Los ex funcionarios están implicados en el desvío de mil millones de pesos
Tardó PGR un lustro en citar a declarar a varios defraudadores de la Conaliteg
Ex secretario particular de Ernesto Zedillo, uno de los principales indiciados
Luego de cinco años, la Procuraduría General de la República (PGR) citó para que declaren en calidad de indiciados por su presunta responsabilidad en un desvío de recursos por más de mil millones de pesos a ex funcionarios de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), entre ellos Miguel Antonio Meza Estrada, quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo durante su gestión como secretario de Educación Pública.
De acuerdo con datos contenidos en la averiguación previa 91/UEIDCSPSAJ/06-III, que integra la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en los días recientes han comparecido ministerialmente Humberto Blanco Pedrero, ex director de la Conaliteg, y siete ex funcionarios más, y este martes lo hará Meza Estrada, ex cónsul de México en varias ciudades de Estados Unidos.
Según la investigación que hasta mediados de 2005 estaba a cargo de Carlos Javier Vega Memije, ex subprocurador de Delitos Federales, anualmente, de 1994 a 2000, se desviaron por lo menos 400 millones de pesos, al pagar sobreprecios en la impresión de libros de texto gratuitos.
La indagatoria refiere que durante las gestiones de Meza Estrada y Blanco Pedrero, cuatro empresas trasnacionales concentraban 70 por ciento de los contratos para la producción de textos y tan sólo dos de ellas controlaban 50 por ciento de los acuerdos comerciales.
Los pasados 27 y 28 de julio debieron comparecer Pedro Reynaldo Rodríguez Vázquez, Sergio Gaxiola Fajardo, Ramón Aguilar Guerrero, Rubén Franco Recorder, Pedro Javier Herrera Arias, Herón Héctor Carrillo Poblano y Efrén Barojas Gutiérrez, algunos de los cuales fungieron durante la administración del presidente Ernesto Zedillo como directores de la Conaliteg, o bien encargados de servicios materiales, editoriales del órgano de control interno (auditoría), entre otros cargos.
Según las investigaciones ministeriales, durante los años 1994 a 2000, los encargados de la Conaliteg llegaron a pagar hasta 11 pesos por ejemplar, cuando el costo promedio debía ser de 9.42 pesos.
Como ejemplo, la Conaliteg ha logrado demostrar ante el Ministerio Público federal que tan sólo la impresión del libro de español, Lecturas, de segundo grado, en 1999 tuvo un costo al erario de 11.71 pesos por ejemplar, en tanto que el costo real era de 6.15 pesos.
De acuerdo con los datos contenidos en la averiguación previa, la Conaliteg pagó por la impresión de 3 millones 207 mil 200 ejemplares de ese texto, 37 millones 562 mil 726.40 pesos, cuando lo que debió haberse pagado eran 20 millones 712 mil 97 pesos.
La estimación ministerial refiere que en tan sólo la impresión de ese texto de español en 1999, derivó el pago ilícito de 16 millones 850 mil 628 pesos.
En gran medida, además de la adjudicación directa e ilegal de los contratos de prestación de servicios, el secreto en el desvío de recursos del erario estuvo en el establecimiento de sobreprecios en los costos de papel, la maquila y el tiro (impresión).
Todo lo anterior, debido a que la capacidad de la Conaliteg es para producir apenas 8 por ciento de los libros requeridos por el gobierno para proporcionar los textos gratuitos de nivel primaria y secundaria a los estudiantes mexicanos.
Para la PGR, las empresas beneficiadas por los directivos de la Conaliteg fueron Magnograf, Offset Multicolor y Ultra, a pesar de que no ofrecían los mejores precios.
Adicionalmente, la Conaliteg también se vio afectada en su patrimonio, ya que entregaba a esas empresas, anualmente y de manera gratuita, 3 mil 500 toneladas de papel.
Las anomalías, que fueron denunciadas desde junio de 2001, también fueron corroboradas por la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ya que mediante la aplicación de auditorías, detectó actos ilícitos en las licitaciones para la adjudicación de contratos, convenios para servicios de transporte inexistentes o a precios muy altos y entrega incompleta de libros o en mal estado.