falso conteo el miércoles 5, la alteración y encubrimiento de actas, la apertura ilegal de paquetes electorales son algunas acciones de estos individuos a los que el gobierno foxista les ha prometido absoluta impunidad, al igual que a las televisoras.
9. Calderón, quien perdió, como él bien sabe y por eso actúa con enorme inseguridad, conoce que todas las prácticas a las que recurrió para trampear los resultados constituyen causales gravísimas que permitirán que el TEPJF anule su votación y reconozca el triunfo de López Obrador, y por eso busca con desesperación legitimarse por otros medios y, según se ha filtrado, está ofreciendo carteras en su hipotético gobierno a Beatriz Paredes (PRI), Lázaro Cárdenas Batel (PRD) y Roberto Campa (Panal) y ofreciendo negocios a grupos empresariales, evidenciando su desprecio por el TEPJF.
10. El pueblo está reivindicando su derecho de reaccionar frente a la tentativa de fraude con acciones de resistencia civil cada vez más radicales, y el mensaje que envía es muy claro: "No nos vamos a dejar".