Sostiene que son deficientes las impugnaciones de la coalición Por el Bien de Todos
El recuento voto por voto es poco viable, considera el ex consejero José Barragán
Señala que los miembros del IFE tienen que asumir su responsabilidad en el conflicto
"Deben renunciar, porque con su actitud se sembró la duda" sobre los resultados, afirma
Ampliar la imagen En imagen de archivo, el ex consejero del IFE José Barragán Foto: Jesús Villaseca
Aunque a lo largo del proceso electoral ocurrieron sucesos "graves" que pueden ser considerados "delitos electorales", como la participación abierta del presidente Vicente Fox en la campaña panista, o la propaganda negativa de empresarios contra Andrés Manuel López Obrador, si en su momento los incidentes no fueron "hechos valer jurídicamente" difícilmente se puede pensar en que los agravios puedan pesar ahora, cuando se calificará la elección presidencial, sostiene el ex consejero electoral José Barragán.
Advierte que a la luz de los pocos escritos de protesta que se entregaron, el mismo destino podría tener la impugnación al cómputo en las casillas, tema en el cual se cuestiona que hubo error o dolo.
Subraya que se impugnaron muy pocas casillas, por lo que existe constancia de que, en su momento, no se cuestionó el cómputo distrital, sino hasta después, sólo que en este caso el margen de acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reduce sustancialmente.
En entrevista, Barragán subraya que la jornada electoral, en sí misma, fue exitosa, salvo por el comportamiento de los consejeros electorales esa noche y los días subsiguientes: "El manejo del Programa de Resultados Electorales Preliminares y del conteo rápido son de la mayor gravedad, porque fueron el origen de todas las dudas que se generaron en torno al proceso y echaron abajo al Instituto Federal Electoral".
Y añade: "Los consejeros no supieron responder políticamente a la situación y terminaron engañando a la gente. A lo mejor a nosotros nos hubiera pasado lo mismo con un resultado tan estrecho, quizá estadísticamente pueda explicarse, pero políticamente resultó fatal. Hay que asumir esa responsabilidad. A mí me parece que tienen que responder políticamente, porque son responsables de esta situación. Deberían renunciar, porque con su actitud se sembró la duda, son responsables en gran parte del origen de todo este conflicto".
A su juicio, sobre la errática forma de explicar la situación la noche del 2 de julio y los días subsecuentes "no se debería hablar tanto de culpa de los consejeros, pero sí de omisión, de falta de desempeño, lo cual generó una gran desconfianza y provocó la idea de que había fraude".
-¿Es viable la demanda de contar voto por voto? -se le pregunta.
-El tribunal tiene la facultad para ordenarlo, pero no se hará porque trabajaron mal los abogados de la coalición Por el Bien de Todos.
-Pero se habla de que hay 50 mil actas con inconsistencias -responde.
-Si no las protesté en su momento, es mi dicho, nada más, y legalmente no vale nada. Puede que sí, que esas 50 mil actas tengan inconsistencias, pero no consta en las actas que en su momento hubiera inconformidad con el cómputo. Los abogados de la coalición debieron prever eso desde el principio.
-Se habla de la necesidad de dar certeza a la elección y por ello es la demanda del nuevo cómputo.
-Hay dos clases de certeza: la matemática y la jurídica. Lo normal es que vayan juntas las dos, y por eso, cuando no se está de acuerdo con los números, se protesta, porque no hay certeza matemática. Sin embargo, cuando no hay actas protestadas -porque para eso tengo representantes de casillas- es que hay certeza jurídica y matemática.
-Sin embargo, la coalición señala que hay errores en los cómputos...
-Pero en su momento no se protestaron.
-¿El tribunal no puede actuar en aras de la certeza?
-En absoluto. El tribunal es de ley, trabaja sobre principios jurídicos que están sujetos a normas. Si no hice valerlos en su momento, el tribunal no los toma en cuenta.
Para este especialista, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin la firma bajo protesta por mal conteo en casillas específicas, o en muchas o todas, no es viable el recuento.
"El tribunal puede hacer lo que en su momento protestaste, y si lo hiciste en las 130 mil casillas, pues tendrá que abrir las 130 mil casillas, pero como el día de la jornada se presentaron muy pocos escritos, el resto de las casillas están consentidas, y están las firmas de aval, que son buenas para todos los efectos legales. Esas no se abrieron ni se abrirán porque no están impugnadas; están consentidas.
-¿Entonces qué tan viable es la demanda del recuento voto por voto?
-El tribunal tiene la facultad, pero no se hará porque trabajaron mal los abogados de la coalición. No hay que echarle la culpa a millones de mexicanos que participaron en la elección, que fue exitosa por el número de personas que votaron, porque no se suscitaron incidentes, y eso consta en las actas que fueron firmadas.
-¿Qué pasa con las actas presentadas por la coalición, en las cuales hay inconsistencias? Hablan de que son pruebas "supervenientes".
-Para efectos de cómputo no, el tiempo del cómputo ya pasó. No hay dos cómputos, sólo uno en la casilla. Si lo impugnas allí, puede llegar al tribunal, como ha pasado varias veces, pero en caso contrario no. Es preciso que no se confunda: el órgano puede acceder, pero hay que pedirlo correctamente.
El ex consejero concede que puede haber un problema de legalidad que ahora no convence a algunos; "puede ser, entonces cambiemos la ley, pero para el próximo proceso, porque en este las reglas ya están pactadas".
Barragán sostiene lo mismo para el caso de algunas de las irregularidades incorporadas para argumentar la nulidad por causal abstracta: "Es lo mismo que debió haber sucedido, por ejemplo, con la intervención de Fox. Presentar un recurso en su momento o, en el último de los casos, protestar en las casillas el día de la jornada electoral por esta causa".
Sin duda, añade, en la precampaña y en la campaña hubo mucha injerencia de gobernantes, "la principal de ellas fue la del Presidente, porque permanentemente se le vio en campaña". Eso está estrictamente prohibido por la ley y por ello podría caer en el supuesto de un delito electoral que, de haberse hecho valer jurídicamente en su momento, pudiera hacer viable la nulidad por esta causa, pero no se hizo, insiste.
El caso de los empresarios es similar, porque está prohibida su participación, y más contratar propaganda en favor de un partido o candidato, o bien que sea en contra. "Es también un elemento de la mayor gravedad, como lo es la participación del Presidente, pero todo esto sucedió antes de la jornada electoral. El 2 de julio, en mi opinión, fue una jornada exitosa", concluye.