Editorial
Represión, no
Con el telón de fondo de la exasperación de miles de capitalinos por el cierre de tres importantes vialidades el Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Francisco I. Madero por el movimiento en demanda de un recuento total de las boletas emitidas en los comicios del pasado 2 de julio, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, "exhortó" ayer al jefe de Gobierno de la ciudad, Alejandro Encinas, a "garantizar el orden y las libertades de todos los ciudadanos, a propósito del bloqueo ilegal" de tales calles.
Desde que el domingo pasado se inició la instalación de los campamentos en las vialidades, inmediatamente después de terminada la tercera asamblea informativa del movimiento, en la que se dieron cita más de 2 millones de ciudadanos, la acción de resistencia civil ha generado desacuerdos sensatos y atendibles, pero también irresponsables exigencias de que los manifestantes sean desalojados por la fuerza. Algún membrete empresarial ha llamado incluso a desestabilizar al Gobierno del Distrito Federal, se ha pedido juicio político para Encinas y el cese del secretario capitalino de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, con el argumento de que éste ha incumplido su función al negarse a desmantelar los campamentos de manera violenta.
No es correcto minimizar el impacto negativo algo más que una mera molestia que los bloqueos causan a muchos habitantes de la ciudad, pero tampoco hay razón para ver en los plantones un problema de seguridad pública, para considerar delincuentes a quienes demandan un recuento honesto y transparente de los sufragios y mucho menos para sugerir o exigir que se reprima a quienes se encuentran en los campamentos. La pretensión de reducir un problema político de dimensiones nacionales y de trascendencia histórica a un asunto policial es, esa sí, un peligro para la institucionalidad, la armonía y la paz en toda la nación. En efecto, el recurso a la fuerza del Estado ante los bloqueos viales en el Paseo de la Reforma tendría como perspectiva inevitable un Atenco exponenciado en el corazón del país, si no es que un nuevo 2 de octubre, como broche de cierre del gobierno saliente, y una mancha sangrienta como arranque de la administración entrante, sea quien sea el que vaya a encabezarla, si es que pudiera conformarse un gobierno sobre semejante base.
Las personas que se ven afectadas en sus trayectos y en sus ocupaciones laborales, los establecimientos que ven reducidas sus ventas por efecto de los bloqueos viales, tienen sobrada razón. Pero la tienen, también, quienes exigen un recuento limpio y honesto de los sufragios emitidos en una elección bajo sospecha, realizada en medio de campañas de terror, con la intromisión del gobierno federal en los procesos comiciales y manchada, para colmo, por la parcialidad, la ineptitud y la sospechosa incoherencia de las autoridades del Instituto Federal Electoral. En ese sentido, es importante considerar que fue el segundo día de julio, y no el 30 de ese mismo mes, cuando se perpetró el mayor quebranto a la institucionalidad y a la convivencia democrática en el país. Los campamentos lopezobradoristas son consecuencia, y no causa, de ese quebranto.
Es imperativo, en la circunstancia actual, conciliar ambas razones por medio del diálogo y la negociación. En vez de descabezar al gobierno capitalino, como lo piden algunas voces delirantes, hay que dejarlo que haga su tarea en este sentido con el fin de que se atenúen o se minimicen los contratiempos, severos, sí, que padecen muchos ciudadanos a causa del cierre de avenidas a la circulación vehicular.
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le corresponde, por su parte, desactivar la confrontación política entre la coalición Por el Bien de Todos y el grupo en el poder gobierno federal, Consejo General del IFE, cúpulas empresariales y Acción Nacional de la única manera posible: esclareciendo en forma satisfactoria y convincente el veredicto popular del pasado 2 de julio, que ha sido enturbiado por las torpezas y las trapacerías de los funcionarios electorales.
Si se pretende mantener la paz social y reducir la polarización, es imprescindible actuar con madurez, contención y sentido cívico. Es deseable que las autoridades tengan meridianamente clara la imposibilidad de resolver el conflicto poselectoral y poner fin al movimiento de resistencia civil mediante la represión. Con essto último sólo se lograría crear un problema infinitamente mayor, y mucho más funesto, que el que afecta hoy en día al país.